Coronavirus? ¿Y el hambre, causado por el Estado?
ALEJANDRO A. TAGLIAVINI | 09.02.2020
después de semanas con este nuevo virus, los muertos no llegan a mil. Es una gran pena y ojalá encuentren una solución rápidamente. Pero el hambre es la mayor pandemia global. Mueren unas 24.000 personas ¡cada día! por causas relacionadas con la falta de alimentos. Por suerte, ha disminuido desde las 41.000 personas al día que morían hace veinte años. Algo no cierra. La naturaleza es sabia y sobreabundante y, de hecho, permite que se produzca un 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Insólitamente, en la producción de alimentos que no se comerán, a nivel global se utilizan 1.400 millones de hectáreas, y así se pierden anualmente 1.300 millones de toneladas métricas.
Ahora, ¿por qué no llegan a los desnutridos? Son varias las causas, pero las definitorias son los obstáculos que ponen los Estados. Después de todo, son el monopolio de la violencia -su poder de policía- y la violencia siempre destruye. Para empezar, los impuestos que cobran empobrecen ya que son derivados hacia abajo subiendo precios o bajando salarios.
Otra de las malas políticas de los gobiernos es la interferencia en el sistema de precios -con subsidios, precios mínimos y máximos- que provoca que los alimentos se desvíen a otros usos, como los biocombustibles, cuando paliar el hambre es más urgente. A menudo se necesitan sencillos recursos para que la gente pobre pueda cultivar los alimentos necesarios y ser autosuficientes, pero hoy el alimento medio recorre en España, por caso, entre 2.500 y 4.000 km. ¿Por qué no se cultiva más cerca? Entre otras cosas, debido a regulaciones estatales sobre el uso de la tierra. Las legislaciones sobre “propiedad intelectual” deberían ser derogadas -para todos los sectores y temas- porque son la mayor fuente moderna de monopolios. La propiedad debe quedar establecida exclusivamente por el mercado -el pueblo- y nunca por los Estados.
Algunas leyes impiden que el agricultor siembre, intercambie o venda sus propias semillas porque, por caso, existen normativas dentro de los acuerdos de “libre comercio” (!?) sobre derechos de propiedad intelectual y comercio que establecen que la semilla para ser vendida, intercambiada y/o comercializada debe ser uniforme y estable y las semillas de los agricultores no han sido nunca uniformes ni estables. Y las patentes obligan, al agricultor que quiere cultivar esas variedades, a pagar royalties como ocurre en países africanos que han sido obligados a firmar estas leyes de propiedad intelectual dentro del marco de los tratados de “cooperación”. Finalmente, un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia y gran parte termina en la basura. Ahora, los políticos nos han hecho creer que la recolección y tratamiento de la basura es un “servicio público” que ellos, el Estado, debe proveer. Y llegan al colmo de cobrarnos cuando deberían pagarnos porque hasta la peor basura tiene valor.
Si el servicio de recolección estuviera en manos del mercado, en manos privadas eficientes, se nos pagaría por nuestra basura y, muy probablemente, se distribuiría la comida desechada a precios mucho más bajos entre los más necesitados. Los Estados son los responsables de la desnutrición, de modo que es un gran ironía -es solo demagogia- que los Gobiernos diseñen “planes contra el hambre” cuando bastaría con que dejaran de crearla para que desapareciera rápidamente.
Ahora, ¿por qué no llegan a los desnutridos? Son varias las causas, pero las definitorias son los obstáculos que ponen los Estados. Después de todo, son el monopolio de la violencia -su poder de policía- y la violencia siempre destruye. Para empezar, los impuestos que cobran empobrecen ya que son derivados hacia abajo subiendo precios o bajando salarios.
Otra de las malas políticas de los gobiernos es la interferencia en el sistema de precios -con subsidios, precios mínimos y máximos- que provoca que los alimentos se desvíen a otros usos, como los biocombustibles, cuando paliar el hambre es más urgente. A menudo se necesitan sencillos recursos para que la gente pobre pueda cultivar los alimentos necesarios y ser autosuficientes, pero hoy el alimento medio recorre en España, por caso, entre 2.500 y 4.000 km. ¿Por qué no se cultiva más cerca? Entre otras cosas, debido a regulaciones estatales sobre el uso de la tierra. Las legislaciones sobre “propiedad intelectual” deberían ser derogadas -para todos los sectores y temas- porque son la mayor fuente moderna de monopolios. La propiedad debe quedar establecida exclusivamente por el mercado -el pueblo- y nunca por los Estados.
Algunas leyes impiden que el agricultor siembre, intercambie o venda sus propias semillas porque, por caso, existen normativas dentro de los acuerdos de “libre comercio” (!?) sobre derechos de propiedad intelectual y comercio que establecen que la semilla para ser vendida, intercambiada y/o comercializada debe ser uniforme y estable y las semillas de los agricultores no han sido nunca uniformes ni estables. Y las patentes obligan, al agricultor que quiere cultivar esas variedades, a pagar royalties como ocurre en países africanos que han sido obligados a firmar estas leyes de propiedad intelectual dentro del marco de los tratados de “cooperación”. Finalmente, un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia y gran parte termina en la basura. Ahora, los políticos nos han hecho creer que la recolección y tratamiento de la basura es un “servicio público” que ellos, el Estado, debe proveer. Y llegan al colmo de cobrarnos cuando deberían pagarnos porque hasta la peor basura tiene valor.
Si el servicio de recolección estuviera en manos del mercado, en manos privadas eficientes, se nos pagaría por nuestra basura y, muy probablemente, se distribuiría la comida desechada a precios mucho más bajos entre los más necesitados. Los Estados son los responsables de la desnutrición, de modo que es un gran ironía -es solo demagogia- que los Gobiernos diseñen “planes contra el hambre” cuando bastaría con que dejaran de crearla para que desapareciera rápidamente.
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