Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Desde que los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desparecidos exigieron que se investigara al Ejército Mexicano por su complicidad con los perpetradores de los crímenes del 26 y 27 de septiembre y por su actuación nefasta contra los estudiantes que fueron agredidos a balazos por policías municipales, las autoridades federales dejaron de mostrarse tan solícitos para responder positivamente a los planteamientos de los papás y mamás. En un primer momento los padres demandaron la entrada a las instalaciones militares para corroborar si en esos lugares se encontraban retenidos sus hijos. La respuesta se postergó por varias reuniones, pretextando que tenían que consultar al más alto nivel. Para no sentirse interpeladas las autoridades que regularmente asistían a estas reuniones con los padres y las madres, sus posturas eran evasivas. Se escabullían diciendo “no creemos que haya problema, pero déjennos ver cómo le podemos hacer para que entren”. La respuesta final que obtuvieron del gobierno federal fue; solo será posible con un número reducido de padres, totalmente discreta, sin presencia de los medios y sin acompañamiento de estudiantes, organizaciones sociales y abogados.
Desde el viernes 28 de noviembre, cuando los padres y madres de familia se reunieron en el hangar de la PGR de Chilpancingo, se vislumbraron reticencias del subsecretario de gobernación Luis Miranda para facilitar el acceso a los cuarteles militares. Su trato duro, mostrado con el personal que lo acompañaba, preparó el ambiente para entrar al tema con una postura firme. Escuchó la solicitud de los padres y de forma seca reiteró que tenía que ser un número reducido, enfatizando que previamente requería los nombre de los padres que entrarían y complementó diciendo que estarían presentes un ministerio público y un visitador de la CNDH, sin embargo, al cierre de la reunión ya no se amarró alguna fecha para estas visitas, ni se vio cómo se implementaría el mecanismo para garantizar su ingreso. Todo quedó en el aire.
A escasos 5 días de que los padres de familia insistieran en su ingreso a los cuarteles militares de Guerrero, se dio el cambio de mandos en la 35 zona militar de Chilpancingo, el 3 de diciembre, y el 5 de diciembre en el 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Un día antes, es decir el 2 de diciembre, padres y madres de familia, acompañados por estudiantes, maestros de la CETEG y organizaciones sociales, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del asesinato del egresado normalista Lucio Cabañas, marcharon por la autopista del sol e hicieron una parada en las instalaciones de la 35 zona militar, para reclamar a los militares su inacción y complicidad en los hechos trágicos del 26 de septiembre y exigir la presentación de los 43 normalistas desparecidos.
Junto con estos cambios inicia el operativo federal denominado “Tierra Caliente”, con el cual la federación asume el control policiaco y militar de 36 municipios de Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, siendo 22 municipios los que corresponden a nuestra entidad. Con este anuncio se incrementa el número de efectivos militares, de la Marina, PGR y elementos del CISEN para Guerrero, sin que tenga un impacto favorable en cuanto al número de asesintos y secuestros que se siguen dando en la Tierra Caliente del estado.
Una vez que se hicieron estos ajustes entre los mandos militares de Guerrero y se enviaba más tropa al estado, en la ciudad de México, en las instalaciones de la PGR, el procurador anunciaba a los padres y madres de familia, en presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que también se estaba investigando algunos miembros del ejército. Esto quedó en un mero anuncio porque no se abundó en más detalles. Por su parte, el presidente Enrique peña Nieto, después de anunciar sus 10 acciones para hacer frente a la tragedia de Iguala, planteó con bombo y platillo en Acapulco de que es necesario “superar la etapa del dolor” de los 43 estudiantes desaparecidos, para darle la vuelta a la página de las manifestaciones y protestas. Este acto fue el preludio del anuncio de la nueva fase en la que el gobierno federal hará valer la ley utilizando la fuerza, al modo como lo dijo el secretario de gobernación; de “desalojar a quienes bloqueen la autopista del sol”.
