CARTA ABIERTA DE LA COMUNIDAD DEL CIDE Y SIMPATIZANTES PARA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
29 de mayo de 2020
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Presente.
La comunidad diversa que integra al Centro de Investigación y Docencia Económicas ha
reaccionado con profunda preocupación ante el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de abril pasado. Dicho documento estipula la reducción del 75% del
presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, y materiales y suministros, tanto
para el CIDE como para el resto de los Centros Públicos de Investigación y la Administración
Pública Federal.
Desde la pluralidad de voces que conforman al CIDE, entendemos y suscribimos la necesidad
de hacer frente a los estragos más nocivos de la pandemia actual —dentro de los que se
encuentran las repercusiones económicas— al mismo tiempo que coincidimos en la idea de
aprovechar al máximo los recursos públicos. No obstante, los efectos perniciosos de este
recorte, tanto para el CIDE como para el gobierno federal, superan con creces el ahorro para
las arcas públicas. Específicamente en el caso del CIDE, dicho recorte representa la
disminución de al menos 36.8 millones de pesos. Esta drástica reducción no tiene precedente
en la historia de nuestro centro y, como ha expresado el director general, nos obliga a reducir
nuestras funciones al mínimo. Se trata, sin más, de un golpe que compromete la operación
más elemental del CIDE.
Una de las principales lecciones del reto que enfrentamos es la importancia de la ciencia y la
investigación, particularmente desde los centros de investigación públicos. Sólo una fuerte
inversión desde el Estado permite su adecuado funcionamiento para atraer y desarrollar el
potencial de las capacidades científicas y de investigación en México. Éste es el caso del CIDE:
un centro de investigación que goza de amplio reconocimiento nacional e internacional y que
compite, con un presupuesto muy inferior, con otras universidades y centros de investigación
privados. Para mantener estos estándares necesita el apoyo económico del Estado.
2
El CIDE es, además, un espacio de movilidad social en el país y que contribuye a atemperar
las desigualdades sociales—uno de los objetivos centrales de su administración. Estudiantes
talentosos de escasos recursos y procedentes de toda la república mexicana tienen acceso a
una educación de alto nivel que, a partir de un sistema de becas de manutención y colegiatura,
les permite mejorar substancialmente sus condiciones socioeconómicas al egresar de la
institución y generar conocimiento en beneficio del país. Es, en este sentido, un centro que
comulga con las convicciones que usted ha manifestado en reiteradas ocasiones: la importancia
de la educación pública nacional para impulsar a los más desaventajados.
Apelamos, presidente, a su palabra. Usted hizo el compromiso público de no reducir el
presupuesto de las universidades, mismo que reiteró el año pasado, acertadamente, al proteger
los fondos destinados para la UNAM y otras instituciones. También ha subrayado que los
recortes no causarán desempleo. Por desgracia, el decreto obliga a recortar las operaciones de
áreas importantes, como nuestra biblioteca, las publicaciones y otras actividades de
investigación y divulgación. Indudablemente, un recorte tan drástico en la Administración
Pública Federal aumentará significativamente las cifras de desempleo y reducirá el bienestar de
la población.
Pero, quizá más importante, apelamos a los principios que usted ha reiterado en múltiples
ocasiones: la fortaleza de un Estado que apoye y financie a los centros públicos de
investigación; un Estado que respalde el rigor de la ciencia y respete plenamente su autonomía;
un Estado que nutra los mecanismos de movilidad social que ha tomado décadas construir;
un Estado que, aún en tiempo de crisis, defienda la investigación y la educación públicas, al
más alto nivel, y al alcance de los que menos tienen. Le pedimos, presidente, que reconsidere
esta decisión y que proteja al CIDE, a los Centros Públicos de Investigación y a la
Administración Pública Federal.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
29 de mayo de 2020
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Presente.
La comunidad diversa que integra al Centro de Investigación y Docencia Económicas ha
reaccionado con profunda preocupación ante el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de abril pasado. Dicho documento estipula la reducción del 75% del
presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, y materiales y suministros, tanto
para el CIDE como para el resto de los Centros Públicos de Investigación y la Administración
Pública Federal.
Desde la pluralidad de voces que conforman al CIDE, entendemos y suscribimos la necesidad
de hacer frente a los estragos más nocivos de la pandemia actual —dentro de los que se
encuentran las repercusiones económicas— al mismo tiempo que coincidimos en la idea de
aprovechar al máximo los recursos públicos. No obstante, los efectos perniciosos de este
recorte, tanto para el CIDE como para el gobierno federal, superan con creces el ahorro para
las arcas públicas. Específicamente en el caso del CIDE, dicho recorte representa la
disminución de al menos 36.8 millones de pesos. Esta drástica reducción no tiene precedente
en la historia de nuestro centro y, como ha expresado el director general, nos obliga a reducir
nuestras funciones al mínimo. Se trata, sin más, de un golpe que compromete la operación
más elemental del CIDE.
Una de las principales lecciones del reto que enfrentamos es la importancia de la ciencia y la
investigación, particularmente desde los centros de investigación públicos. Sólo una fuerte
inversión desde el Estado permite su adecuado funcionamiento para atraer y desarrollar el
potencial de las capacidades científicas y de investigación en México. Éste es el caso del CIDE:
un centro de investigación que goza de amplio reconocimiento nacional e internacional y que
compite, con un presupuesto muy inferior, con otras universidades y centros de investigación
privados. Para mantener estos estándares necesita el apoyo económico del Estado.
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El CIDE es, además, un espacio de movilidad social en el país y que contribuye a atemperar
las desigualdades sociales—uno de los objetivos centrales de su administración. Estudiantes
talentosos de escasos recursos y procedentes de toda la república mexicana tienen acceso a
una educación de alto nivel que, a partir de un sistema de becas de manutención y colegiatura,
les permite mejorar substancialmente sus condiciones socioeconómicas al egresar de la
institución y generar conocimiento en beneficio del país. Es, en este sentido, un centro que
comulga con las convicciones que usted ha manifestado en reiteradas ocasiones: la importancia
de la educación pública nacional para impulsar a los más desaventajados.
Apelamos, presidente, a su palabra. Usted hizo el compromiso público de no reducir el
presupuesto de las universidades, mismo que reiteró el año pasado, acertadamente, al proteger
los fondos destinados para la UNAM y otras instituciones. También ha subrayado que los
recortes no causarán desempleo. Por desgracia, el decreto obliga a recortar las operaciones de
áreas importantes, como nuestra biblioteca, las publicaciones y otras actividades de
investigación y divulgación. Indudablemente, un recorte tan drástico en la Administración
Pública Federal aumentará significativamente las cifras de desempleo y reducirá el bienestar de
la población.
Pero, quizá más importante, apelamos a los principios que usted ha reiterado en múltiples
ocasiones: la fortaleza de un Estado que apoye y financie a los centros públicos de
investigación; un Estado que respalde el rigor de la ciencia y respete plenamente su autonomía;
un Estado que nutra los mecanismos de movilidad social que ha tomado décadas construir;
un Estado que, aún en tiempo de crisis, defienda la investigación y la educación públicas, al
más alto nivel, y al alcance de los que menos tienen. Le pedimos, presidente, que reconsidere
esta decisión y que proteja al CIDE, a los Centros Públicos de Investigación y a la
Administración Pública Federal.
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