Presuntos Vínculos de los Zetas con el Ministro del Interior de México, una Carga para el Nuevo Gobierno
miguel Osorio Chong, nuevo ministro del interior de México
- Escrito por Geoffrey Ramsey
- Jueves, 13 Diciembre 2012
miguel Osorio Chong, nuevo ministro del interior de México
Como ministro del interior de México, se espera que Miguel Osorio Chong ayude a dirigir los esfuerzos del gobierno en contra del crimen organizado, pero las acusaciones de presuntos vínculos con los Zetas durante el tiempo que estuvo como gobernador del estado de Hidalgo, podrían representar una importante carga para la nueva administración.
El recién electo presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo el 1 de diciembre, nombrando a Osorio Chong, un político miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como su ministro del interior. El cargo tiene una enorme importancia en el país, y la persona que lo tenga es considerada como el miembro más importante del gabinete del presidente. El ministro del interior mexicano tiene la tarea de ocuparse de los asuntos internos, presentando proyectos de ley al Congreso y sirviendo como un portavoz en asuntos de seguridad nacional.
El funcionario también es el máximo jefe de la principal agencia de inteligencia del país: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), una división del Ministro del Interior. El anterior Ministro del Interior, Alejandro Poiré, tuvo la reputación de ser un dedicado defensor del enfoque beligerante del ex presidente en contra de las organizaciones narcotraficantes, y fue uno de los lugarttenientes más visibles en la “guerra contra las drogas” de Calderón.
Peña Nieto se ha comprometido a seguir en gran parte con las políticas de seguridad de su antecesor, pero se duda si Osorio Chong podrá desempeñar este mismo papel para el nuevo presidente. Osorio Chong, quien se desempeñó como gobernador del estado de Hidalgo al mismo tiempo que Peña Nieto era el gobernador del estado de México (2005-2011), enfrentó reiteradas acusaciones durante su periodo acerca de que tenía vínculos con el crimen organizado en Hidalgo, particularmente con el grupo criminal dominante allí, los Zetas.
En 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación preliminar sobre las declaraciones de que Osorio Chong, junto con varios miembros de su administración y otras élites políticas de Hidalgo, habían recibido pagos del líder de los Zetas, nativo de Hidalgo, Heriberto Lazcano Lazcano, alias "Z-3." Según las acusaciones, los funcionarios aceptaron sobornos del jefe de los Zetas a cambio de una licencia para operar con relativa impunidad. Añadiendo peso a estas declaraciones está el hecho de que se cree que el grupo expandió significativamente su presencia en Hidalgo bajo la administración de Osorio Chong, penetrando profundamente la fuerza policial del estado. Osorio Chong negó enérgicamente cualquier vínculo con las organizaciones narcotraficantes, y en 2011, justo antes de que él dejara el cargo de gobernador, la PGR lo exoneró luego de una investigación preliminar.
En mayo, el sitio de noticias Reporte Indigo informó que según copias de extractos bancarios, los dos hermanos de Osorio Chong, Luis y Eduardo, habían transferido cerca de USD$8 millones a fondos sospechosos – una cantidad que no puede explicarse con sus ingresos legales – en cuentas bancarias de HSBC en Panamá, en el transcurso de un año. Osorio Chong nuevamente rechazó esta acusación como un intento por manchar su reputación, y los funcionarios del banco negaron la existencia de los números de cuenta señalados en el informe. La PGR exoneró a los hermanos de Osorio Chong en julio, alegando tener pruebas insuficientes.
Sin embargo, el hecho de que HSBC estuviera bajo investigación en ese momento por facilitar el lavado de dinero de los carteles de la droga mexicanos, pone en duda la declaración emitida por el banco. Como informó InSight Crime, los laxos controles de HSBC permitieron a los carteles de la droga mexicanos lavar miles de millones de dólares, con la transferencia de dinero a los Estados Unidos. El banco probablemente sólo escapó de los cargos criminales debido a preocupaciones de que esto afectaría la economía de Estados Unidos, y se vio obligado a pagar una indemnización de USD$1.9 millones en su lugar.
