FBI MATA A UN MUSULMAN EN ESTADOS UNIDOS

Marruecos.Tras el 11 M, determinados aparatos del Estado llegan a la conclusión de que no existe posibilidad de hacer ‘inteligencia’ suficientemente eficaz al menos, con la información que se dispone de las actividades islamistas en España. Se inicia una dinámica de apoyo económico a asociaciones, mezquitas y colectivos que, individualmente no es muy importante, pero que en principio parece dar resultado. Con esas ayudas se comienza a disponer de una mayor información de personas, ubicaciones de mezquitas, actividades… En esa estrategia ha jugado un papel protagonista la Fundación Pluralismo y Convivencia, queriendo o no sus dirigentes. Es una institución vinculada al Ministerio de Justicia.Paralelamente a estas actividades miembros del CNI –en Murcia esto ha sido muy evidente- han estado relacionándose con personas vinculadas a los colectivos financiados, y de entre sus filas han hallado algunos informadores, muchas veces más interesados en lograr gestiones administrativas particulares, que en ayudar de verdad al estado español. Este tipo de actividades por parte de la Seguridad del Estado, incluso, provocó la picardía entre destacados miembros de movimientos, por ejemplo, Justicia y Espiritualidad, que han creado asociaciones casi ficticias para obtener ayudas.Estas actividades y movimientos de determinados responsables o activistas, especialmente en la Región de Murcia, son conocidas por Interior, a través del CNI y de otros servicios. ¿Es posible una acción policial, aunque esta fuera preventiva?, pues en apariencia habría elementos suficientes para dar paso a una investigación judicial en toda regla; aunque esta opción, al menos en principio, sería más efectista que efectiva. Si bien podrían ‘desmembrarse’ temporalmente a algunos líderes de ciertos movimientos, así como desactivar parte de su actividad económica, la consecuencia última sería que tales movimientos extremarían aun más las ‘medidas de seguridad’. Estos colectivos, tras una apariencia más o menos pública, desarrollan su actividad proselitista de manera bastante opaca. En definitiva, a fecha de hoy y en esta Región, como en otras, existe la posibilidad de judicializar asuntos, pero las consecuencias o los efectos podrían ser perversos desde el punto de vista de la posible información y de la potencial ‘inteligencia’ que pudiera elaborarse con ella.A todo esto habría que añadir a las consecuencias de una judicialización temprana de ciertos asuntos es que, incluso políticos y funcionarios o personal al servicio de las administraciones públicas tendrían que dar explicaciones sobre el dinero que se ha facilitado, en concepto de qué, las subvenciones y la justificación real de las mismas, adjudicaciones de gestión de servicios sin concursos públicos y así algunas cuestiones más que han llegado a irritar, con razón, a las Fuerzas de Seguridad del Estado.Este reportaje y análisis, elaborado desde el mes de mayo, ha implicado la captura de información mediante entrevistas encubiertas en el Sur de Francia y en Roma; de ahí que, aunque sólo sea por ilustrar al lector cómo se desarrollan esos contactos, introducimos un breve resumen de cómo logramos un encuentro que resultó bastante ilustrativo con un islamista radical junto a la Gran Mezquita de Roma. Se trata de alguien conocido en nuestra Región y al que se le perdió la pista tiempo atrás. En Roma se hace acompañar de una especie de guardaespaldas, muy circunspecto, pero al que conseguimos fotografiar a distancia durante la reunión.A modo de premisa podemos afirmar que, si el que fuera presidente Aznar, reconoció que “bajamos la guardia”, hay que denunciar que pese a refuerzos importantes tras el 11-M, en la actualidad se vive un periodo un tanto ‘extraño’. Salvo determinados niveles operativos, lo cierto es que la información que disponemos de los servicios policiales, desde Cataluña hasta Cádiz, es que faltan medios humanos y materiales y, sobre todo, una reforma legislativa que amplíe el espectro de actuación de las Fuerzas de Seguridad mediante las debidas garantías jurídicas.