Texto del mensaje
H. Puebla de Zaragoza a 20 de diciembre del 2016
A los familiares de las víctimas de feminicidio
A los familiares de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria
A las víctimas del Terrorismo de Estado por motivos políticos y sociales
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los organismos defensores de derechos humanos
Al pueblo Mexicano
Los feminicidios son un elemento más de la estrategia del Estado Mexicano contra el Pueblo
El Feminicidio y su uso Político-Policíaco-Militar del Gobierno en su estrategia contrainsurgente contra el pueblo mexicano
La tipificación de Feminicidio en el ámbito penal es producto de la exigencia de justicia de las familias para las víctimas de éste crimen, así como de los sectores populares organizados y espontáneos que desde diferentes espacios luchan contra el Terrorismo de Estado. Sin embargo, su tipicidad jurídica en México es endeble debido a la amplia subjetividad señalada en las siete circunstancias que se plasma en el artículo 325 del Código Penal Federal y las nueve indicadas en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla. Además tanto en Puebla como en el país, la investigación científica y técnica en el ámbito pericial se distingue por la carencia de peritos e instituciones especializadas.
Ante la opinión pública los casos de feminicidio se banalizan por la ausencia de profesionalismo de los medios masivos de comunicación que intencionalmente menoscaban la dignidad de las víctimas, las revictimizan haciéndolas responsables de su propio homicidio; se encargan de atacar la investigación periodística profunda con el objetivo de evadir la responsabilidad y el costo político de los grupos de poder político y económico involucrados en los casos.
Como paladines del régimen se encargan de producir la visión de que el feminicidio es un problema entre particulares, una realidad de casos aislados sin relaciones ni causales entre sí, cuyo fin es ocultar a los responsables directos e indirectos de este tipo de actos criminales, para ello culpabilizan a la sociedad, emplean morbosamente la información para convertirla en amarillismo y en nota roja, y sobre todo pretenden que la impunidad y la violencia sean consideradas como situaciones normales y del todo tolerables.
El manejo mediático y político de los casos de feminicidio en México tiene su principal antecedente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con las muertas de Juárez, en el que se presentaron cientos de feminicidios en la zona de maquiladoras estadounidenses del estado de Chihuahua colindante con Texas, uno de los mayores estados industriales de los Estados Unidos de América; posteriormente la situación de los feminicidios se generalizó en los demás estados de la frontera norte y después en todo el país, principalmente en las regiones en las que se encuentran recursos naturales como hidrocarburos, minas o donde se desarrollan proyectos energéticos.
Las características de los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto del país presentan múltiples similitudes: La importancia de un espacio estratégico para el comercio o el trasiego de armas, narcóticos, gas, petróleo, o la extracción de éstos y otros recursos; la entrada de gran capital trasnacional en asociación con oligarcas mexicanos; el incremento y diversificación de grupos especializados en cometer ejecuciones, desapariciones, tortura, que tienen acceso a armamento y hacen uso de estrategias policiales y militares; así como la manipulación de la opinión pública principalmente en radio y televisión que sólo muestra un enfoque amarillista y parcializados de los casos ante la denuncia por parte de los medios independientes y organizaciones populares que señalan la participación de grupos gubernamentales y empresariales con poder económico, político y armado que muchas veces rebasan las fronteras nacionales.
Se suman crímenes como la trata de mujeres con fines de explotación sexual; en cuya ejecución, adolescentes y niñas son sustraídas de comunidades y zonas marginadas bajo engaños de sus captores para posteriormente iniciarlas en el negocio ilícito de la prostitución, trasladándolas a las urbes e incluso traficándolas a países como Estados Unidos principalmente. La trata de personas se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, ya que genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente; cifras de sumo interés como parte de la acumulación y centralización del capital que omiten por completo la dignidad, la libertad y la vida de la víctima.
Numerosos ejemplos han salido a la luz de cómo funcionarios públicos de los diferentes niveles, se encuentran inmersos en este negocio; zonas específicas en lo largo y ancho del territorio son del conocimiento público; zonas en las que estas mafias han operado por años con total impunidad y libertad, como es el caso de Tenancingo, municipio fronterizo entre los estados de Tlaxcala y Puebla, ejemplo claro que evidencia una vez más que la violencia y la descomposición social dimana del propio Estado, en donde la mujer se transforma en una mercancía privándola de su condición humana y con ello queda a merced de ser desechada cuando su vigencia haya concluido, mujeres ejecutadas por las mafias de tráfico de personas y prostitución que no son parte de las cifras oficiales y que las más, permanecerán en el anonimato victimas de múltiples delitos, entre ellos el de feminicidio.
Ante las características que poseen los feminicidios y que se encuentran también presentes en otras formas de violencia contra mujeres y hombres, sin importar su edad; es importante recordar que en nuestro país se llevó a cabo una etapa particular de una política trasnacional planificada desde los Estados Unidos de Norteamérica conocida como Guerra de Baja Intensidad (GBI), en la que a partir del mandato norteamericano, funcionarios públicos, elementos policiales y militares en nuestro país, ejercen una guerra en contra del pueblo, en la que se combinan fuerzas y estrategias militares, grupos armados, entrenados y financiados por el ejército y el gobierno conocidos como paramilitares, se emplean aún para generar conflictos, perseguir y ejecutar personas.
