El responsable de que el país no crezca es el gobierno: Coparmex
El 1 de septiembre pasado, por la noche, la Oficina de Comunicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió a los medios su balance acerca del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento, la institución reconoció el compromiso con la austeridad en el uso de los recursos públicos –un ahorro por 145,000 millones de pesos–, así como la colaboración con los gobiernos estatales para hacer un reparto equitativo de los recursos y favorecer a los estratos de la sociedad que han permanecido desprotegidos.
La Coparmex también reconoció las faltas que han resultado costosas para el país y que ponen en riesgo las oportunidades del país hacia adelante, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, los recortes presupuestales al Coneval y al INEGI, la anulación de la reforma educativa, el congelamiento de la reforma energética –mediante la suspensión de las rondas petroleras y las subastas de electricidad– y el fin de iniciativas sociales, como las estancias infantiles.
Para hablar sobre estos y otros temas de interés para los empresarios y hombres de negocio, platicamos en exclusiva con Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex.
AN: Para muchos analistas económicos, el Presupuesto de Egresos 2020 es frágil y está enmarcado en un contexto económico nacional e internacional adverso y de múltiples riesgos. ¿Cuál es el punto de vista de Coparmex?
-Lo que se presentó fueron tres documentos, cada uno con sus propias características: los Criterios Generales de Política Económica, el Presupuesto de Egresos 2020 y la Ley de Ingresos de la Federación, con las leyes complementarias.
En general, en lo que respecta a la perspectiva económica, nos parece que, aunque es un documento ortodoxo, es excesivamente optimista. Está diseñado partiendo de la premisa de que todo irá bien; de que nada fallará [no habrá ningún sobresalto en el ámbito internacional, se mantendrá un crecimiento importante en la producción petrolera, se logrará contener la inflación]. Sin embargo, este equilibrio es precario.
Si el documento de política económica es aprobado, será sumamente importante que desde enero el gobierno federal haga un seguimiento muy puntual para asegurarse de que ninguna de las condiciones haya cambiado: el ambiente externo, la producción petrolera, la forma en que se monitorean las reservas, lo que sucede con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, la evolución del crecimiento. De esta manera, si alguna de las variables cambia, el gobierno podría hacer los ajustes de corrección.
Hablando particularmente del presupuesto, el presidente ha cumplido con la promesa de que esté equilibrado. Sin embargo, nos preocupa que se esté cambiando el corto plazo por el largo plazo. Es decir, reconociendo que el país tiene graves problemas de pobreza extrema y de marginación, la parte sustancial de los recursos se está yendo a transferencias de efectivo directas a la población. Esto es una gran aspirina que se está suministrando a millones de mexicanos, pero no va al fondo del problema, el cual tiene que ver con la capacidad del país para generar más empleos formales, mejor remunerados. Y para crear este tipo de empleos es indispensable que haya mayor inversión pública, sobre todo en infraestructura. Si no se construyen más hospitales, más escuelas, más aeropuertos, y no se mejoran los puertos existentes y los caminos que van a las comunidades, difícilmente las empresas tendrán la capacidad para ser productivas y generar empleos que se traduzcan en bienestar. [La transferencia de dinero] es una apuesta de corto plazo. Nos hubiera gustado encontrar un balance más equilibrado entre lo que es inmediato, urgente e ineludible, con la visión de futuro.
En cuanto a la Ley de Ingresos y lo relacionado con el ámbito fiscal, vemos un endurecimiento del gobierno en su relación con los particulares. El presidente cumple con su promesa de no incrementar los impuestos en sentido estricto, pero vemos un gran incremento en las retenciones. Por ejemplo: la retención de los ahorradores en el sistema financiero mexicano (la señora que cada 30 días renueva su pagaré o el estudiante que poco a poco incrementa su pequeño ahorro), que antes era de 0.4%, ahora será de 1.45%, si es aprobada. Esto representa un aumento cercano al 39%.
Aunque se cumple con la oferta primordial de no incrementar impuestos, se está afectando la liquidez de los particulares y de las empresas.
