Narcos protestan… ¡por precio de Cheetos y Doritos en penales!
No es broma. Incluso los internos ya acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor para reclamar los precios excesivos en las tiendas de las cárceles.
Líderes del crimen organizado, secuestradores y capos del narcotráfico que se encuentran internados en los penales federales en Jalisco y el Estado de Méxicoprotestaron en contra del aumento de precios en las tiendas del Sistema Penitenciario.
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Resulta que los probables merecedores de una amnistía por parte del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo están pasando muy mal en prisión. Y es que les subieron el precio a las “papitas” de su preferencia.
No es broma. Incluso los internos ya acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor para reclamar los precios excesivos en las tiendas de las cárceles.
De acuerdo con la máxima instancia reguladora de precios y atención al consumidor, las quejas que llegaron a la Profeco son varias. Los presos han llegado a pagar hasta 60 pesos por una bolsa de Cheetos y 83 por una de Ruffles.
No solamente las papitas tuvieron un incremento en sus precios. Los internos vieron un desgaste en su bolsillo con el incremento en los precios de cereales como Choco Krispis y Zucaritas. Una porción de 38 gramos equivale a 9.50 pesos.
Parecido a los precios de las salas de cine en México, tales como Cinépolis o Cinemex, los residentes de los penales federales tienen que pasar inclemencias para costear un litro de Coca Cola, que cuesta 34 pesos.
En la queja firmada por los reos, se explica que fue en octubre pasado cuando se reconfiguró el sistema de tiendas en los Ceferesos, y desde entonces los precios de la comida chatarra, productos para el aseo y papelería tuvieron un incremento en sus precios de alrededor de un 20 por ciento.
Si bien se podría tomar como un descaro y hasta broma, la situación se torna opaca en cuanto al manejo de los recursos del sistema penitenciario. ¿Quién maneja esas tiendas?
En primer lugar, el reglamento de los Centros Preventivos y Readaptación Social,señala en sus artículos 10 y 44, que queda prohibido la existencia de negocios de personal o de los internos en el establecimiento. Respecto a los expendios, estos serán administrados por el Director del Penal.
Sin embargo, en dicho reglamento se expone también que el director, está facultado para interpretar los reglamentos, así como para resolver los casos no previstos en los mismos. Es decir, dejan abiertas varias posibilidades a manos del responsable de cada penal.
Por ejemplo, en Jalisco y Estado de México, las tiendas que operan al interior del sistema penitenciario y que según las autoridades, se volvieron un mecanismo de financiamiento del crimen organizado en las entidades, están lejos de retornar a la rectoría plena de dichos gobiernos estatales.
Cada una de las 38 tiendas carcelarias en Jalisco las maneja un recluso cuyo nombre está clasificado como confidencial. De 2009 a 2015, las utilidades de la Operación de la Comercializadora de Fiscalía intermediaria de las tiendas en el estado, pasaron de437 mil pesos a 13 millones 134 mil 456 pesos.
En el caso de Baja California, de acuerdo con los dictámenes de fallo de tres licitaciones públicas para el suministro a la dependencia del gobierno que administra elSistema Estatal Penitenciario, y que corresponden a 2014 y 2016, uno de los proveedores más beneficiados es la empresa mexicalense, Magova Comercializadora y Prestadora de Servicios.
Es decir, en dos años, la SSP estatal pagó casi 77 millones de pesos en el suministro de cigarros, bebidas y tarjetas electrónicas que vendió a los poco más de 12 mil reos que viven en las cárceles de la entidad.
En todos los casos, el reglamento llama a respetar los precios oficiales de los productos que se expenden prisión. La responsabilidad es del director de cada prisión, quien administra y decide con quién hace convenios y qué internos estarán al frente de la venta de insumos.
En el caso de las denuncias ante la Profeco y, aunque las cartas denuncian que este es el precio que pagan también los familiares que visitan estas cárceles, entre los firmantes destaca que hay capos del crimen organizado como Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez, e Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
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