Ebulá, Campeche:
Un pueblo maya despojado
por el suegro de Juan Camilo Mouriño
por el suegro de Juan Camilo Mouriño
Caballo y jinete con trompeta, conejo y pájaro. Guache, crayón y lápiz en una bolsa de papel estraza, 1962 |
Desde una capilla de aproximadamente dos metros cuadrados, hecha de madera y cartón encima de una pequeña lomita, con apenas dos bancas para sentarse, los pobladores llaman a una reunión. Volverán a contar su historia errante, el desalojo que el 13 de agosto de 2009 los aventó a estas tierras áridas, apenas 31 de las 596 hectáreas que les pertenecen.
Ebulá representa las complicidades de los gobernantes con los empresarios en Campeche, estado en el que unos y otros son la misma cosa. El empresario y contratista Eduardo Escalante, exsuegro del extinto Juan Camilo Mouriño (secretario de Gobernación de Felipe Calderón, muerto en un accidente aéreo), y padre de la actual presidenta municipal de Campeche, constructor de la obra pública y privada que impera en el estado, y destructor de quien obstaculice su camino, es el responsable del desalojo de esta comunidad de originalmente 70 familias que llegaron a este lugar hace más de 40 años.
A cuatro años del operativo con el que el empresario Escalante, en complicidad con el gobierno, les destruyó vivienda y pertenencias, los pobladores de Ebulá resisten y exigen que les sean devueltas. Pero hoy, a pesar del litigio agrario, un cerco se cierne sobre las tierras. No hay paso para ellos. Aquí se hace lo que dice Escalante.
En el desalojo “todo fue destrucción y caos... árboles tirados, láminas en el suelo, humo… y el azoro. Y la rabia asomando. Y la confusión y las narraciones atropelladas y el estado de choque en el que se encontraban algunos, algunas. La escena nos remitía, irremediablemente a Guatemala y la política de tierra arrasada en los tiempos de la guerra. Nos resultaba increíble ver esto en Campeche, en 2009. Éste era el tercer ataque contra San Antonio Ebulá y la destrucción era total. Todas, todos sabían quién era el agresor: Eduardo Escalante Escalante, suegro de Mouriño. Eso significa que contaba con toda la protección federal. Y contó con la complicidad estatal también”, narró en su momento el Equipo Indignación, centro de derechos humanos de la región que tomó el caso.
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La comunidad y el Equipo Indignación ofrecieron 26 pruebas que acreditaban ante el Ministerio Público de Campeche “que Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales”. Son pruebas que incriminan directamente a los dueños de la constructora Escalante del violento e ilegal desalojo, ya que existen fotografías, recortes periodísticos, y resolución de un amparo sobre el juicio agrario que prueban que estas tierras se encontraban aún en litigio. Hay también documentación de la escuela del Conafe, que funcionaba en el poblado, y el registro ante programas oficiales como Oportunidades. Es decir, aunque hayan querido borrar las huellas de su existencia para quedarse con sus tierras, el poblado tiene cómo probar su posesión desde 1968, año en que llegaron los primeros moradores.
Juan Antonio Euanchi, uno de los pobladores, relata que a las 31 hectáreas donde actualmente viven, llegaron el 24 de septiembre del 2009, “y a partir de ahí empezamos a lotear el terreno, a limpiarlo y hacerlo vivible, pero no hay tierra para trabajar ni para sembrar, por lo que todos tenemos que ir a buscar trabajo a la ciudad, algunos de jardineros, otros de sastres y pues de lo que encuentren”.
“En ese andar de estar asentados desde hace cuatro años, apenas este mes de octubre de 2013 nos reconocieron como poblado, pues a pesar del convenio con el gobierno, sólo nos reconocían como asentamiento irregular, sin documentos que avalaran la propiedad del terreno y por lo tanto sin derecho a servicios”, expone Euanchi.