La Guerra de Baja Intensidad también se desarrolla en el ámbito económico, con la criminalización de la pobreza, la negación de las condiciones básicas de vida, de acceso a la justicia y el bienestar, por parte del Estado, a través de sus instituciones; la generación o el aumento de las condiciones que propagan la marginación y recrudecen la pobreza. En el ámbito psicológico opera entre tantas medidas al inventar chivos expiatorios y trazar cortinas de humo para encubrir a los responsables de problemas sociales, políticos y económicos; su manejo más significativo está en provocar la desconfianza y el terror entre la población cuya función es impedir la participación del pueblo en general en el auge de movimientos populares a escala internacional como lo fue la llegada de gobiernos progresistas en América Latina, los movimientos que pugnan por el socialismo, la defensa popular de los derechos humanos, de género, a favor del reconocimiento de las minorías, etc.
A partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la política de Guerra de Baja Intensidad ha acatado fielmente el planteamiento de guerra psicológica de la agenda norteamericana, el terrorismo internacional se inventa como el nuevo enemigo a combatir para justificar invasiones militares, mientras que en México, desde el Estado se articula a grupos criminales con alto conocimiento militar para después, con el pretexto del combate a la llamada Delincuencia Organizada se persiga a las organizaciones y personas que se oponen al régimen, además de atacar al pueblo en general.
A partir de la Guerra de baja Intensidad, también se ejecuta la violencia de género que tiene en el feminicidio una de sus más crueles culminaciones, éste tipo de crímenes lleva per se formas de destrucción humana en un contexto en el que la estructura del gobierno mexicano y el Estado mismo, se encuentra en un alto grado de descomposición, tal como lo manifiestan también hechos como el descaro con que actúan los perpetadores de fraudes financieros al erario, siempre con participación de funcionarios públicos, la impunidad que permite a los agentes del Estado cometer crímenes de lesa humanidad, como las múltiples desapariciones forzadas, tortura en campos militares e instalaciones de policía, la utilización de grupos paramilitares para destruir procesos organizativos que plantean un proyecto diferente de país, que se presenta mayoritariamente contra comunidades indígenas.
La implementación del Terrorismo de Estado, como una de las formas en las que se hace evidente la Guerra de Baja Intensidad, es una medida ejercida para controlar el descontento social y conducir, fomentar y prolongar violencia contra el pueblo mexicano, necesaria para beneficiar a una oligarquía nacional y transnacional que pretende mantenerse en el poder, a costa de millones de vidas humanas. Es decir, la violencia de género en México, es otro de los elementos con que se lleva a cabo la opresión de clase, seguida de las formas de discriminación étnica, racista, xenofóbica, migrante.
Se ha documentado desde la historia que los grupos oligárquicos que operan detrás del Estado Mexicano emplean mafias como mecanismo para eludir su responsabilidad en las crisis económicas y políticas que sobrevienen en el país por el sistema económico que impera, así mismo las emplean para destruir el tejido social por medio del pánico, miedo y terror, con ello, generar condiciones de violencia y desconfianza entre la población para evitar que se unifique en procesos organizativos que modifiquen radicalmente las condiciones de vida del pueblo.
Durante décadas el gobierno mexicano ha parido a sus enemigos internos y criminalizado a aquellos que luchan y se organizan contra este sistema de opresión para justificar tácticas policiaco-militares-paramilitares en contra del pueblo: narcoterrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, insurgencia criminal, son algunos ejemplos. No obstante, investigaciones periodísticas dan cuenta de que estos grupos han sido entrenados por el ejército. En sí la delincuencia organizada se construye a partir de grupos de elite con entrenamiento militar en tareas de guerra contra el pueblo o contrainsurgencia, por lo que se señala que gran parte de los casos de feminicidio en Puebla y México corresponden a una forma más en la que el Estado Mexicano y la oligarquía encubierta detrás del mismo, opera la violencia y el terror con fines muy claros, prolongar su estancia en el poder y eliminar a todas las formas posibles de oposición.
Exigir ¡VIVAS NOS QUEREMOS! ¡NI UNA MUERTA MÁS! Implica necesariamente un proceso organizativo que se proponga como objetivo cambiar radicalmente el sistema social que nos oprime, explota y nos confronta entre mujeres y hombres. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) nos solidarizamos con los familiares, amistades y organizaciones que luchan contra este deleznable crimen, llamamos a que se conformen Comités de Familiares para la exigencia de justicia.
COMBATIVAMENTE
¡Juicio y Castigo a los responsables materiales e intelectuales de feminicidios!
¡Ni una muerta más a manos del Terrorismo de Estado!
¡Alto a los feminicidios en México!
¡No más Terrorismo de Estado Contra las Mujeres!
Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS
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Dignidad, Justicia, Libertad
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