Enrique, tenemos que hablar

La renuncia de Enrique Peña Nieto y la salida de su equipo es un acto indispensable porque su falta de juicio, su deslegitimidad por su comportamiento público y su incompetencia ponen en peligro al país. Dos años aún son muchos.

Alberto Serdán

septiembre 5 2016 09:49

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Las personas importan. De otro modo, no tendrían caso las elecciones directas. Un candidato busca el voto porque considera que es la persona idónea para ser gobernante y personificar los valores de su electorado, para ejercer el liderazgo sobre su equipo y guiarlo al cumplimiento de sus promesas de campaña, para ejercer las funciones del gobierno en un marco de legalidad y responsabilidad, y para devolver la confianza ciudadana depositada en las urnas. ¿Qué pasa cuando un gobernante traiciona, defrauda, ningunea esta confianza? ¿Cuándo no tiene legitimidad ni credibilidad? ¿Cuándo comete serios errores de juicio que ponen en riesgo la integridad de la República? ¿Cuándo no tiene la capacidad de liderazgo frente a funcionarios públicos y la sociedad que no comparten sus valores? ¿Qué pasa cuando se trata del primer mandatario del país?
La lista es larga y los motivos “sobran”, dice la convocatoria a la marcha del 15 de septiembre para exigir la renuncia del presidente. Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Ostula, la tortura generalizada, la Casa Blanca, la casa de Sierra Gorda, el departamento de Miami, la casa de Malinalco, el plagio de la tesis, la ofensiva y desastrosa invitación a Trump y el consecuente hazmerreír del mundo, el Informe coreografiado y manipulado, las cifras falsas, Monex, el presunto financiamiento del Cártel de Juárez a su campaña, el desenfreno en las comisiones ilegales de obras públicas y contratos de servicios, la impunidad de gobernadores corruptos, las investigaciones encargadas a amigos, los asesinatos a periodistas sin castigo, la impunidad y la corrupción que detienen inversiones, degradan instituciones y menoscaban la vida pública. A esta lista de motivos sume usted lo que falta pues los motivos sobran. La renuncia de Enrique Peña Nieto y la salida de su equipo es un acto indispensable porque su falta de juicio, su deslegitimidad por su comportamiento público y su incompetencia ponen en peligro al país. Dos años aún son muchos.
La renuncia presidencial es un acto legal, legítimo, democrático y pacífico previsto por la Constitución que en el Artículo 86 establece que el “cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”. Los asuntos relatados, varios por sí solos y definitivamente en su conjunto, son causas graves.

Además, la Constitución es clara sobre el mecanismo de sustitución. Se trata de un procedimiento que hace factible y deseable la renuncia tanto por sus consecuencias como por la certeza que genera para una transición legal, legítima, democrática y pacífica. La Carta Magna señala que en “caso de falta absoluta del Presidente de la República” el Congreso debe nombrar a un Presidente Substituto que concluya el periodo presidencial. Este nombramiento deben hacerlo ambas Cámaras del Congreso con una asistencia de por lo menos dos tercios de sus integrantes y una votación de mayoría. En lo que ocurre esta elección, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo hasta por 60 días (Artículo 84). Cabe señalar que este Presidente Provisional no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores ni podrá desempeñarse como Presidente de la República en modalidad alguna. Esta prohibición también aplica para el Presidente Substituto. Es decir, no hay espacio para la reelección (Artículo 83).
La renuncia de un presidente no es un hecho aislado. En los sistemas parlamentarios, las interrupciones anticipadas de los mandatos es una práctica cotidiana. Recientemente David Cameron renunció como Primer Ministro del Reino Unido luego de su fallida apuesta en el Brexit y aun así la normalidad democrática prevaleció. No obstante, en la Latinoamérica presidencialista hubo 15 interrupciones de mandato entre 1980 y 2010 y si bien las lecciones fueron variadas en función de la aceptación o no de las reglas constitucionales durante las transiciones, el saldo de las renuncias como mecanismo de rendición de cuentas sí termina favoreciendo a la democracia en el largo plazo.
A la clase política no le gusta esta propuesta. Morena y su candidato creen que van a ganar en 2018 y no quieren que cambien los status quo pues quebrantaría la certeza de una victoria que consideran en sus manos. En el PAN hacen cálculos similares porque luego de las gubernaturas ganadas en 2016, consideran que las próximas elecciones presidenciales son suyas y que si ya vencieron a Andrés Manuel López Obrador una vez, lo pueden hacer de nuevo. El PRI ni quiere pasar vergüenzas ni desgastarse en una lucha fratricida interna que será desatada por la renuncia. Esos son sus problemas, sus cálculos.
Sin embargo, salir a las calles y exigir la renuncia del presidente es un asunto de autoestima pues la sociedad mexicana no merece este trato. No podemos permitir que el mundo nos vea como unos estúpidos que aguantan todo. Es indispensable superar la culpa, los miedos, la penita, los prejuicios y la creencia de que no podemos controlar de nuestra vida ciudadana. Basta de guardar apariencias y cumplir con lo creemos se espera de nosotros por parte de quienes nos consideran vasallos. Es un asunto de dignidad. Es un precedente justificado para que futuros mandatarios no vivan en la creencia de que no tienen límites, de que sus actos no tienen consecuencias, de que el pueblo está dócilmente a su servicio, de que crean que somos eternamente súbditos y no ciudadanos.
Para vislumbrar un tránsito pacífico, no hay más que apegarse obsesivamente a la Constitución. Pero el día después también cuenta. Por ello, el próximo gobierno debe enfocarse en dos tareas principales: detener y revertir la espiral de desigualdad, impunidad y corrupción que corroen a los asuntos públicos y, segundo, debe garantizar la celebración de elecciones limpias e imparciales en 2018 que avalen una transición pacífica y democrática. La tarea de la sociedad será articularse y crear un frente que influya decisivamente en las agendas de las candidaturas de esas mismas elecciones a partir de argumentos sólidos y propuestas concretas.
México debe recuperar su dignidad y sus ciudadanos tenemos la obligación moral, por nuestro propio bien común, de luchar por ello. Es la hora de la dignidad.