AN: Al paquete económico le hacen falta herramientas que estimulen el crecimiento y la generación de riqueza…
Exactamente. La pérdida de enfoque a largo plazo nos preocupa. Si un país no invierte en infraestructura (inversión pública), es como si una familia se repartiera el dinero entre todos sus integrantes y no mejorara el techo de su casa, no asegurara la puerta o no cambiara la estufa de leña por una de gas. En el corto plazo, parecería que hay más dinero para todos; en el largo plazo, las condiciones de vida no mejorarían. Estamos repartiendo dinero entre la familia, pero su casa no tiene mejora alguna.
AN: ¿Qué se necesita para generar crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos?
-Antes de contestar esa pregunta, me gustaría dejar en claro dos cosas. Primero: contrario de lo que se dice por ahí, crecer sí importa. Crecer es casi todo. No podemos aceptar que el país se condene a la mediocridad y que apenas en el primer tramo, en los primeros nueve meses de gobierno, se diga que el crecimiento es una obsesión de los tecnócratas.
Crecer es importante; lo es en México, en China, en los países del norte y en el sur. Va más allá de las ideologías. ¿Por qué razón? Porque el crecimiento, a final de cuentas, es el agregado del esfuerzo colectivo, de la productividad, de las horas trabajadas que, junto con el capital y la tecnología, generan valor agregado. Necesitamos crecer; no hay duda.
En segundo lugar, ningún gobierno había recibido condiciones tan propicias, como el actual, para crecer. Este gobierno recibió estabilidad macroeconómica, una economía con sus fundamentales fortalecidos, una clase empresarial mucho más diversificada y con mucho más acceso al mundo. Y también recibió y fue parte de la gestación de la estabilidad política.
Entonces, no hay pretextos para que no se alcancen niveles de crecimiento cercanos a lo que el propio presidente se planteó como objetivo: 4%, en promedio, durante su administración. Y ahora parece que hay una especie de conformismo, de negación de lo que fue una apuesta. El propio sector empresarial dio su beneplácito y acompañó al presidente en esta intención.
¿Cuál es el factor fundamental para crecer? La confianza. Y debo decirlo con claridad: el principal responsable de que el país no esté creciendo es el gobierno. El principal elemento que ha generado pérdida de confianza, incertidumbre y que ha sido detonador para frenar los proyectos de inversión son las decisiones del gobierno.
El gobierno federal tiene la gran oportunidad de ser un promotor de la inversión y del crecimiento o, por el contrario, ser inhibidor de su desarrollo.
AN: ¿Bajo qué mecanismos, no asistenciales, podría reducirse la pobreza en nuestro país?
-Los programas de transferencias de efectivo que ha planteado esta administración no son los mejores para reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque, paulatinamente, un programa asistencialista tiene que ayudar a la persona que está en condiciones de vulnerabilidad o de fragilidad económica o social a salir de esa condición. Tal como están establecidos, estos programas son solo un paliativo. A lo mejor el dinero ayuda a la gente a mejorar un poco su condición, pero permanece vulnerable.
La única manera real de atenuar la pobreza es con empleo; no hay otra fórmula, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Por eso, crear condiciones de prosperidad es responsabilidad primordial de los gobiernos. Es decir, que quien tenga la posibilidad de empezar una pequeña empresa o una iniciativa de cualquier tipo realmente pueda llevarla a cabo. Y que no ocurra como ahora, que las decisiones que se han tomado inhiban la inversión. Ejemplos claros son la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y de ProMéxico. Estas decisiones han inhibido las posibilidades de crecimiento y de inversión.
AN: Más allá de lo que dice la prensa, ¿cómo evaluaría la situación actual para las empresas en México?
-México es un gran destino de inversión. Si se hace un análisis comparativo de México con el mundo, seguimos siendo un destino privilegiado para que empresas mexicanas e internacionales focalicen sus capitales. Eso no está en discusión. Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿cuántas más inversiones podríamos traer?, ¿qué tan rápido podríamos crecer y por qué no estamos haciéndolo? La Coparmex sostiene que si México, siendo atractivo, brindara mayor apertura y certidumbre jurídica y el discurso fuera más proempresarial, las inversiones podrían estar multiplicándose.
Abonar la certidumbre, generar estado de derecho, crear un clima propicio y un ambiente empresarial de acogida podrían cambiar la realidad del país.
