“Una de las causas de este escenario de violencia y despojo apunta a las políticas neoliberales que se han impulsado en México en las últimas décadas, como las del sector minero y energético, que han permitido la imposición desmedida de megaproyectos en territorios indígenas y campesinos sin respeto a la libre determinación de las comunidades”. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro
Por Edmundo del Pozo*
En tributo a Samir
El lamentable asesinato del defensor Samir Flores, unos de los principales líderes de la resistencia contra la termoeléctrica de Huexca, Morelos, se suma a lista de trece defensores y periodistas que ha sido ejecutados antes de cumplirse los 100 días de la actual administración. El hecho, aunque causa profundo dolor no resulta sorpresivo, sino que es parte de la grave crisis en derechos humanos que se ha venido padeciendo en los últimos años.
En lo relacionado con la defensa del territorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía en 2015 que: “Cuando se trata de violencia en territorios o comunidades indígenas donde se ubican grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas”. [1] Entre 2010 -2017 se registraron 391 casos de ataques a defensores ambientales, de estos 29 fueron asesinatos solo en el último año. [2]
Una de las causas de este escenario de violencia y despojo apunta a las políticas neoliberales que se han impulsado en México en las últimas décadas, como las del sector minero y energético, que han permitido la imposición desmedida de megaproyectos en territorios indígenas y campesinos sin respeto a la libre determinación de las comunidades. Tal es el caso del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca. Un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación de Yautepec y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros. La inversión se ha calculado en unos 1,600 millones de dólares.
Sin embargo, desde 2009 el megaproyecto enfrentó la resistencia de las comunidades y de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, a la que pertenecía el joven campesino e indígena nahua Samir Flores. Entre las denuncias que dieron lugar a diversos amparos estaba la falta de una consulta previa, libre e informada a las comunidades, así como posibles daños ambientales, el desabasto y la mala calidad del agua.
Es de llamar la atención, que la lógica de lidiar con el conflicto por parte del gobierno entrante no ha sido muy distinta a la de las administraciones de corte neoliberal. En primer lugar, hay una apuesta por continuar impulsando este proyecto de gran escala – y otros como son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico – con base en razones económicas y en algunas promesas sociales, como la rebaja de las tarifas eléctricas. Pero deja de lado los impactos sociales, ambientales y en derechos humanos del PIM.
En segundo lugar, propuso una consulta exprés que se llevó a cabo el pasado 23 y 24 de febrero, más allá del resultado que arrojó, lo que interesa subrayar es que este ejercicio pasó por alto las obligaciones internacionales en materia de pueblos indígenas, que exigen a los gobiernos entablar un diálogo de buena fe con las comunidades afectadas por los proyectos, con pleno respeto a sus tiempos y formas de decisión, y de forma previa, libre e informada. De tal suerte, la consulta ciudadana ordenada por el Ejecutivo, reducida a votar a favor o en contra del proyecto, en modo alguno es sustituta de la consulta indígena prevista en el Convenio 169 de la OIT. Por el contrario, de forma peligrosa desdibuja y desplaza esta obligación internacional, en tanto que acentúa las violaciones a los derechos de las comunidades que han dado desde 2009 por la instalación ilegal de las diversas obras del PIM.
Este proceder envía, además, una mala señal a los pueblos indígenas con los que este Gobierno se ha planteado un nuevo tipo de diálogo, basado en el respeto a su libre determinación y autonomía, pero que en los hechos comienza a demostrar una continuidad con las administraciones anteriores a la hora de implementar megaproyectos sin consultar adecuadamente a las comunidades [3], que profundizan la violencia a nivel comunitario, como muestra el caso de Samir Flores.
Ante el hecho, la respuesta del Ejecutivo fue de condena, pero no vaciló en continuar con su plan de consulta pública ni en reconsiderar la viabilidad del megaproyecto, a pesar de haber sido de las principales demandas del líder campesino y el movimiento de resistencia al PIM. Si la 4T pretende dar un giro radical al sistema neoliberal y a la estela de crímenes contra defensores que este modelo ha dejado, no basta recuperar el control del Estado sobre la actividad económica, sino que debe replantearse a fondo la lógica extractivista e intensiva de los grandes planes y proyectos de inversión, que provocan daños irreparables en el ambiente, los territorios y modos de vida de las comunidades. De continuar en este “tren de desarrollo” la resistencia de los pueblos se redoblará. Así lo acaba de demostrar la nutrida marcha del pasado 22 de febrero donde se reclamó justicia inmediata para Samir, el rechazo a la consulta gubernamental y al PIM. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, convocante de la movilización, también realizó un conjunto de acciones este fin de semana para evitar lo que denominaron “el circo de la consulta”. [4]
*Coordinador del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar
[3] Véase, Informe sobre la situación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fundar. Centro de Análisis e Investigación y la Fundación para el Debido Proceso, enero de 2019. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5528-de-la-consulta-a-la-libre-determinacion-de-los-pueblos-informe-sobre-la-implementacion-del-derecho-a-la-consulta-y-al-consentimiento-previo-libre-e-informado-en-mexico