La violencia en México es un fenómeno político en que las diferencias entre gobierno y crimen organizado se diluyen
Investigadores y expertos del Colegio de México, UNAM, CIDE y el Senado coincidieron en que los inéditos niveles de violencia en el país son consecuencia de una descomposición del ámbito político.
La violencia en México está ligada a un proceso de corrupción política que genera límites difusos entre gobierno y crimen organizado. Un fenómeno que forma parte de un proceso histórico sin precedente y que viene de la mano con el cambio de régimen político a partir de la alternancia en el poder, coincidieron investigadores durante el foro Violencia y Paz, realizado en el Senado de la República.
Para Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México, los periodos de violencia en México hasta antes de la crisis actual habían estado vinculados a una lucha por destruir y transformar el orden político vigente. Y por ello, la ausencia de este componente revolucionario en el periodo actual, hace que la violencia actual no tenga precedentes en la historia del país.
"México tiene sus etapas de violencia aguda y está relacionada la primera de ellas con la destrucción del orden político que se estableció en la colonia. Los años del México que va intentando formarse como nación llevaron a una vida muy difícil en las ciudades pero sobre todo en el campo. La vida de mediados del siglo XIX, donde había que pensarla tres veces antes de venir de Puebla a la Ciudad de México, de los asaltantes de Río Frío y una plaga de violencia y asaltos", explica Meyer.
"Luego ya en el Porfiriato se disminuye notablemente. El Estado comienza a tomar fuerza y, por las buenas o por las malas, impone un cierto orden sin que se elimine la criminalidad. La Revolución Mexicana destruye dicho orden y vuelve a haber en algunas regiones como Michoacán, con formas muy brutales de explotación y una vida sin ley, pero el orden se vuelve a consolidar", añade.
Lo notable de ahora es que no ha habido ninguna revolución ni una destrucción formal del orden y sin embargo es una violencia que se asemeja a aquellas cuando no estaba presente el Estado".Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México
"Ahora sí está el Estado y sin embargo, tenemos estos niveles de violencia. De que exista la estructura formal del Estado que por otro lado se tengan estos niveles de violencia, en eso no hay precedente", agrega el investigador emérito del Colegio de México.
Para Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y uno de los mayores expertos del país en lo referente a la política antidrogas, el repunte de la violencia en las últimas décadas tiene que ver con la manera en que cambiaron las relaciones entre el gobierno y los grupos criminales durante la época de la alternancia en el poder.
"En la época de hegemonía del PRI, son siete décadas de un sistema político en el que surgió uno de los fenómenos que más dolores de cabeza nos sigue dando: la ilegalización de sustancias psicoactivas que se ha convertido en un negocio muy rentable, el tráfico de drogas", explica Astorga.
Y esto se debe a que los mecanismos de control utilizados por el viejo régimen autoritario del PRI dejaron de ser funcionales en un contexto de alternancia partidista.
"Esa parte del campo criminal nace subordinado al campo político desde los inicios del siglo XX, en la época posrevolucionaria, y eso nos puede ayudar a entender mejor por qué cuando llegamos a la alternancia política, este sistema de controles que tuvo mucho éxito durante décadas, deja de ser funcional. Y deja de ser funcional porque los mecanismos de control que tuvo un solo partido se empiezan a desintegrar, y esto va a la par de la alternancia política", agrega.
En este sentido, Astorga sitúa en la década de 1980 como el periodo en que inician "estas tendencias preocupantes" en las relaciones, que históricamente habían sido de insubordinación, entre el campo de la política y el campo criminal.
"La relación de las organizaciones criminales en el nivel local empezaron a diferenciarse y de un control que se tenía de las organizaciones criminales desde el poder central, los poderes locales tuvieron distintas maneras de relacionarse entre el poder político y el poder criminal. Esto podía ser de asociación, hacerse de la vista gorda o coordinarse entre las distintas instancias del gobierno para aplicar una cierta política de seguridad en el país", señala.
"Por eso hemos visto desde hace tiempo una especie de corto circuito entre las directrices del gobierno central y a nivel local en materia de seguridad", concluye el experto de la UNAM.
Un punto en el que coincide Froylán Enciso, investigador del CIDE, coincide en que el fenómeno de la violencia en el país se debe a un contexto global, pero también a procesos sociales en el ámbito nacional y local, donde los límites entre gobierno y crimen organizado se diluyen.
"La violencia tiene que ver con estos fenómenos nacionales, con la creación de un estilo de gobernanza que no es precisamente democrático, una gobernanza donde no hay una diferencia nítida entre lo legal e ilegal, entre la esfera política y la esfera criminal", afirma el experto.
La corrupción y el fracaso de las políticas de seguridad
Otro de los aspectos clave para entender el histórico repunte de violencia, tiene que ver con la corrupción.
Y es que de acuerdo con investigaciones del Colegio de México, existe una correlación entre las entidades con mayores índices de corrupción administrativa, inseguridad y violencia.
"Estados que tienen altos índices de corrupción son más inseguros y también son más violentos. Encontramos una y otra vez, no solamente ahora sino que ha sido una constante en los últimos 15 años", señaló el investigador del Colegio de México, Fernando Nieto.
De acuerdo con el experto, existe una correlación entre los niveles de corrupción administrativa y los niveles de inseguridad y homicidios en los estados, por lo que se puede concluir que a mayor corrupción, mayor violencia.
Hay estados que saltan como Morelos y Chihuahua, Sinaloa también. Y aquí el caso atípico es Guerrero, que tiene una tasa de homicidios muy por encima de la media nacional pero cuya tasa de corrupción como la mide INEGI, no está por encima de la media. pero la tendencia general en el resto de los estados sigue siendo positiva", agregó.
Un facto determinante para entender por qué muchas de las políticas de seguridad pública impulsadas en la última década arrojan tan pobres resultados.
"Las políticas públicas son incompletas, inacabadas, improvisadas, a merced de los ciclos de gobierno y las voluntades de los mismos, y que puede ser por la ineficiencia, la corrupción o por la convivencia con los grupos criminales", indicó Raúl Zepeda Gil, especialista del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
"Mientras no haya la construcción de confianza, en este caso en las Policías, en el sistema judicial, a los gobiernos en general, va a seguir habiendo dentro del ánimo social la necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas como última alternativa", concluyó el experto tras hacer un recuento de las investigaciones a nivel regional presentadas durante el foro realizado en el Senado.
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