La Ministra Sánchez Cordero ha hecho sus sumas. Tiene una cifra que no le cuadra: 40 mil desaparecidos. Pero si sólo en Veracruz calcula unos 20 mil, y otros tantos en Tamaulipas, entonces el dato se dispara: podrían ser 300 mil los ciudadanos de este país que podrían estar regados en cementerios clandestinos o ya desaparecidos para siempre en ácido o calcinados. Nadie sabe. Peña prometió al menos un censo y nunca lo hizo. El reto para el próximo Presidente de México es brutal.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Nadie sabe cuántos son. Le rascan a la tierra y salen cuerpos pero nadie sabe, en realidad, en dónde están 40 mil o cien mil ciudadanos mexicanos que han desaparecido desde que el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas y desató la peor matanza del México contemporáneo. Enrique Peña Nieto, quien deja el cargo el próximo 1 de diciembre prometió que, al menos, habría un padrón. Nunca se hizo. Sigue siendo la gran deuda con las familias de las víctimas. Tampoco lo hizo Calderón.
La Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero dice que en dos últimos sexenios hubo 40 mil desaparecidos. Pero esa misma cifra se confronta con otra que ella misma tiene: sólo en Veracruz van 20 mil y una cifra similar en Tamaulipas. Entonces el dato dispara: la próxima Secretaria de Gobernación ha dicho que podrían ser 300 mil.
Desde el inicio de la guerra en México, pero sobre todo en los últimos años, familiares –principalmente mujeres– se han congregado en distintas organizaciones para emprender la búsqueda. Algunos grupos son más pequeños que otros, menos visibles. Pero son igual de efectivos: rascan la tierra, recurren a información que se les hace llegar de manera anónima o a su propia intuición. Así se han rescatado a miles de las fosas clandestinas en las que los grupos criminales, multiplicados y sin control, esconden a sus víctimas.
Muchos, sin embargo, no volverán. Reportes de cuerpos disueltos en ácido o quemados en combustibles brincan desde Baja California hasta Guerrero, pasando por Tamaulipas y Coahuila, Sinaloa y Chihuahua.
“México es un cementerio”, dicen las madres y organizaciones civiles. Lo mismo cree la Ministra, quien estará a cargo de uno de los puestos más calientes de la administración del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático ha sido la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en manos de policías corruptos.
De acuerdo con registros oficiales, al menos 37 mil 436 personas permanecen no localizadas en México. Los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2007 a junio de 2018, en México han desaparecido 36 mil 743 personas en México.
La mayoría de ellos, en el estado de Tamaulipas, donde según los datos oficiales, al menos 6 mil 131 personas han sido reportadas como desaparecidas; seguido del Estado de México con 3 mil 918 casos; Jalisco con 3 mil 388; Sinaloa con 3 mil 42 casos; Nuevo León con 2 mil 919; Chihuahua con 2 mil 211; Sonora con 2 mil 169; Puebla con 2 mil 73, y Guerrero con 1 mil 807.
LEY MUERTA
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas llamó hoy al Estado mexicano a intensificar las labores de instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y garantizar el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Acusó que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido debidamente instalado, aun cuando ya ha transcurrido el plazo de 180 días establecido en el transitorio sexto de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También exhortó al Gobierno de México a que asuma “la gravedad de la situación de desaparición en nuestro país y a reconocer y corregir las fallas institucionales en materia de acceso a la verdad y a la justicia”. Criticó las declaraciones hechas por el Presidente Enrique Peña Nieto, en un spot difundido ayer, donde asegura que la “verdad histórica” es lo que realmente sucedió con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Al Consejo le consterna, y por lo tanto condena, que el Presidente de la República haya generado el día de ayer nuevos agravios a la dignidad de las víctimas de desaparición, al refrendar una versión de los hechos en el caso de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que ha sido refutada científicamente por órganos nacionales e internacionales”, criticó hoy el Consejo.
“El Consejo considera indispensable que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la adopción inmediata de un plan de fortalecimiento progresivo, a fin de garantizar el crecimiento significativo y rápido de las capacidades institucionales de dicha Comisión, en beneficio de miles de víctimas de personas desaparecidas y sus familias”, llamó.
También recordó que implementación de la Ley General es igualmente importante que la Ley misma. “El Consejo Nacional Ciudadano considera que los retrasos existentes en la puesta en operación de las instancias y herramientas creadas por dicha Ley ponen en riesgo su efectividad. Ello en la medida en que impiden que se avance en la implementación de políticas públicas serias y obstaculizan la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho miles de familias de personas desaparecidas”, dijo.
UNA LARGA AGONÍA
Una vez encontrados los restos de una persona desaparecida, la incertidumbre no termina ahí, pues los familiares deben esperar entre seis y ocho meses para confirmar si se trata o no de su ser querido.
Ante la lentitud de los estudios comparativos de ADN, lo que acrecienta el trauma de los deudos, colectivos de búsqueda se han pronunciado por incrementar los recursos aplicados a investigación e identificación de personas desparecidas.
Al conmemorar hoy el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, rastreadoras en el sur de Sinaloa coinciden en que su trabajo no es sólo buscar, sino lograr identificar los restos humanos encontrados y entregarlos a sus familias, pero no pueden lograr esta misión debido a las carencias que hay en las policías investigadoras y falta de personal.
Para Lucía Espinoza Lizárraga, presidenta de Una luz de esperanza, éste es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan.
“Hay personas que encuentran los cuerpos, y por algo ellas creen que son sus familiares, pero pasa mucho tiempo para que se cumpla el trámite de hacer la comparativa, para ver si efectivamente es su familiar… A nosotros nos interesa mucho esa parte, pues el trabajo de nosotros no sólo es buscarlos”, declaró.
En el contexto nacional, el Movimiento por nuestros desaparecidos en México reclama mecanismos mínimos de búsqueda para la Ley General sobre Personas Desaparecidas.
Esto incluye: programa nacional de exhumaciones e identificación de restos, que abarque líneas de acción para la identificación y registro de fosas comunes y clandestinas; resguardo de restos e identificación de cuerpos y fragmentos humanos.