La política de drogas en México
México, D.F., 1 de octubre de 2013 (MPJD-Plataforma de política de drogas del MPJD)
¿Por qué es importante para el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad participar en el debate del cambio de legislación en materia de drogas y cuál es nuestra postura?
Durante el sexenio de Felipe Calderón se implementó un modelo de seguridad militarizado presentado como parte del combate mundial a las drogas y al narcotráfico, estrategia que ha llevado a que el periodo sea bautizado como “el sexenio de la muerte”, con más de 100 mil muertos y desaparecidos.
A diez meses del regreso del PRI al gobierno federal y a tres meses de las elecciones más violentas en la historia de México resulta evidente que no ha habido un cambio de fondo en la estrategia de seguridad. El modelo de combate al narcotráfico continúa, la guerra continúa. El gobierno entrante puede haber decidido ya no llamarle guerra, pero eso no significa que no lo sea. Según cifras de la base de datos de Lantia en los primeros seis meses del sexenio del presidente Peña Nieto se contabilizaron ocho mil 52 muertos, un promedio de 33 por día.
Dicha estrategia mantiene en la ilegalidad a un negocio de miles de millones de dólares y es precisamente esa condición de ilegalidad la que genera enormes márgenes de ganancia para quienes participan y favorece los altísimos índices de corrupción en todo el país, al mismo tiempo que concentra gran poder económico y militar en el narcotráfico, en lugar de enfocarlos en prevenir y castigar delitos como el secuestro, extorsión o tráfico de personas. Esto, sumado a la falta de legalidad vinculada a la estrategia de combate, ha llevado a un aumento de la corrupción y el abuso de poder. Incluyendo un sistema de extorsión policiaca que tiene como víctimas a los jóvenes usuarios de drogas.
El alza en la violencia vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como enemigos de la seguridad nacional genera una dinámica en la que el miedo es más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico.
Esta estrategia ha incluido la militarización del país en nombre de la seguridad nacional. Sin embargo, lejos de servir para reducir la violencia -en los lugares con mayor presencia del ejército es donde más denuncias de violaciones de derechos humanos se han presentado- sirve como mecanismo de control social y sobre los recursos naturales.
A la par, la precaria situación económica que viven miles de mexicanos, la falta de empleos y de oportunidades educativas, entre otras desventajas, alimentan al crimen organizado con mano de obra que no encuentra otra forma de subsistir.
La justificación oficial para la implementación de este modelo de seguridad es la aparente necesidad mundial de combatir a las drogas y a aquellos que las venden, hasta erradicar a ambos. Este discurso se ha construido sobre una compleja red de mitos y medias verdades sobre las drogas que las han caracterizado como sustancias peligrosas en sí mismas. Así se pretende alejarlas de la población, en lugar de construir y difundir información veraz sobre sus efectos, de modo que cada quien decida de manera libre e informada si las usa o no; como hemos hecho con miles de otras sustancias legales (muchas de las cuáles podrían considerarse más peligrosas que algunas sustancias ilegales si se les compara con los mismos indicadores).
El modelo prohibicionista tiene orígenes e intereses -políticos y económicos- en Estados Unidos. Por un lado, los esfuerzos conjuntos por combatir el narcotráfico, como la Iniciativa Mérida, son utilizados para firmar contratos millonarios con empresas armamentistas estadounidenses que proveen al ejército mexicano y, por otro, permiten la intervención del gobierno estadounidense en asuntos de seguridad nacional sin precedentes. En ese sentido, la guerra se ha vuelto la fuente de dinero, poder y hegemonía de Estados Unidos en el mundo.
Hay países consumidores, a los cuáles les toca combatir la demanda y países productores y distribuidores, como México a los cuales les ha quedado la tarea del combate al narcotráfico. Sin embargo, a nivel mundial estas políticas generan una diversidad de problemáticas tan graves que han puesto al mundo a cuestionar su validez y México no es la excepción.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha cruzado fronteras con su mensaje, sus caravanas y sus llamados a la justicia. En temas de políticas de drogas, hemos tenido mucho apoyo de organizaciones internacionales y sabemos que los ojos del mundo están puestos en México para ver cómo lidiar con la crisis de violencia. Varios países exploran actualmente alternativas en sus políticas. Celebramos su liderazgo y apoyamos su soberanía para decidir cuál es la mejor política para su contexto.
El ejemplo más reciente es Uruguay que ha decidido regular la marihuana para usos medicinales y recreativos. La propuesta de ley pasó en el Congreso y pronto irá al Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría y por eso esperan que pase fácilmente. Ésta fue impulsada por el presidente Mujica para disminuir el poder del crimen organizado, proteger a los usuarios de cannabis (para que no tengan que acudir al mercado negro) y generar recursos para programas de educación, salud e información. La iniciativa se creó después de la muerte de cuatro personas a manos del crimen organizado. Con sólo cuatro muertos, el país decidió tomar una ruta distinta. Ese ejemplo nos muestra lo que puede suceder cuando hay un compromiso serio con la seguridad humana y no se titubea ante los tratados internacionales o la reacción de los Estados Unidos.
Dentro de este contexto internacional y reconociendo la relación del tema con sus dos objetivos principales -verdad y justicia para las víctimas y cambio en la política de seguridad- el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha decidido participar del creciente debate, para lo cual creó en enero del año en curso la Plataforma de Política de Drogas.
En el MPJD entendemos que no hay soluciones inmediatas para resolver la situación de violencia, que es un trabajo largo y que requiere de soluciones integrales. Sin embargo, acompañado de programas educativos, de reconstrucción del tejido social, de mejora de las condiciones socioeconómicas del país y de seguridad humana, un nuevo modelo de política de drogas es un paso firme encaminado a atacar la estructura de violencia, a defender la soberanía nacional y a crear nuevas relaciones entre el gobierno y los ciudadanos de nuestro país. Cada país y cada región tendrán que diseñar su propia política de drogas respondiendo a las necesidades locales.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad considera que este nuevo modelo de política de drogas para México debe ser un modelo no prohibicionista que explore las diversas formas de regulación y sea responsable de:
1. Poner en el centro a las personas y su derecho a una vida digna;
2. Trasladar la política de drogas al área de políticas públicas de salud;
3. Basarse en información científica libre de prejuicios;
4. Respetar el derecho de las personas de gestionar su propio cuerpo;
5. Centrarse en modelos preventivos y de reducción de daños;
6. Tener un enfoque regional con perspectiva de derechos humanos, de género y de juventudes.
ATENTAMENTE
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
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