Amnistía denuncia la ‘cruel’ detención administrativa de palestinos
Amnistía Internacional (AI) instó al régimen de Israel a acabar usar su política injusta y cruel de detención administrativa contra la nación palestina.
Más de 450 detenidos palestinos se han negado a presentarse a sus audiencias en tribunales militares durante 100 días en protesta por su injusta detención sin cargos ni juicio bajo la controvertida política de “detención administrativa” del régimen de Tel Aviv, según medios locales.
Al respecto, la Amnistía Internacional (AI) ha declarado este lunes que el acto subraya la necesidad de poner fin a la detención administrativa, una “práctica cruel e injusta que ayuda a mantener el sistema israelí de apartheid contra los palestinos”.
En un comunicado, la ONG ha denunciado que el boicot de los presos palestinos pone de relieve la complicidad de las cortes militares en el uso de esta política para detener a ellos durante meses sin cargos ni juicio, a menudo por capricho de oficiales militares o del ministro de Defensa del régimen, basándose solo en información secreta.
Por su parte, Saleh Higazi, director adjunto de AI en Asia Occidental y Norte de África, ha censurado la política “cruel e inhumana” de Israel que se ha aplicado durante décadas contra los palestinos, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas y académicos.
Ante tal situación, ha urgido a la comunidad internacional y a los Estados con relaciones cercanas con el régimen israelí a “tomar medidas concretas y presionar para que acabe con esta práctica”.
Los detenidos palestinos enfatizan que su acción es una continuación de los esfuerzos palestinos de larga data para acabar con la injusta detención administrativa de las fuerzas de ocupación. En este sentido, han recurrido también continuamente a huelgas de hambre indefinidas en un intento de expresar su indignación por la detención.
Según la agencia palestina de noticias WAFA, más de 4500 prisioneros palestinos están actualmente recluidos en unas 17 cárceles israelíes. Unos 450 detenidos, entre ellos mujeres y menores de edad, se encuentran bajo la detención administrativa.
Esto pese a que los grupos pro derechos humanos describen la política del régimen de Tel Aviv como una “táctica en bancarrota” y han pedido durante mucho tiempo a Israel que ponga fin a su uso. No obstante, los israelíes siguen haciendo caso omiso a tal pedido.
mdh/rba
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