Fondo petrolero mexicano, más dadivoso que su par noruego
Credito:
“Todavía hay diferencias porque el Fondo (Petrolero) de Noruega se maneja mediante reglas muy severas para usar sólo un porcentaje muy pequeño en gasto público y éste es sólo de los intereses que se generan al invertir fuera del país”, explicó Rivas, “la inversión que se hace cada año es de máximo de 4.2% anual, el resto está para garantizar las pensiones de todos los noruegos”.
SANEAR LAS FINANZAS NACIONALES
La reforma plantea que conforme el gobierno establezca contratos con particulares o con las empresas productivas a su cargo (Petróleos Mexicanos, hasta ahora en el ramo
upstream de hidrocarburos), se buscará mantener un mínimo de 3% del PIB ahorrado en el fondo, aunque una vez que sus rendimientos superen 10% del PIB, el recurso pasará a manos de Tesorería para definir su destino.
“Otra diferencia fundamental es que los recursos del fondo noruego se invierten fuera del país, en proyectos productivos o fondos de inversión alrededor del mundo, lo que evita presiones inflacionarias dentro del Estado noruego, lo que fue una de las principales razones de su creación:
proporcionar salud a las finanzas nacionales que pueden sufrir desbalances con el exceso de capital del petróleo”, dijo el Presidente de la Cámara Nórdica de Comercio en México.
El tercer punto que enfatizó Sergio Rivas fueron las restricciones que tiene el fondo noruego para invertir, ya que no puede financiar proyectos que atenten en contra de la sustentabilidad de negocios o el pacto global por la paz (dejando fuera empresas armamentistas, tabacaleras y firmas que atenten contra la seguridad de sus trabajadores).
“No veo ninguna de estas restricciones aquí”, finalizó Sergio Rivas, destacando que la autonomía administrativa del fondo mexicano es un gran paso y su sólo diseño e implementación significa una de las mejores decisiones que haya podido tomar el gobierno mexicano.
Prioridades en asignación de los fondos petroleros:
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
- Contempla que si el ahorro sobrepasa 10% del PIB, los recursos van a Tesorería.
- El ahorro no puede ser menor de 3% del PIB del año anterior, aunque prevé transferencias, en orden de prioridad:
- Contraprestaciones a empresas operadoras en asignaciones y contratos.
- Fondos de estabilización de los ingresos petroleros a entidades federativas.
- Fondo de extracción de hidrocarburos, de investigación y sustentabilidad.
- Mantener ingresos petroleros por encima de 4.7% del PIB.
- Ahorro de largo plazo y si éste es superior a 3% del PIB del año anterior, se pueden hacer nuevas transferencias al fondo de pensión universal, proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación en renovables, a un vehículo de inversión en proyectos petroleros e inversiones en infraestructura nacional y becas de formación profesional.
Fondo Global de Pensiones del petróleo noruego
- Oscila en 680,000 millones de dólares, administrados por el Banco Central de Noruega.
- Es operado como instrumento financiero que otorga créditos fuera de Noruega, por lo que no contribuye a elevar la inflación de ese país.
- Anualmente sólo se puede gastar un máximo de 4.2% del fondo en rubros ajenos a las pensiones de toda la población (que es de apenas 5 millones de habitantes), que es la prioridad para este fondo, cuyos rendimientos por movimientos bursátiles no permiten que se reduzca su capital.
Contraprestaciones, en el foco
Preocupa a inversores legislación secundaria
La preocupación y ojos de los inversionistas internacionales están en cómo se van a construir las leyes secundarias de la reforma energética. Les interesa saber la manera en que van a establecer los pagos de derechos si hay proyectos petroleros exitosos, dijo José Antonio Prado Carranza, socio titular de energía de la firma de abogados Holland & Knight LLP.
“La legislación secundaria deberá delimitar en una forma atractiva y al mismo tiempo equitativa los riesgos y fórmulas para las distintas contraprestaciones a recibir y contribuciones a sufragar”, dijo.
La batalla más ríspida en las leyes secundarias será al definir el porcentaje de utilidad o de producción obtenida y las contraprestaciones que los privados deberán pagar como derechos una vez que se encuentren fuera del subsuelo bajo el régimen de licencias, expresó.
Este tema es independiente de la amplitud y flexibilidad que pueda haber sobre los modelos de contratación. No importa qué se entiende como contratos de servicios, utilidad o producción compartida y licencias; las leyes secundarias deben determinar las fórmulas para los pagos y contraprestaciones entre el Estado mexicano y las petroleras internacionales.
“No existe duda en esta ocasión de que esta norma es del más alto nivel y provocará una mayor seguridad y certeza jurídica a los inversionistas que decidan invertir y arriesgar sus capitales. La actual administración tendrá la responsabilidad de integrar y administrar los modelos constitucionales aprobados y una legislación secundaria que sirva para sacar provecho de la reforma constitucional e incentivar un mercado de hidrocarburos competitivo”, dijo. (Luis Carriles)
Normas deben ser equitativas: IP
Industria pide trato igual frente a sus pares foráneos
Para que la reforma energética beneficie a las empresas mexicanas y la generación de empleo, los industriales de la transformación demandaron al Congreso y las autoridades federales que en la conformación de las leyes y regulaciones secundarias no contemplen conceptos, cláusulas o letra “chiquita” que desplace en automático a las manufacturas de calidad mexicanas en cualquier contrato con particulares nacionales o extranjeros, licitaciones o asignaciones, adquisiciones, obras y proyectos de infraestructura (ductos, plataformas petroleras, otros).
Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó a El Economista que actualmente muchas de las constructoras privadas y entidades paraestatales, cuando ganan o ejecutan una licitación en nuestro país, subcontratan o arriendan o bien, rentan productos y servicios de origen extranjero y dejan de lado lo producido en México, en perjuicio del desarrollo de la industria y la generación de empleos.
“Muchas de estas constructoras y empresas paraestatales argumentan que compran o rentan equipos de procedencia extranjera porque no encuentran calidad o precios accesibles en los bienes que se producen en México; (sin embargo) en nuestro país, sí hay productos fabricados localmente de calidad y lo que sucede es que algunas constructoras o entidades paraestatales ya tienen sistemas establecidos para evadir a los productos de calidad hechos en México, a través de empresas que importan productos del extranjero”. (Lilia González)
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