Para la PGR la identificación de uno de los restos óseos que fueron enviados a Innsbruck, Austria, que corresponde al estudiante normalista Alexander Mora Venancio, “confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos”, es decir, que se fortalece su teoría de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Este dato ha dado pie para que el Procurador refuerce su postura en torno a su línea de investigación y no le dé importancia a los planteamientos que los padres y madres de familia han hecho, en cuanto al involucramiento de otras autoridades de nivel federal como los militares y policías federales. El mismo equipo Argentino de Antropología forense hizo pública su postura de que no había suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan correspondieran a los que se retiraron en el basurero de Cocula. Esto genera dudas sobre la dicho por el procurador de que los restos encontrados coinciden con la evidencia de la investigación que realiza. Para no complejizar más el caso el mismo titular de la procuraduría Jesús Murillo Karam comentó en una entrevista que “nunca se sabrá cuántos (estudiantes) calcinaron”.
Las protestas de los familiares y sobre todo el malestar de vastos sectores de la población sobre esta línea de investigación que busca focalizarla al ámbito municipal y centrarla en una banda del crimen organizado, hizo saltar las trancas de la disciplina castrense al titular de la secretaría de marina, el almirante Vidal Francisco Soberón, quien lamentó que “grupos o personas manipulen a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y lucren con su dolor para alcanzar objetivos individuales o de grupo”. Le molestó más al almirante porque no solo se duda de la investigación que hizo el procurador sino porque también está en duda el trabajo que ellos hicieron, porque a decir del mismo secretario, fueron los marinos los que encontraron las bolsas con restos humanos en el río san Juan.
Esta defensa irascible nos muestra cuán grave esta la situación entre el mismo gabinete y a lo que están dispuestas a actuar las autoridades castrenses para no permitir que se les investigue. El mismo procurador ha tenido que salir en defensa de las autoridades militares al banalizar esta línea de investigación y comentar con indiferencia que es un “sinsentido involucrar al ejército y a la policía federal… No es cierto, absolutamente no es cierto”, este señalamiento. Son aseveraciones sin fundamento”.
Esta cerrazón de las autoridades federales ha llevado a momentos muy tensos y críticos, sobre todo por la forma como se han desplegado sus tropas el ejército y se ha apostado en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, para confrontarse con la población y desencadenar una acción de fuerza que desemboque en hechos de violencia.
Hoy los padres y madres de familia a 100 días de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, no han encontrado la respuesta que esperaban del presidente de la República, del secretario de gobernación y del procurador general, de encontrar a sus hijos con vida. Han experimentado todo lo contrario, han constatado que las mismas autoridades se han vuelto contra ellos y ellas; que han ignorado sus planteamientos y los mismos compromisos que firmaron, y que ahora han puesto como parapeto al ejército, a la marina y a la policía federal para que se encarguen de imponer el orden a su estilo. Los han enviado a Guerrero para causar miedo y terror y para meter a la población que protesta y exige la presentación de los estudiantes, a una dinámica y de desgaste al encontrarse con las fuerzas represivas del estado, que no están libres de responsabilidad sobre los hechos que acontecieron el 26 y 27 de septiembre.
Los padres y madres de familia navegan a contracorriente, porque las autoridades federales no están dispuestas a que su proyecto económico se derrumbe y quede en entredicho en el plano internacional. Tampoco están dispuestas a investigar al ejército porque saben lo que esto significa para la misma estabilidad de un sistema político que está sostenido por fuerzas oscuras que defienden intereses contrarios a los que lucha y aspira la sociedad mexicana. Todas las tragedias que hemos padecido a causa de la violencia ejercida por las autoridades han quedado sepultadas para que puedan sobrevivir y continuar con este modo de gobernar.
Los padres y madres no sucumbirán a pesar de los peligros que se ciernen en todos los frentes; como la amenaza latente de una acción violenta provocada por las fuerzas del orden; o el socavamiento de su fuerza con la intervención de agentes disfrazados de luchadores sociales para generar desconfianza y propiciar conflictos internos. El tener que padecer infundios y enfrentar campañas de desprestigio con el fin de desacreditar la lucha de quienes los representan y defienden es una realidad cotidiana que hay que seguir desenmascarando. En fin hay la intención de un sector duro y con mucho poder dentro de este sistema corrupto que se obstina en sepultar los sueños de los padres y madres de familia que han levantado al país para que no haya más desaparecidos y para que no se vuelvan a trepar al poder quienes por sus múltiples crímenes deben estar en las cárceles. Por eso, en este nuevo año tenemos que romper ese silencio cómplice y sepulcral de las autoridades que se niegan a investigar a quienes teniendo la fuerza y el mandato de defender a los estudiantes que estaban siendo agredidos se coludieron con los criminales.