La sinrazón de la independencia catalana

LA OTRA OPINIÓN |

 

27-10-2017 04:00 PM

Este viernes, el Parlamento de Cataluña declaró de forma unilateral la independencia de esta provincia de España y aprobó un acuerdo para iniciar el proceso de construcción de una “república catalana como estado independiente”.

Tras el anuncio, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat --gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, perteneciente al Estado español--, afirmó que el Parlamento cumplió el mandato del pueblo expresado en el referendo del 1 de octubre --conocido coloquialmente como 1-O--. Los separatistas estallaron en júbilo en las calles, y la bandera española fue retirada de algunos ayuntamientos catalanes.

En respuesta, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la constitución de aquél país, que permite al gobierno intervenir en las comunidades autónomas cuando éstas incumplen la legalidad. Mientras que el presidente Mariano Rajoy anunció una serie de medidas que incluyen la destitución de Puigdemont, de su vicepresidente Oriol Junqueras, y del resto de los consejeros de la Genearlitat, así como de Pere Soler, director de los Mossos d´Esquadra, policía local catalana.

De igual forma, Rajoy decretó la disolución del Parlamento de Cataluña, y convocó a nuevas elecciones para el 21 de diciembre.

Ahora, el problema es, en primer lugar, ejecutar la destitución del gobierno catalán, que seguramente no estará exenta de la resistencia de Puigdemont y compañía. Y en segundo lugar, ejecutar las elecciones para renovar el Parlamento, que tampoco estarán exentas de las resistencias de los separatistas, quienes alegarán que ya votaron por la independencia en el 1-O. Es difícil imaginar que para la restitución de la normalidad democrática en Cataluña no haya que pasar primero por episodios de violencia.

¿Cómo llegó Cataluña a esta situación?

No cabe duda de que el gobierno español hace lo que le toca. Como garante de la Constitución no puede permitir una secesión que no está contemplada en la ley.

El que no ha actuado con responsabilidad es el Govern catalán.

Hay que recordar que ese “mandato” expresado en el referéndum del 1-O no tiene validez legal. Fue anulado por el Tribunal español y aún así ejecutado por el gobierno catalán sin garantías democráticas. Una elección tan fraudulenta como la elección de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro en Venezuela. Hecha a modo por el Govern catalán para obtener los resultados que el Govern catalán quería.

Las encuestas de los diarios españoles muestran que no todos los catalanes quieren la independencia. Dependiendo su línea editorial, algunos dan un porcentaje ligeramente superior a los partidarios del “no” que a los del “sí”. Los que más abren la brecha se van a un 60-40 en favor de una u otra tendencia.

Pero en el referéndum del Govern catalán, 90.2 por ciento de los participantes votaron por el sí a la independencia. ¿Es eso creíble? En realidad participó sólo el 43 por ciento de la población. Obviamente, quienes acudieron a las urnas fueron los independentistas, no quienes están a favor de permanecer en España.

Habrá muchos argumentos a favor o en contra del nacionalismo, la identidad, etc. Pero lo que no se puede ignorar es que el “mandato” del pueblo al que se refiere Puigdemont no existe. En primer lugar, porque el referéndum y el proceso de separación no tienen fundamento jurídico. Y en segundo, porque los independentistas son una mayoría artificial que pretende imponer una decisión a todos los catalanes.