miércoles, 3 de julio de 2019

Obrador, el “dictador”

Panistas se rasgaron las vestiduras para detener la “Dictadura Obradorista” o eso pensaron hacer, este martes, durante una sesión en la Cámara de Diputados, al alzar una manta que decía “#NoALaDictaduraObradorista” y negarse a retirarla, razón por la cual se atoró la reforma por la que se creará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la figura de los delegados de programas sociales

Redacción
La reforma por la que se creará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la figura de los delegados de programas sociales se atoró este martes en la Cámara de Diputados porque los legisladores del PAN desplegaron y se negaron a retirar una manta que decía “#NoALaDictaduraObradorista” y tenía una foto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con la bandera venezolana de fondo.
Después de que la reforma quedara aprobada en lo general y cuando había que pasar a la discusión de artículos en particular, los panistas, que durante las tres horas de discusión fueron los más férreos opositores, comenzaron a gritar “no al dictador, no al dictador”, mientras del lado de Morena gritaban “es un honor estar con Obrador”.
El presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, declaró primero un receso para que el pleno volviera al orden y señaló que por reglamento la manta no podía quedarse expuesta, pero ante la negativa, levantó la sesión. Sin embargo, a los pocos minutos pidió a los coordinadores parlamentarios reunirse para acordar una nueva sesión, que más tarde se convocó a las 7 de la noche para discutir las 159 reservas registradas, y que las reformas puedan ser enviadas posteriormente al Senado.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedaron aprobadas en lo general con 305 votos a favor de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y el Partido Verde (PVEM), por lo que varios diputados opositores habían criticado que como regalo de cumpleaños a López Obrador, el Congreso le estaba regalando esta aprobación de “aplanadora”.
Se abstuvieron 62 diputados, del PRI y el PRD, que manifestaron que aunque no estaban del todo de acuerdo, no serían obstáculo para que el nuevo gobierno se organice como crea conveniente. Y hubo 96 votos en contra, de las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC).
La panista Adriana Dávila, la más dura contra la reforma, aseguró que con esta iniciativa empieza realmente la “Cuarta Transformación” porque tiene el sello del autoritarismo en cómo se está creando una “súpersecretaría” de Seguridad, que concentrará funciones que le quita a la Secretaría de Gobernación. Alan Falomir, de MC, incluso comparó al futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con Arturo “El Negro” Durazo, poderoso jefe de la policía capitalina en los años 70.
El también panista Jorge Romero hizo énfasis en que Morena mismo estaba por eliminar todo tipo de contrapesos al crear la figura de delegados, que concentrarán el poder en los estados y transgreden el federalismo.
Los morenistas, en contraste, defendieron que los gobiernos anteriores habían sido irresponsables al ignorar las necesidades de seguridad pública del país, y que la creación de delegados responde a un nuevo diseño institucional que evitará la corrupción.
La reforma a la Ley de la Administración Pública también cambiará el nombre de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por la de Bienestar, y la de Agricultura (Sagarpa) por de Agricultura y Desarrollo Rural. Además concentra las compras del gobierno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también asumirá el control sobre la designación de los oficiales mayores de cada dependencia.
Por la mañana, el pleno de la Cámara de Diputados había discutido y aprobado aparte otra modificación a esta misma Ley, pero al artículo 21, para otorgar al presidente el poder de crear por decreto tres tipos de comisiones: intersecretariales, con funcionarios de distintas dependencias; presidenciales, en las que puede haber exfuncionarios y miembros de otros poderes u órganos de gobierno; y consultivas, en las que participarán especialistas o representantes de la sociedad civil, para emitir una opinión sobre algún tema específico, sin conclusiones vinculantes.
La intención de esta reforma fue permitir que el 1 de diciembre se cree una comisión especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa atacados en Iguala, Guerrero, en 2014.
Con información de Sin Embargo

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