En estos momentos, dice, “esperamos que vengan mejoras para nuestro poblado, al estar ya reconocidos, que lleguen los servicios elementales para vivir como un pueblo digno”. Pero lo más importante, insisten las mujeres del poblado, es “que nos regresen nuestras tierras porque aquí no se puede trabajar”.
Hace 20 años, los ebulenses iniciaron un juicio agrario para reglamentar las tierras que habitaban, pero hasta la fecha no hay resolución. “Todas las instituciones del Estado han fallado aquí y se han aliado para proteger al agresor”, advierte el Equipo Indignación.
Juan Francisco Villalobos, otro de los moradores en resistencia, insiste junto a sus compañeros en que la demanda actual en estos momentos es “que el gobierno federal nos devuelva las tierras que nos arrebataron, que nos las devuelvan porque nos pertenecen. Las 596 hectáreas”.
En 1988, 32 campesinos iniciaron la solicitud de las tierras ejidales de San Antonio Ebulá, a donde llegaron los primeros desde 1968. En 1989 volvieron a hacer una solicitud, pero, señala Villalobos, “las autoridades lo dejaron en el olvido”. En el 2009, finalmente, ganaron un amparo para que se repusieran el proceso de dotación de tierras. Pero nada ha servido, pues la ley en Campeche, aseguran, es la que dicta Escalante.
En las originales 596 hectáreas, los ebulenses trabajaban pequeñas parcelas de milpa, y las usaban también para recolectar. “Eran nuestro medio de subsistencia. Sin ellas no tenemos nada”, lamenta una de las mujeres del nuevo poblado, en el que apenas pueden tener unos cuantos árboles frutales.
“Ya no trabajamos en el campo. Ahora vamos a la ciudad, en sastrería, mantenimiento de jardines un día a la semana, vendemos leña, pero está prohibido que transportemos nuestra leña. No sabemos entonces de qué podemos vivir, pues no tenemos los medios”, denuncian.
Ahora, reconocen, “nos falta más organización y más unión. Hace cuatro años estábamos más unidos, fue cuando hicimos el plantón y conseguimos el convenio, pero el gobierno nos ha dividido, ellos fomentan la discordia”.
“Nos pisotearon y destruyeron, pero el pueblo sigue en pie”, aseguran.
David Zamorano Camiro
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Información actualizada en http://namakasia.jimdo.com
| 06-01-2014 |
2014: Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
| Traducido par Rebelión por Germán Leyens |
En una iniciativa que recibió poca atención la Asamblea General votó el 26 de noviembre de 2013 por proclamar 2014 el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Se solicitó al Comité de la ONU sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino que organice actividades relevantes en cooperación con gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, y significativamente, la sociedad civil. La votación fue de 110 a favor y 7 en contra, con 56 abstenciones, lo que refleja más o menos el sentimiento que prevalece actualmente en la sociedad internacional. Entre los siete oponentes a la iniciativa, fuera de Israel, no es sorprendente que hayan estado sus tres partidarios más incondicionales, cada uno otrora una colonia británica: EE.UU., Canadá, Australia, fuera de Estados con tanta influencia en la esfera internacional como Micronesia, Palau y las Islas Marshall. Europa y diversos Estados en todo el mundo, se contaban entre las 56 abstenciones, y virtualmente todo lo que no es Occidente apoyó sólidamente la idea de destacar la solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por paz con justicia basada en el derecho internacional.
Tres observaciones iniciales: los gobiernos que están dispuestos a colocarse desvergonzadamente junto a Israel en oposición a la marea de la opinión pública mundial están cada vez más aislados, y esos gobiernos se encuentran bajo creciente presión pública de sus propias sociedades civiles que buscan un enfoque equilibrado que se base en derechos en lugar de estar dominado por el poder; Occidente, en general, está dominado por los gobiernos abstencionistas que buscan el perfil más bajo posible para ser vistos ni a favor ni en contra, y en esos países la sociedad civil debiera ser capaz ahora de movilizar más apoyo para la lucha palestina; y el no-Occidente, que está, como ha sido el caso desde hace tiempo, retóricamente en solidaridad con el pueblo palestino, pero donde es necesario hacer que sus palabras se conviertan en hechos, y parece estar listo para ser motivado.