AN: ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que hoy tienen los empresarios y los inversionistas?
-Sin suda, la fragilidad del estado de derecho. Nos preocupa que no se respete la ley, y no me refiero a los actos delincuenciales, sino al hecho de que, incluso desde el gobierno, se viola constantemente la ley y las decisiones presupuestales y de inversión, pues no se llevan a cabo todos los pasos que la propia legislación establece.
También nos preocupa que no se ha logrado resolver el problema de la inseguridad física y patrimonial para las personas y las empresas, y que aún subsista el lacerante fenómeno de la corrupción, pero sobre todo de la impunidad.
Si el país logra mejorar esos tres indicadores y se preserva la estabilidad macroeconómica, me parece que hay una gran oportunidad a futuro.
AN: Hace algunos años, tuve la oportunidad de platicar con el expresidente Ernesto Zedillo y también me comentaba que en nuestro país no hay un verdadero estado de derecho. ¿Qué se tiene que hacer para que en México reine el estado de derecho que está contemplado en la Constitución?
Primero, se requieren leyes sencillas y justas que sean aplicadas de manera consistente por autoridades confiables y no de manera esporádica. También se necesita que haya consecuencias claras e inequívocas de la violación de la ley, no importa si se trata del ámbito fiscal, penal o civil. En tanto no se den estos dos elementos, no podremos aspirar a un estado de derecho.
Otros países, aun cuando tienen menos capacidades económicas, menor población y una ubicación geográfica que no es tan benévola como la nuestra, han logrado fortalecer su estado de derecho. Esa es justamente la diferencia que tenemos frente a otros países.
¿Por qué Suiza, que no tiene una gran población ni vastos recursos naturales ni acceso al mar, es un país desarrollado? Porque goza de un estado de derecho fuerte y de una gran confianza que tiene su máxima expresión en su sistema financiero. Lo mismo sucede con Singapur y muchas economías europeas y asiáticas.
Tener un estado de derecho cuenta, incluso más que la localización geográfica y los recursos naturales. Es fundamental para que un país pueda crecer.
AN: La Coparmex siempre ha reconocido la importancia del TLCAN para la estabilidad económica y el desarrollo del país. ¿Cuál es su opinión de la relación entre México y Estados Unidos y qué piensa que va a pasar con el T-MEC?
-La relación entre ambos países siempre va a existir y va a estar en crecimiento permanente en todos los ámbitos. Es una relación multidimensional: es económica, pero también política, social y cultural y es, desde luego, mucho más grande que cualquier jefe de Estado o de gobierno, de un país o de otro.
Más allá de las dificultades de entendimiento, por la forma en que Estados Unidos gestiona su relación con México y el mundo, es un hecho que Estados Unidos y México siempre compartirán 3,000 kilómetros de frontera. Y en materia comercial, la geografía cuenta.
Yo comulgo con quienes dicen que tenemos que diversificar el mercado, pero hoy por hoy el principal mercado comercial y financiero del mundo está en nuestra frontera norte y hay que aprovecharlo, más allá de las debilidades de corto plazo que pueden derivar de una relación compleja, causada por la personalidad o la visión de los jefes de Estado de ambos países.
En cuanto al T-MEC, se va a aprobar. Nadie sabe cuándo, pero tarde o temprano va a ocurrir. No debería de angustiarnos demasiado. Del punto en el que estábamos a finales de 2017 a la fecha se ha dado un salto cuántico. La actual administración, que fue la que pidió la revisión, ha firmado los memorándums ejecutivos. La negociación entre gobiernos está concluida. ¿Qué falta? En el caso de Estados Unidos, concluir el proceso de ratificación. En lo que eso ocurre, hay que aprovechar que tenemos un tratado vigente mejor que el que se pretende aprobar; no debemos de correr ninguna prisa.
AN: Cuando se analiza la actividad de nuestros expresidentes, siempre hay una acción que los ha marcado. Cuál es su punto de vista sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco?
-Ese ha sido el mayor acto lesivo para el patrimonio público de México que haya cometido un presidente. El país ha tenido presidentes que se han equivocado en grande. Ha habido muchos errores de cálculo político y económico que le han costado mucho al país, pero ni siquiera Antonio López de Santa Anna tomó deliberadamente una decisión tan dañina para el patrimonio del país, como el presidente López Obrador.
