Cultura de armas y violencia en Estados Unidos. El eterno debate
Es tristemente habitual encontrar en los medios de comunicación sucesos de violencia relacionados con la posesión de armas de fuego en los Estados Unidos de América. No en vano, se estima que cada año 30.000 personas pierden la vida en suicidios, homicidios y accidentes con este tipo de armas, una cifra que se multiplicaría exponencialmente si tuviésemos en cuenta a las miles de personas que resultan heridas o son intimidadas. Estas dramáticas consecuencias criminológicas no hacen sino alimentar un debate que se remonta a los primeros días de la nación estadounidense y que en la actualidad consigue polarizar como ningún otro asunto a la opinión pública norteamericana. Y es que la cuestión las armas en Estados Unidos ha dividido tradicionalmente a la sociedad en dos bandos irreconciliables, los partidarios al control de las armas y los partidarios a los derechos de posesión de armas, cuya politización y capacidad de presión han acrecentado la magnitud del debate hasta convertirlo en una de las más controvertidas cuestiones de estado y de las que más pasiones sigue levantando en la actualidad.
Los orígenes: del mito a la cultura de las armas
Para intentar responder a la pregunta de por qué en Estados Unidos todavía existe un debate que sería impensable en cualquier otro país occidental es conveniente retroceder la mirada unos cuantos siglos para descubrir que en este país la posesión de armas ocupa un lugar privilegiado en la mitología patriótica desde antes de la existencia misma de la nación.
El uso y pertenencia de armas de fuego ya se convirtió en algo habitual desde la llegada de los primeros colonos ingleses, que solían agruparse en milicias para preservar el orden y protegerse de los ataques de los nativos americanos, una práctica que con el tiempo acabó instaurando una cultura de autodefensa aún latente en nuestros días. A estas milicias ciudadanas armadas posteriormente se les atribuiría un papel muy destacado en la victoria en la Guerra de Independencia, de modo que en el ideario patriótico estadounidense la posesión y el empleo de armas, junto con las virtudes innatas del pueblo norteamericano, resultó esencial para derrotar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo –el británico– y por tanto en la consecución de la épica independencia de las trece colonias. El mito de las armas seguiría cobrando mayor vigor durante los primeros años de vida de los Estados Unidos de América, cuando se confiaba la seguridad y el orden de la nación en la propia iniciativa popular a nivel local ante la falta de recursos para mantener un ejército regular. Así, la tenencia personal de armas de fuego quedaría vinculada al nacimiento, a la lucha por la supervivencia y también a la expansión de la nación, dado que en las zonas fronterizas solía haber una gran presencia de ciudadanos armados para defenderse de posibles emboscadas de los indígenas –algo que estuvo avalado por el gobierno–, y además, buena parte de la expansión hacia el oeste del continente sólo se hizo posible a través de las armas.
Como consecuencia, las armas proliferaron rápidamente desde los primeros días de vida del país. Los ciudadanos siguieron formando milicias y patrullas de autodefensa en aras de garantizar su seguridad, especialmente en las vastas zonas rurales. Las armas también se hicieron habituales para asegurar el dominio del hombre blanco sobre los nativos americanos, los afroamericanos y los mestizos, resultando tristemente eficaces para el sometimiento de los esclavos y, junto a ello, a la normalización de la tenencia de armas contribuyó sobremanera la popular práctica de la caza por todo el país, desde entonces asociada a la virilidad y al patriotismo. Otras razones tenían que ver con el recelo del ciudadano norteamericano a las nuevas instituciones federales, toda vez que en aquella época no se veía con buenos ojos la delegación en el Estado del monopolio de la fuerza legítima, dado que podría haber significado el desmantelamiento de las milicias y la consiguiente sensación de indefensión del pueblo norteamericano ante un hipotético abuso de poder por parte del gobierno federal o del ejército. Se pensaba –y aún hay quien piensa– que un pueblo desarmado aumentaría las probabilidades de que el gobierno ejerciera una tiranía o de que el ejército pudiera arruinar el proyecto democrático de nación federal alzándose en armas para conseguir el poder, del mismo modo que una América sin armas quedaría vulnerable ante una invasión extranjera o un intento de genocidio, por muy descabellado que nos pueda parecer.
Han pasado muchos años, pero en multitud de hogares estadounidenses la tenencia de armas –sea para autodefensa o fines recreativos– ha continuado siendo una tradición de padres a hijos y un distintivo de patriotismo. Es este vínculo emocional que ha mantenido el americano con las armas, junto con el desarrollo de una colosal industria armamentística y la exaltación del mito de las armas en la propia historia, la literatura, el cine o el folclore popular han acabado forjando una cultura de armas que no encuentra parangón alguno en el mundo occidental de nuestros días y que ha conservado una gigantesca influencia en la vida política del país.