Las acusaciones en contra de Osorio Chong y su familia no han ido más allá de las investigaciones preliminares, y actualmente no hay cargos contra él. Sin embargo, se remontan a las actividades del PRI durante su auge en el poder, marcadas por el clientelismo y acuerdos de “puerta trasera” con las organizaciones narcotraficantes. Los analistas y los políticos de la oposición ya han acusado al PRI de considerar un “pacto” con los carteles de la droga, con el fin de detener la violencia en el país. Si sale a la luz más pruebas sobre dichas actividades, sin duda perjudicará los esfuerzos de Peña Nieto por mostrarse a sí mismo como una cara nueva de un partido democrático moderno, del siglo 21.
El funcionario también es el máximo jefe de la principal agencia de inteligencia del país: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), una división del Ministro del Interior. El anterior Ministro del Interior, Alejandro Poiré, tuvo la reputación de ser un dedicado defensor del enfoque beligerante del ex presidente en contra de las organizaciones narcotraficantes, y fue uno de los lugarttenientes más visibles en la “guerra contra las drogas” de Calderón.
Peña Nieto se ha comprometido a seguir en gran parte con las políticas de seguridad de su antecesor, pero se duda si Osorio Chong podrá desempeñar este mismo papel para el nuevo presidente. Osorio Chong, quien se desempeñó como gobernador del estado de Hidalgo al mismo tiempo que Peña Nieto era el gobernador del estado de México (2005-2011), enfrentó reiteradas acusaciones durante su periodo acerca de que tenía vínculos con el crimen organizado en Hidalgo, particularmente con el grupo criminal dominante allí, los Zetas.
En 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación preliminar sobre las declaraciones de que Osorio Chong, junto con varios miembros de su administración y otras élites políticas de Hidalgo, habían recibido pagos del líder de los Zetas, nativo de Hidalgo, Heriberto Lazcano Lazcano, alias "Z-3." Según las acusaciones, los funcionarios aceptaron sobornos del jefe de los Zetas a cambio de una licencia para operar con relativa impunidad. Añadiendo peso a estas declaraciones está el hecho de que se cree que el grupo expandió significativamente su presencia en Hidalgo bajo la administración de Osorio Chong, penetrando profundamente la fuerza policial del estado. Osorio Chong negó enérgicamente cualquier vínculo con las organizaciones narcotraficantes, y en 2011, justo antes de que él dejara el cargo de gobernador, la PGR lo exoneró luego de una investigación preliminar.
En mayo, el sitio de noticias Reporte Indigo informó que según copias de extractos bancarios, los dos hermanos de Osorio Chong, Luis y Eduardo, habían transferido cerca de USD$8 millones a fondos sospechosos – una cantidad que no puede explicarse con sus ingresos legales – en cuentas bancarias de HSBC en Panamá, en el transcurso de un año. Osorio Chong nuevamente rechazó esta acusación como un intento por manchar su reputación, y los funcionarios del banco negaron la existencia de los números de cuenta señalados en el informe. La PGR exoneró a los hermanos de Osorio Chong en julio, alegando tener pruebas insuficientes.
Sin embargo, el hecho de que HSBC estuviera bajo investigación en ese momento por facilitar el lavado de dinero de los carteles de la droga mexicanos, pone en duda la declaración emitida por el banco. Como informó InSight Crime, los laxos controles de HSBC permitieron a los carteles de la droga mexicanos lavar miles de millones de dólares, con la transferencia de dinero a los Estados Unidos. El banco probablemente sólo escapó de los cargos criminales debido a preocupaciones de que esto afectaría la economía de Estados Unidos, y se vio obligado a pagar una indemnización de USD$1.9 millones en su lugar.
Las acusaciones en contra de Osorio Chong y su familia no han ido más allá de las investigaciones preliminares, y actualmente no hay cargos contra él. Sin embargo, se remontan a las actividades del PRI durante su auge en el poder, marcadas por el clientelismo y acuerdos de “puerta trasera” con las organizaciones narcotraficantes. Los analistas y los políticos de la oposición ya han acusado al PRI de considerar un “pacto” con los carteles de la droga, con el fin de detener la violencia en el país. Si sale a la luz más pruebas sobre dichas actividades, sin duda perjudicará los esfuerzos de Peña Nieto por mostrarse a sí mismo como una cara nueva de un partido democrático moderno, del siglo 21.
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