También es reveladora la argumentación de UN Watch, y otros, que denuncian esta última iniciativa de la ONU porque culpa injustamente a Israel e ignora a países que tienen peores historiales de derechos humanos. Siempre se olvidan en este caso dos elementos del conflicto Israel/Palestina que justifican que sea individualizado: Israel debe su existencia, en un grado significativo, a la comunidad internacional organizada, comenzando por la Liga de las Naciones, continuando durante el Mandato Británico, y culminando con el Plan de Partición de 1947, como es establecido en la Resolución 181 de la Asamblea General. Esta última pasó por sobre el principio descolonizador de la autodeterminación con una solución urdida e impuesta desde el exterior; antecedentes semejantes de la actual situación en Israel/Palestina también sacan a la luz los fundamentos colonialistas de la actual lucha así como llaman la atención a los elementos coloniales que están asociados con la continua expansión de las demandas territoriales, de recursos y de etnia que van mucho más allá de lo que la comunidad internacional dominada por Occidente había propuesto y luego aprobado, después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Sin duda hubo todo el tiempo temas delicados y complejos que hicieron que este problemático rol de la comunidad internacional fuera algo más comprensible. Hasta 1945 hubo una aceptación generalizada de la administración colonial europea, aunque en Medio Oriente, la legitimidad colonial fue equilibrada por primera vez mediante una obligación de las potencias coloniales de preparar a un pueblo dependiente para que llegara finalmente a manejarse por su propia cuenta, un reconocimiento ambivalente de los principios de autodeterminación aunque no todavía en la forma de una norma legal. Esta afirmación de autodeterminación, como alternativa al régimen colonial, fue el proyecto especial del presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, quien insistió en que una actitud semejante era un imperativo moral, especialmente en el trato de la secuela regional del Imperio Otomano que había regido durante mucho tiempo sobre muchas etnias diversas.
Más allá de esto, la experiencia judía durante el reinado de regímenes fascistas en toda Europa, que culminó en el Holocausto, creó un fuerte impulso empático en Europa para apoyar el proyecto sionista para una patria judía en Palestina. Como se sabe, esa empatía, aunque era genuina en muchos sectores, también exhibía un sentido diferido de culpa por parte de democracias liberales occidentales que habían hecho tan poco por cuestionar las políticas genocidas de Hitler y los nazis, negándose a hacer nada hasta que sus intereses nacionales estuvieron directamente involucrados por la agresión alemana. El apoyo europeo también tuvo lugar porque la solución sionista propuesta para el problema judío, que había estado presente desde hace tiempo en Europa, podía realizarse en otro sitio, es decir, a costa de no europeos. Ese otro sitio estaba lejos de estar vacío y era codiciado por otros por diversos motivos. Palestina era un país en el que sobre todo los árabes habían vivido desde hace tiempo, pero también algunos judíos y cristianos, y estaba asociado centralmente con las tradiciones sagradas de todas las tres religiones monoteístas. Normalmente en el mundo moderno, la demografía de la residencia es de mayor importancia que reclamos bíblicos o de otra índole basados en demandas de tradición nacional, identidad étnica, y antigua presencia histórica. Sin embargo, a pesar de estos factores, había razones éticas después de una victimización tan extrema del pueblo judío para apoyar una versión razonable del proyecto sionista como se había desarrollado en los años desde la Declaración Balfour, incluso si desde una variedad de otras perspectivas era profundamente injusto hacia otros y disruptivo de relaciones pacíficas, y durante toda su implementación, produjo una catástrofe para la mayoría de palestinos no judíos.