La raíz del debate: la Segunda Enmienda y la legislación existente
Ese cierto misticismo que envolvió a la tenencia personal de armas desde los primeros compases de la futura potencia norteamericana contribuyó a que el derecho a poseer armas quedase desde muy pronto recogido en la Carta Magna, a través de la Segunda Enmienda a la Constitución, de 1791. En ella, que ha permanecido invariable con el paso del tiempo y ha acabado convirtiéndose en el origen del debate en torno a las armas, se recoge lo siguiente: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. Más de dos siglos después este texto sigue suscitando un intenso debate sobre su correcta interpretación en el que ni historiadores, ni juristas ni por supuesto los activistas pro- y anti-armas logran ponerse de acuerdo.
Básicamente existen dos interpretaciones principales, y una tercera a caballo entre las dos. La primera de ellas sostiene que la Segunda Enmienda buscaba proteger el derecho de los estados para mantener a las milicias ciudadanas, mientras que una segunda interpretación entiende que lo que se protege es el derecho del individuo a poseer armas independientemente del servicio prestado en las milicias. La tercera interpretación combina las anteriores asegurando que se protegían los derechos individuales de posesión de armas, los cuales estaban intrínsecamente ligados a la responsabilidad colectiva de la defensa y seguridad común.
Con todo, la ambigua Segunda Enmienda marcaría el cauce por el que debían discurrir las futuras leyes que regulasen la tenencia de armas, aunque éstas tardarían en llegar. Sólo bien entrado el siglo XX comenzarían a gestarse leyes verdaderamente significativas a nivel federal en materia de posesión y venta de armas. Curiosamente aquellas más importantes se han hecho efectivas en oleadas –años treinta, finales de los sesenta, en los noventa…– y han servido como respuesta del gobierno a prolongados brotes de criminalidad que contaron con el aliciente de conseguir alarmar a la opinión pública. De hecho, muchas de estas leyes fueron redactadas años antes a su aprobación permaneciendo a la espera de unas condiciones políticas adecuadas que garantizaran el menor coste político posible dada la controversia que suelen generar. Como la Constitución es poco menos que sagrada y el simple hecho de pensar en modificar la Segunda Enmienda puede llegar a ser un tabú, los gobiernos que han optado por una regulación más estricta se han limitado a tomar medidas encaminadas a conseguir que las armas no caigan en las manos inadecuadas. Desde que en 1919 el gobierno federal por vez primera aprobara grabar un diez por ciento la venta de armas para recaudar fondos tras la Gran Guerra, estas han sido las principales leyes en materia de uso personal y venta de armas:
Del anterior cuadro se deduce que en efecto ha sido el Partido Demócrata el más proclive a aprobar leyes restrictivas en torno al uso de armas y que históricamente el partido republicano, respaldado por la Segunda Enmienda, ha sido más benévolo con los dueños de las armas y la industria armamentística –y viceversa. Puede llamar la atención que durante la administración Obama no se hayan aprobado leyes verdaderamente significativas –hasta la fecha– para el control de armas, algo debido en buena medida al bloqueo ejercido por el Congreso en los últimos años y que ha llevado al presidente a calificar el asunto de la regulación de armas como la mayor frustración de su presidencia.
En lo que a legislación a nivel estatal se refiere, casi todos los estados (cuarenta y cuatro) recogen explícitamente el derecho de portar armas en sus constituciones. De ellos pueden diferenciarse algunos estados más liberales con aquellos que conservan una regulación más estricta, como suelen ser California, Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Hawái, Rhode Island, Michigan o Illinois. Sólo doce estados requieren licencia para comprar armas cortas, y algunos más lo hacen cuando se trata de armas de asalto. Tan solo cuatro exigen que las armas cortas sean registradas (Hawái, Distrito de Columbia, Nueva York y California) y casi una decena de estados han prohibido explícitamente el registro de este tipo de armas. Sólo seis no permiten llevar armas en público y la inmensa mayoría de los estados que lo hacen ni siquiera requieren una licencia para ello.
Como resultado, según fuentes estatales, en alrededor del 35% de los hogares estadounidenses hay al menos un arma y cerca de un cuarto de la población adulta posee una. En otras estimaciones el número es más elevado, dado que hay un gran número de armas en uso que nunca han sido registradas. Sea como fuere, se estima que como mínimo más de sesenta millones de ciudadanos estadounidenses posee al menos un arma, la mayoría de ellos para fines recreativos –principalmente la caza y los deportes de tiro, considerados parte del patrimonio cultural del país–, seguidos por aquellos que las tienen para fines autodefensivos. La gran mayoría además son hombres, y aquellos de mediana edad son más propensos a poseer armas que los jóvenes por debajo de treinta años. En términos de raza hay bastantes más blancos que negros con armas, y éstas son el doble de comunes en las zonas rurales que en las urbanas. Las clases medias y altas suelen ser más propensas a tener armas, y la orientación política también parece influir: los seguidores del partido republicano tienen dos veces más probabilidades de tener armas que aquellos del demócrata.
¿Quién está a favor y quién en contra de las armas?
