Asaltan instalaciones de Contralínea
Las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación
–ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del
Carmen, Coyoacán– fueron asaltadas la noche del lunes 23 de junio de
2014. Como resultado de ello, los delincuentes se llevaron expedientes
periodísticos de los reporteros. También, documentación personal que
algunos periodistas resguardaban en sus escritorios.
Además fueron sustraídos 19 equipos de cómputo –incluidas las laptops
del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez–, una cámara de
video profesional, 3 pantallas de televisión, equipo de audio, incluida
una consola de producción radiofónica. Los asaltantes también se
llevaron discos compactos con información editorial. Todos los
escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.
Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea.
Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio
particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso. Ello a
pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo
que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406).
Ahora, en el robo ocurrido el día de ayer,
se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del
subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas
fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de
vigilancia y cortaron sus cables.
Cabe destacar que dichas cámaras forman
parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de
Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos del
Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las
peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se
garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
Y aunque dicho Mecanismo también incluía
vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra
la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor
periodística.
Como se recordara, a lo largo de su historia Contralínea
ha sido objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos,
allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un
arresto y una emboscada.
Algunas de las agresiones
El 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea;
amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron que se les
revelaran los nombres de fuentes de información. Un día después
iniciaron las acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de
Zeta Gas, presentó la primera de tres demandas por supuesto daño moral
ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal. La demanda contra la revista y sus periodistas se resolvió en
diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.
Entre las irregularidades del caso destaca
que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de
imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia
pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino
de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del
medio.
El 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA
de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de
lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros.
Durante las audiencias se cuestionó la
calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos.
Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las
ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
El 13 de agosto de 2008 los abogados
Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero
Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar
Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas,
allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Contralínea
interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
El 16 de enero de 2009 elementos de la
Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel
Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero de 2009
representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las
instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los
trabajadores y periodistas.
El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”.
El 14 de septiembre de 2009 la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009, donde
acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista
por el gobierno federal.
El 10 de abril de 2010 desconocidos allanaron y saquearon las instalaciones de Contralínea.
En ese mismo mes, pero el día 27, la Caravana por la Paz que se dirigía
a San Juan Copala fue emboscada. Entre sus integrantes estaban los
reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de
“desaparecidos” dos días. Fueron rescatados el 29. Ambos periodistas
presentaban deshidratación, David Cilia, tres heridas de bala.
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras fueron agredidas en el contexto de violencia que se vive en todo el país.
En diciembre de 2013, la Secretaría de
Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos iniciaron una nueva investigación por
las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco
contra periodistas de la revista Contralínea.
El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia
contra el medio de comunicación violentando el debido proceso: a
espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no
se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio
millón de pesos.
El Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco condenó a la revista Contralínea
y a trabajadores de este medio a pagar una multa por 500 mil pesos. El
proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas,
inició y concluyó a espaldas del medio de comunicación, pues no se
notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del
Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y
les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de
la libertad de prensa y el derecho a la información.
En el caso intervino la Secretaría de
Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos (UDDH). Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la
Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicita al magistrado
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis
Carlos Vega Pámanes, se investigue “la presunta violación a los derechos
humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.
En el documento oficial se hace referencia
a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación General 20,
en las que se documentó la violación al debido proceso en que incurrió
el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos
por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de
Gobernación solicita al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración
institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que
permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se
hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la
recomendación”.
En su comunicación, la Secretaría de
Gobernación le recuerda al Poder Judicial del Estado de Jalisco
–representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la
entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir,
investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así
como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.
La CNDH, por su parte, también ha abierto un expediente en el que documenta los más recientes agravios en contra de la revista Contralínea
y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la
Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech Rodríguez, dio entrada a la
queja presentada por Contralínea.
En el documento se establece que los
periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su contra,
como tampoco de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009, en
el que se les permitiera “conocer las acciones en su contra y emprender
la defensa adecuada”.
Asimismo, en la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la
Procuraduría General de la República (PGR), se ha abierto un expediente
con el que se han iniciado las investigaciones para deslindar
responsabilidades en los ataques sistemáticos a un medio de
comunicación.
Por su parte, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, a través de su relatora Especial para la Libertad
de Expresión, Catalina Botero Marino, ha tomado conocimiento del caso y
estudia el tipo de acción a emitir al respecto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado Jalisco sólo escuchó la relatoría de la queja de los
periodistas, pero no se comprometió a nada y dijo que en 5 días hábiles
darán una respuesta si admite o no la queja.
Grupo Zeta consiguió del Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco una sentencia condenatoria contra la revista Contralínea.
Sin que se hubiera notificado al medio de comunicación ni a los
periodistas involucrados, el proceso avanzó sigilosamente y concluyó en
una condena a pagar una multa por supuesto daño moral por 500 mil pesos.
La disposición también dicta el remate de la casa familiar del director
de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la condena.
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