Este error infortunado, producto de una decisión poco informada y fundamentalmente ideológica e irracional, va a marcar la actual administración; no solo por el daño patrimonial que se causó, sino porque, con esta decisión empezó el fenómeno de pérdida de confianza. Es muy grande el daño que se hizo al país con la suspensión de las obras, pero es mucho más grande la afectación que se causó a la reputación y confianza del país ante los inversionistas.
Me gusta ser optimista y espero que todavía haya un espacio de reflexión, aunque cada vez se ve más remoto. Sin embargo, con los amparos que han promovido varias organizaciones, esperamos que haya una valoración mucho más objetiva, informada y responsable por parte del presidente. Y si no, buscaremos que el proyecto de Santa Lucía no comience para que no haya despilfarro de recursos públicos.
Afortunadamente, en México las administraciones duran seis años, y yo estoy seguro de que si esa obra [la de Texcoco] no se destruye –y hay que trabajar para que eso no ocurra–, algún día va a continuarse con el proyecto. No sé si en esta administración o en la siguiente.
Cuando era candidato, el presidente López Obrador nos mintió. En mayo de 2018, frente a más de mil personas, a pregunta expresa que le formulé, dijo que, si esa obra podía concluirse con recursos privados y operar como tal, él estaba de acuerdo con su ejecución.
Desafortunadamente, no se ha honrado la palabra y se ha faltado a una de las promesas primordiales del presidente: no mentir. Nosotros hemos actuado en consecuencia, tratando de convencer con razones técnicas, análisis aeronáuticos y ambientales, de conveniencia logística, de impacto turístico. Y cuando nuestras razones no fueron escuchadas, recurrimos a la vía jurídica. Si el presidente diera un golpe de timón, seríamos los primeros en reconocerlo. El efecto de confianza que se generaría sería abrumador y el primer beneficiado sería, sin duda, el propio presidente.
AN: ¿Algún comentario final?
Hago un llamado a los empresarios para que, más allá de pagar buenos sueldos, pagar sus impuestos, reinvertir y crear nuevas fuentes de empleo, se decidan a ser agentes ciudadanos del cambio. En conjunto con otras organizaciones, acabamos de iniciar una plataforma denominada Alternativas por México. Lo que buscamos es formar líderes ciudadanos decididos a transformar su entorno, y ahí los empresarios tienen una gran responsabilidad.
La formación de líderes será auspiciada por Coparmex, a través de instituciones educativas, de investigación y entidades internacionales.
Retos hacia adelante
La Coparmex ha señalado cinco retos para el gobierno de México con el carácter de prioritario.
1) Combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles y en todas las esferas, dejando a un lado las persecuciones y los ajustes de cuentas personales; que en todo momento prevalezca la justicia y el respeto a la Ley. Para promover un uso racional de los recursos públicos y hacer valer el estado de derecho, la Coparmex dice que es fundamental apuntalar mecanismos como el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción.
2) Frenar los índices de violencia y delincuencia, fortaleciendo los componentes de seguridad pública. Es momento de dejar de culpar a las administraciones anteriores y asumir la plena responsabilidad del poder.
3) Atender los claros signos de desaceleración e impulsar el crecimiento de la economía nacional. Ni las críticas al llamado “neoliberalismo”, ni la retórica sobre lo que parece un “neoestatismo” niegan la importancia de crecer. La Coparmex dice que solo creciendo se puede aspirar al desarrollo constante y al bienestar de los mexicanos en el largo plazo.
4) Fortalecer la democracia y la participación social. La democracia participativa implica el involucramiento de más ciudadanos, opinando en libertad sobre los temas que conciernen a la agenda pública, como la seguridad y la educación, la cultura y el turismo, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros. Las organizaciones de la sociedad civil están ahí para sumar a todas estas causas.
5) Garantizar la tolerancia y las libertades. Los constantes señalamientos a organismos calificadores, empresas y representantes de los medios de comunicación, incluso mediante adjetivos despectivos, promueven la intolerancia, la división de la sociedad y la afectación de las libertades de los ciudadanos que ejercen su derecho de opinar y disentir.
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