Javier Sicilia: con la Ley Telecom el poder se ejerce en secreto, a discreción y sin controles
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Sin embargo, detrás de este discurso se encierra una de las bases fundamentales del autoritarismo: el poder que se ejerce en secreto, a discreción y sin controles.
Usando el lamentable contexto del país, se ha vendido la idea de que
debemos buscar la seguridad de las personas incluso a costa de ellas
mismas. Esta visión establece que no importa si hay otras maneras de
realizar las funciones de seguridad, compatibles con los derechos de
todas y todos, porque la paz es en sí misma fin necesario y suficiente
para pagar cualquier costo, incluso el de ceder nuestra dignidad frente a
la promesa de sus resultados.
Este tipo de argumentos es incompatible con las libertades que tanto hemos luchado por conseguir.
Libertades como el derecho a la privacidad no deben ser sacrificadas en
aras de la seguridad. Ni una ni otra en prioridad. Debe encontrarse la
armonía para garantizar a ambas.
El dictamen de Ley de Telecomunicaciones
y Radiodifusión recién aprobado en el Senado, comete este error y
devora, en uno de sus capítulos más señalados –el de “Colaboración con
la Justicia-, nuestro derecho a la privacidad. En sus artículos 189 y
190, se da un poder absoluto a las agencias de seguridad (ni siquiera
definidas en la ley) para que puedan acceder a las comunicaciones
privadas y a la localización de todas las personas en el país, sin
ningún control ni contrapeso que pueda servir para prevenir o sancionar
cualquier abuso de poder por parte de estas entidades.
En el artículo 189 se establece la obligación que tendrán los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, así
como las empresas proveedoras de servicios de aplicaciones y contenidos
(éstas no estaban incluidas en la propuesta del Ejecutivo Federal, con
lo que se abre la puerta a intervenir espacios como Twitter y Facebook),
de “atender todo mandamiento por escrito” por la “autoridad competente”
(¿Cuáles? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué límites? ¿Con qué
legitimidad?), mientras que en el artículo 190 se establecen tres
figuras que representan un riesgo enorme para todas las personas y que
cambiarán la manera de vivir cotidianamente: la geolocalización en tiempo real, la retención de datos de los equipos móviles y el bloqueo de servicios de telecomunicaciones.
Con
la primera, las agencias de seguridad podrán ver los lugares que
frecuentamos, las personas con las que nos encontramos, las rutas
cotidianas que tomamos, nuestras preferencias religiosas, políticas y
sexuales; es decir,
tendrán acceso a información privada que, de caer en manos equivocadas,
podría ser utilizada para extorsionar, amenazar o agredir a las personas (ni mencionar el riesgo de que la información llegue a manos del crimen organizado). Con la segunda, se establece un mecanismo monstruoso de espionaje y vigilancia masiva,
que permitirá acceder a datos de las comunicaciones privadas que
revelan del mismo modo cuestiones y detalles de la vida diaria de todas y
todos. Ninguna de las dos figuras tiene contrapeso o salvaguarda
alguna, el poder Ejecutivo y el partido mayoritario en las cámaras se
han opuesto a ellas, pero quizá más preocupante, algunos miembros de los
partidos de oposición también. Con todo esto, nadie
podrá saber cómo, por qué o contra quién se han usado estos mecanismos;
es un cheque en blanco para el abuso y los mayores excesos del poder.
Por
último, la fracción VII del artículo 190, permite “realizar la
suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la
autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos”,
manteniendo la posibilidad de realizar el bloqueo de estos servicios
(cuyo origen se encuentra desde el proyecto del Ejecutivo Federal) y
abriendo la puerta para el abuso de la fuerza y de arbitrariedades en
manifestaciones u otros contextos sujetos a la discreción de las
autoridades. Esta disposición ha sido prohibida sin ninguna excepción por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estas disposiciones son contrarias a nuestras libertades y a cualquier idea de democracia, pero además, son una afrenta directa a la dignidad de todas y todos, puesto que buscan reducirnos al mínimo como personas con derechos bajo la promesa de alcanzar justicia y seguridad; seguridad
que podría ser garantizada con medidas de control y de revisión por
otros poderes como el judicial y el órgano garante de la protección de
datos, sin con ello sacrificar la esfera más esencial de las personas. Es indispensable alzar la voz y rechazar esta afrenta.
Javier Sicilia
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