El pasado 12 de diciembre nació Alianza Ciudadana, el primer grupo de autodefensas surgido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado, la organización detalló que su conformación obedece a “la amenaza externa que representa la presencia de grupos delictivos que han rebasado al gobierno estatal”.
Claro está que el de las autodefensas no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el surgimiento de este grupo sí debería ser un foco rojo para el nuevo gobierno, toda vez que este tipo de organizaciones pueden convertirse en caldo de cultivo para el recrudecimiento de la violencia en la región.
Y es que, en rigor, las autodefensas son formas legítimas –aunque no legales– de combatir el crimen y la violencia que azotan a algunas zonas del país, así como de paliar la inacción o ineficacia del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
No obstante, en la práctica, estos grupos suelen convertirse en fachadas para la operación de grupos delictivos, herramientas del crimen organizado para combatir a sus rivales, o simplemente en generadores de violencia.
Al respecto, bien valdría la pena recordar la fallida experiencia de la administración de Enrique Peña Nieto.
Hay que recordar que el 24 de febrero de 2013, los grupos de autodefensa de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán se levantaron en armas para combatir los abusos, las extorsiones y el cobro de piso que realizaba en la Tierra Caliente de Michoacán el cártel de Los Caballeros Templarios.
A estos alzamientos siguieron otros en municipios aledaños en Michoacán que desataron una ola de violencia sin precedentes en la entidad.
La amarga experiencia michoacana demuestra que los grupos de autodefensa pueden ser fácilmente infiltrados por el crimen organizado, o mutar en organizaciones criminales
Por ejemplo: José Juan Farías, alias “El Abuelo”, uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, resultó estar ligado al “Cártel de los Valencia”. Apenas en mayo de este año fue detenido una vez más por supuestos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
También está el caso es el de Luis Antonio Torres, alias “Simón El Americano”, otro de los protagonistas del alzamiento de las autodefensas, que al poco tiempo fue separado de la organización bajo acusaciones de estar vinculado con Servando Gómez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Luego del conflicto, Torres pasaría a encabezar su propia organización delictiva: “Los H3”.
Entonces, ¿qué hacer ante el problema de las autodefensas?
En el caso de Michoacán, Enrique Peña Nieto intentó desarmar a las autodefensas e institucionalizarlas en una suerte de policía rural que posteriormente disolvió el gobernador Silvano Aureoles.
A todas luces, la estrategia falló, pues lejos de institucionalizarse, algunos grupos –como el encabezado por “Simón El Americano”– pasaron a convertirse en células criminales y cuatro años después siguen generando violencia.
Habrá que ver qué estrategia emprende el gobierno obradorista. Pero la hipermilitarización de la seguridad a través de una Guardia Nacional no luce como una buena combinación con la presencia paralela de civiles armados combatiendo al crimen organizado.