Tomando en consideración esta complejidad histórica y moral, lo que parece evidente es el hecho de que las Naciones Unidas no cumplieron con su responsabilidad de una manera efectiva que respondiera a las circunstancias humanas prevalecientes en Palestina. El historial general de la ONU es bastante decepcionante si es considerado desde la perspectiva de ajustarse a esos sectores contradictorios de una manera que reflejara el derecho internacional y la justicia global. La gesta militar de las fuerzas sionistas en Israel infligió una importante derrota al pueblo palestino y a los gobiernos árabes vecinos, y al hacerlo expandió el dominio territorial de Israel del 55% decretado por la ONU en su plan de partición a 78% cuando la línea verde estableció un acuerdo de armisticio en 1948. Un resultado semejante fue gradualmente endilgado por un consenso político, mostrado a través de la admisión de Israel a la ONU sin ninguna solución para el conflicto subyacente, dejando desamparados a los palestinos y permitiendo que Israel se constituyera dentro de fronteras mucho más amplias que las que la ONU había considerado justas solo un año antes.
Esta situación fue agravada por la guerra de 1967 en la cual Israel ocupó todo el territorio restante de Palestina histórica, pretendiendo incluso anexar Jerusalén Este mientras expandía enormemente el área de Jerusalén municipal al incorporar tierras pertenecientes a Cisjordania. Desde 1967 este resto de territorio palestino ha sido reducido aún más por el masivo fenómeno del asentamiento de colonias, incluyendo su red de carreteras solo para colonos, realizado en flagrante violación del derecho humanitario internacional, por el muro de separación construido y mantenido desafiando la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y una serie de acciones para cambiar la demografía de Jerusalén Este. En otras palabras, las fuerzas israelíes en el terreno en lo que había sido Palestina han debilitado la visión contenida en el plan de partición que en sí constituía una solución controvertida de la ONU para el conflicto que fue rechazada por los palestinos y por los países vecinos.
A pesar de mucha propaganda en sentido contrario, la dirigencia palestina ha mostrado, durante la mayor parte del período de su lucha, una disposición poco usual a abandonar objetivos máximos, y presentó propuestas sinceras reconociendo las realidades de una situación que se había convertido en desfavorable para la realización de sus esperanzas anteriores. La disposición palestina, expresada formalmente desde 1988, de aceptar Israel como un Estado legítimo dentro de las fronteras de la línea verde de 1967 sigue siendo una importante iniciativa por la paz que no ha sido reconocida y correspondida más de veinticinco años después de su expresión. El que una propuesta semejante haya sido ignorada y continuamente menoscabada por Israel con la aquiescencia de facto de Occidente, y ante las débiles objeciones retóricas de la ONU, muestra la incapacidad de la ONU de cumplir sus responsabilidades ante el pueblo de Palestina.
Como era esperar, los palestinos se han desilusionado hace tiempo respecto a los beneficios de tener de su parte la autoridad de la ONU y el derecho internacional. Con el pasar de los años el respaldo de la autoridad internacional no ha producido una mejora en las circunstancias de vida y la posición política del pueblo palestino. La ONU es impotente, y convertida en impotente, cada vez que una posición de la ONU es efectivamente resistida por una combinación de fuerza militar y alineamiento geopolítico, las capacidades militares de Israel y la influencia geopolítica estadounidense han anulado por completo la voluntad expresa de las Naciones Unidas, pero no han superado el sentimiento de frustración o excusado a la Organización por no haber actuado responsablemente hacia el pueblo palestino.
A la luz de estos antecedentes, es un milagro que la ONU haya hecho tan poco por reparar el daño, no que haya hecho tanto, o más de lo que debiera en relación a Israel/Palestina. Posiblemente, sí, existe una variedad de otras situaciones en las cuales el abuso de los derechos humanos ha sido peor que lo que se atribuye a Israel, pero la justificación para concentrarse en Palestina no es solo por la negación de derechos, también es un problema de justicia fundamental, de la subyugación aparentemente permanente de un pueblo, en parte debido a medidas que fueron previstas y apoyadas durante mucho tiempo por la comunidad internacional organizada. Sin embargo, testimoniar la calamitosa situación de emergencia del pueblo de Gaza, hace que sea perverso afirmar que los desafíos a los derechos humanos que enfrenta esta gran y vulnerable comunidad palestina no es de las peores violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, y hace que volvamos a preguntarnos por qué las Naciones Unidas no parecen dispuestas y capaces de hacer más.
Podemos esperar en el alba de 2014 que la ONU será vigorosa al otorgar al Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino un significado político que vaya más allá de palabras de compasión y apoyo. Existe una oportunidad de hacer más. La resolución de la ONU llama al trabajo con la sociedad civil. Recientes acciones en EE.UU. para sumarse a los boicots de instituciones académicas israelíes y en Europa para responsabilizar a corporaciones según el derecho internacional por comerciar con colonias israelíes son grandes éxitos del activismo de la sociedad civil, dirigidas por la campaña de BDS [campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones contra el sistema de ocupación, colonización y Apartheid israelí] que tiene la importante virtud legitimadora de la dirigencia y el respaldo palestinos. La ONU puede ayudar a crear un ímpetu en el movimiento global de solidaridad que alienta formas militantes no violentas de acción coercitiva que de por sí dará un buen nombre a la ‘solidaridad’.
Los palestinos comienzan a ganar la Guerra de la Legitimidad que está siendo librada contra políticas ilegales de Israel y por cuenta del logro de los derechos palestinos. Probablemente se puede atribuir el origen del momento decisivo en la opinión pública mundial a la manera cómo Israel libró la Guerra del Líbano de 1982, especialmente su dependencia confesa del uso de fuerza desproporcionada dirigida contra vecindarios residenciales, especialmente en el sur de Beirut, una táctica que llegó a ser conocida como Doctrina Dahiya. El momento clave en el cambio de la identidad colectiva israelí de la de víctimas y heroicos desvalidos a la de ilegales perpetradores de una guerra opresiva contra un pueblo totalmente vulnerable, tuvo lugar en la Operación Plomo Fundido, el continuo ataque con armamento de alta tecnología contra el pueblo de Gaza durante tres semanas a fines de 2008.Después de esos eventos, se comprendió mejor que los palestinos son un pueblo victimizado, involucrado en una justa lucha por ganar sus derechos según el derecho internacional, y necesitado y merecedor de un movimiento internacional de apoyo para compensar el poder brutal israelí y su dominación geopolítica.
Los dirigentes y los think-tanks israelíes hacen lo posible por desacreditar la Guerra de Legitimidad Palestina afirmando falsamente que va dirigida contra la legitimidad de Israel como Estado en lugar de oponerse a las políticas ilegales del Estado israelí. Es una diferencia crucial, y la distinción parece deliberadamente oscurecida por la propaganda israelí que ha inflado lo que buscan los palestinos para hacer que su activismo parezca ser hiperbólico, con demandas irracionales e inaceptables, lo que facilita desecharlas en lugar de encarar críticamente las quejas palestinas en su actual forma. Es de esperar que el Año Internacional de Solidaridad en su trabajo aclare esa distinción entre Israel como Estado y las políticas israelíes. Dentro de un marco semejante, la ONU merece crédito por contribuir a victorias en todo el mundo que hacen progresar la agenda de la Guerra de la Legitimidad que está siendo librada por y por cuenta del pueblo palestino, y al hacerlo, acercan en algo el debate a la realización de una paz justa y sustentable para ambos pueblos.
Publicado primero en: Richardfalk.com
* Richard Falk es Profesor Emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton y Distinguido Profesor Visitante de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad de California, Santa Bárbara. Es autor y editor de numerosas publicaciones a lo largo de cinco décadas, y recientemente editor de “El Derecho Internacional y el Tercer Mundo: reformulando la Justicia” (Routledge, 2008).
Coordinadora de Solidaridad con Palestina en México (CORSOPAL) -
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina (MMSP).
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