Tren Maya: En el debate, el derecho a disentir
El escrito de un arqueólogo de amplia y fructífera trayectoria como Fernando Cortés de Basdefer denunciando daño a la arqueología como consecuencia del Tren Maya, provocó una acta administrativa por parte del INAH que podría llegar incluso a la suspensión laboral.
El escrito de un arqueólogo de amplia y fructífera trayectoria como Fernando Cortés de Basdefer denunciando daño a la arqueología como consecuencia del Tren Maya, provocó una acta administrativa por parte del INAH que podría llegar incluso a la suspensión laboral. El sindicato de profesores de investigación, en desplegado publicado en Proceso la semana pasada, acusó a las autoridades de atentado a la libertad de opinión. En entrevista, Diego Prieto, titular del INAH, lo niega, y aduce que la falta de Cortés fue agraviar a una gran cantidad de arqueólogos que trabajan en el proyecto al hacérseles responsables de la supuesta destrucción. Lo cual a su vez es negado por el sindicato.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A decir del antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), nadie de la institución ha sido sancionado por sus dichos, opiniones, ideología, creencias religiosas o afinidades partidistas.
Incluso, agrega, “alguien puede presumirse de sangre azul y no hay problema, noble y no hay problema. Por supuesto que en el INAH asumimos posturas de compromiso con la sociedad y con las clases más desfavorecidas. Somos una institución orgullosamente formada y creada en el periodo del general Lázaro Cárdenas, una institución que –generalmente– está del lado de las causas populares. No obstante, se respetan otras ideologías y maneras de pensar”.
Así responde el funcionario al solicitarle su visión sobre el desplegado “En la soledad acompañada” del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, publicado en la edición 2429 de Proceso, del pasado 21 de mayo, en donde su secretario general Alberto Herrera pide a Prieto “el cese a su política de hostigamiento laboral a los profesores del INAH…”.
Ello luego de que el director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, “por instrucciones de la Dirección General de Relaciones Laborales de la institución” (mediante el oficio 401.4C.20-2023/337), citó a comparecer al doctor en arqueología Fernando Cortés de Brasdefer, investigador de dicho Centro, “a la instrumentación de un acta administrativa en su contra por supuestas faltas graves”.
Todo se deriva de un escrito en el cual el investigador habla de la destrucción de monumentos arqueológicos en el sureste mexicano, debido a las obras del Tren Maya (Proceso, 2428). El documento, argumenta Herrera, circuló en forma privada en grupos de WhatsApp de investigadores y fue subido a otros medios y redes sociales, por lo cual se hizo público y se difundió masivamente, cuando no era el propósito de Cortés de Brasdefer.
Sanciones
En sus oficinas de la colonia Roma, en entrevista con este semanario, Prieto se dice sorprendido por el desplegado, por su redacción “un poquito complicada”, y afirma “con contundencia” que en el instituto “se vive, se ejerce, se respeta y se practica la más alta e irrestricta libertad de expresión”.
Acompañado por la coordinadora nacional de Arqueología, Martha Lorenza López Mestas, el antropólogo dice que “en general” los comentarios desfavorables al proyecto del Tren provienen de académicos de áreas como Etnología, