‘Ya perdimos la confianza en este gobierno’: madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Iguala. El “tope hasta donde tope”, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.
Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.
“Ya le perdimos confianza a este gobierno”, dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.
Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.
Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.
“Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años”, dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
“Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República”, contó un padre.
Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.
El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.
“El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal”, afirmó Clemente Rodríguez.
Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.
“Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó”, dijo con voz entrecortada.
Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.
“La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable”, acusó.
Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:
Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.
Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.
Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.
También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.
Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.
Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.
Lee: El fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia
Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.
En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.
Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
“No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial”, dijeron entre los normalistas.
Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.
Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.
Lee: Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes
Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.
“Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad”, afirmó Rosales Sierra.
“Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador”, acusó Rosales Sierra.
En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.
Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.
Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.
Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.
Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.
En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.
“Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre”, acusó una de las viudas.
La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.
Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.
Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.
El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.
Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las “órdenes porque no venían en el informe”.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
#YoSoyAnimal
El cargo ‘Ya perdimos la confianza en este gobierno’: madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa apareció primero en Animal Político.
La FGR ‘se saltó’ labores asignadas a la Unidad Especial para Ayotzinapa; esta se queda sin titular luego de tres años de trabajo
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y creada en 2019 a solicitud de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, se quedó sin titular después de tres años de trabajo, luego de que representantes de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero cancelaran órdenes de aprehensión contra 16 militares y otros servidores públicos implicados.
Esto, a decir del Centro Prodh, organización que trabaja en la defensa legal de las familiares de los normalistas, mostró una “injerencia indebida” en la labor de la unidad, cuya creación como ente encargado de investigar y “concluir los procesos penales” en el caso Ayotzinapa había sido avalada por el propio fiscal Gertz.
Los colectivos Contra la Impunidemia y Seguridad Sin Guerra también consideraron que “injerencias externas” amenazan las investigaciones sobre el crimen.
Este martes 27 de septiembre, un día después del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, se confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien estuvo al frente de la UEILCA desde que se constituyó el 26 de junio de 2019.
Entre las 21 órdenes de aprehensión canceladas —motivo del diferendo— están las del coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco y Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero.
De acuerdo con El País, los choques dentro de la estructura de la FGR iniciaron cuando el fiscal Gertz exigió a Gómez Trejo que consignara al exprocurador Jesús Murillo Karam ante un juez. Ante la negativa por la falta de tiempo para tener un caso más sólido, Gertz decidió apartar a la Unidad Especial del proceso.
En paralelo, según reporta el diario, quitaron de su cargo a los 13 agentes ministeriales que realizaban trabajo de campo para esta Unidad Especial.
Ante las revelaciones de la participación de la FGR en las tareas asignadas a la Unidad Especial y la renuncia de su titular, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había diferencias dentro de la fiscalía. Sin embargo, aseguró que las indagatorias continuarán.
“Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr”, aseguró.
Y aunque se supone que la FGR es autónoma, refirió que la cancelación de las órdenes de aprehensión sucedió porque las señaladas eran personas que “no estaban en el informe” de la Comisión de Verdad para el caso Ayotzinapa, otro organismo diseñado para investigar el crimen en específico. Dicha comisión pertenece al gobierno federal y está bajo el mando del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa del lunes 26 de septiembre.
“Yo creo que no (van a actuar en contra de las 21 personas), no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros”, agregó.
Este martes 27 de septiembre, en una de sus intervenciones en su conferencia mañanera, el presidente refirió que las autoridades están “recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes” sobre el caso Ayotzinapa, sin dar mayor detalle de quién las está ejerciendo, aunque aseguró que no permitiría que se “descarrilaran” las indagatorias.
El mandatario insistió en el punto de que “el equipo encargado de la investigación” es la comisión que encabeza Encinas, integrante de su propio gobierno, dejando de lado la labor de la UEILCA.
Sobre la renuncia de Gómez Trejo, la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, acusó “injerencias” contra su labor para buscar la verdad sobre lo que pasó hace ocho años en Guerrero.
“Mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente y seria de graves violaciones a DH. Las injerencias a su trabajo viola el der de los 43 y sus familias, y a la sociedad a la verdad y a la justicia”, escribió en Twitter.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que esta renuncia “evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.
Para cuando fue nombrado fiscal especial, Gómez Trejo ya contaba con la confianza de las familias, según lo habían expresado ellas mismas. El ahora exfuncionario había sido secretario del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primera instancia externa que comenzó a indagar el crimen contra los normalistas.
Las labores de la Unidad Especial
El documento que establece la creación de la Unidad Especial la reconoce como “la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” de la desaparición de los 43 normalistas.
Bajo su encomienda queda, según el texto, “conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con los hechos”.
Asimismo, al titular de la UEILCA le corresponde “ejercer las atribuciones y cumplir con las obligaciones que le confieren al Ministerio Público de la Federación”, además de coordinar y colaborar con otras áreas de la fiscalía, entre otras actividades.
Desde que inició sus labores, asumió la titularidad Omar Gómez Trejo, quien ya era cercano a los padres de los normalistas, pues fue secretario del GIEI.
El 7 de julio de 2020, un año después de la creación de la unidad, Gómez Trejo informó sobre las primeras acciones de la UEILCA, entre las que estaban la identificación de restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y “más de 20 acciones de investigación de búsqueda”.
“El hallazgo de Christian Rodríguez Telumbre nos confirmó también que la versión del río y del basurero fueron una invención para callar las voces de ustedes, padres y madres, para negarles la búsqueda de sus hijos”, dijo el 26 de septiembre de ese año.
Para abril de 2021, la unidad a cargo de Gómez Trejo obtuvo una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de manipular evidencia y de tortura para construir la llamada “verdad histórica”.
Actualmente, Zerón está en Israel —país que no tiene tratado de extradición con México— y allá fue visitado por Gómez Trejo, quien le ofreció un criterio de oportunidad para que diera información del caso a cambio de beneficios legales, algo que el acusado rechazó.
El 21 de septiembre de 2021, en un recorrido con medios por la Barranca la Carnicería en Cocula, Guerrero, Gómez Trejo informó que la FGR había abierto una nueva línea de investigación sobre el desempeño de la extinta PGR.
“Un conglomerado de funcionarios públicos actuó de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban, y en función de eso desviaron toda una investigación”, dijo.
Días después, el 13 de octubre del 2021, la FGR informó sobre la vinculación a proceso contra Mauricio Cerón y Patricia Gómez, integrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR, señalados presuntamente de obstaculizar la investigación.
Nuevo informe, nuevos arrestos
El informe de la Comisión de la Verdad publicado el 18 de agosto de 2022 reconoció que la UEILCA investiga paralelamente el caso, y que se le había entregado las versiones sin testar del documento.
Al día siguiente, la FGR informó del arresto del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado por delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura. Ahora, ya se sabe que esa detención fue promovida por la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, no por la Unidad Especial.
El mismo 19 de agosto, la FGR también dio a conocer que tenía 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, autoridades de distintos niveles en Guerrero y presuntos delincuentes, por distintos delitos relacionados al caso Ayotzinapa.
En total, eran 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como contra 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con la revista Proceso, estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la UEILCA, aunque días después la FGR consiguió que un juez cancelara 21 de estas —16 contra militares—, dejando de lado las labores de la Unidad Especial.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo ante senadores este martes que hasta este momento se sabe que hay cuatro elementos del Ejército que “participaron en la tragedia de Ayotzinapa” y que ahora están detenidos, aunque eso no mancha a todas las Fuerzas Armadas. “Una golondrina no hace verano”, señaló.
Ante estos hechos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los señalamientos que ha hecho la Comisión de la Verdad que encabeza sobre militares implicados en el caso Ayotzinapa no atentan contra las instituciones, sino que las fortalecen, y que no se busca la confrontación con las Fuerzas Armadas.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
#YoSoyAnimal
El cargo La FGR ‘se saltó’ labores asignadas a la Unidad Especial para Ayotzinapa; esta se queda sin titular luego de tres años de trabajo apareció primero en Animal Político
No hay comentarios:
Publicar un comentario