El movimiento por los derechos de las armas: la NRA y el temido ‘gun lobby’
Está compuesto por centenares de organizaciones que buscan promover una imagen positiva de las armas en la vida pública y prevenir, aminorar o eliminar restricciones sobre el uso o la tenencia de las mismas. Entre ellas encontramos think tanks y académicos pro-armas, organizaciones de entrenamiento con armas, asociaciones de deportes de tiro, las propias tiendas de armas, productores y distribuidores, activistas independientes, comités de acción política y organizaciones a nivel nacional y estatal cuyos socios tienen como objetivo movilizar a los ciudadanos y hacer política en apoyo a las armas. Sin lugar a dudas, la más prominente de estas últimas es la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), fundada en 1871 y que cuenta con más de cuatro millones de afiliados y un presupuesto de alrededor de 250 millones de dólares. La NRA se compone de distintas filiales con diferentes objetivos, entre las que destaca el Instituto para la Acción Legislativa, que es aquella con causa política que defiende los derechos de las armas –el ‘lobby’ de la organización–; una fundación benéfica que promueve programas de educación para el empleo seguro de armas y subsidia a organizaciones afines menores; y un comité de acción política mediante el cual destina dinero a diferentes campañas electorales, respaldando u oponiéndose a determinados candidatos. Entre las misiones principales de la NRA destacan la protección y defensa de la Constitución; promover la seguridad pública, el orden, la ley y la defensa nacional; entrenar a las agencias de orden público; entrenar a civiles en la destreza de armas; fomentar y promover los deportes de tiro; y promover la seguridad en las cazas.
La relevancia de la Asociación Nacional del Rifle es tal que se la considera uno de los grupos de presión más influyentes del país y la pieza clave del famoso ‘gun lobby’. Su éxito y amplio apoyo social se basa en su gran organización a nivel local, estatal y federal, el compromiso de sus miembros y los incentivos que reciben, y qué duda cabe, en sus conexiones con el Congreso y la industria armamentística. De hecho, se considera que la NRA ha actuado de modeladora de políticas concernientes a las armas, ejerciendo todo su poder de presión tanto para bloquear propuestas de medidas restrictivas como para hacer que se promulguen leyes que suavicen aquellas ya vigentes y levantar restricciones. Solo en los últimos lustros podemos encontrar numerosos ejemplos de ello a nivel federal, como la ley de 2005 que prácticamente dotaba de inmunidad a la industria armamentística o el levantamiento de la prohibición de llevar armas cargadas en parques nacionales en 2009. De ahí a que hay quien considere que la NRA no sufre un revés político verdaderamente significante desde la primera legislatura de la administración Clinton.
El movimiento por el control de armas
También lo componen multitud de organizaciones a lo largo y ancho del país, estén dedicadas exclusivamente a abogar por el control de las armas o siendo este aspecto sólo una parte de su cometido. Sin embargo, en comparación con sus opositores han estado tradicionalmente muy por debajo en cuanto a recursos, poder, influencia y organización. Tampoco han contado con una base social tan amplia, comprometida y motivada, lo que saca a relucir una antigua paradoja dentro de este grupo: según las encuestas la mayoría de los americanos están a favor de leyes más estrictas respecto a las armas, pero no se han movilizado de manera tan notoria para conseguir ese objetivo. Las iniciativas ciudadanas que han tenido un mayor éxito y respaldo social han sido aquellas que vinieron tras un incremento prolongado de la violencia en el país o de algunos sucesos que se saldaron con múltiples víctimas y provocaron la indignación y condena de la opinión pública. Se explica así la aparición a mediados de los setenta de las primeras organizaciones destacables tras la ola de violencia que sacudió el país a comienzos de la década: el Consejo Nacional para el Control de Armas, que hoy tiene el nombre de Campaña Brady para Prevenir la Violencia Armada, y la Coalición Nacional para Prohibir Armas, llamada actualmente Coalición para Prevenir la Violencia Armada. En las décadas posteriores la indignación popular ante el incremento de la criminalidad desembocó en la creación de decenas de organizaciones a favor del control de armas y con multitud de actos de repulsa a la violencia armada como la Marcha del Millón de Madres en Washington, D.C., en el año 2000. Es precisamente en este tipo de coyunturas –y de manera especial tras tiroteos masivos–, junto con los periodos de campaña electoral, cuando más se hacen notar los partidarios del control de armas, algo en lo que también están en desventaja con respecto a sus adversarios, mucho más constantes y activos.
La asimetría en cuanto a recursos e influencia entre los grupos de presión de uno y otro bando hace previsible cualquier tipo de dificultad a la que pueda enfrentarse un gobierno –a nivel local, estatal, o federal– que quiera adoptar medidas a favor de la regulación de las armas de fuego. Y por encima de todo, una premisa seguirá prevaleciendo: la posesión de armas es un derecho constitucional desde hace más de doscientos años, y derogarlo o restringirlo sería considerado por muchos como un atentado contra las libertades individuales de los ciudadanos norteamericanos. Es por ello que, ante esta tesitura, dar con la tecla mágica que garantice un control de armas tan efectivo como para lograr una reducción sustancial de los índices de criminalidad se antoje una empresa tan complicada en este país, de modo que el debate de las armas no solo seguirá abierto, sino que continuará recrudeciéndose en el futuro.
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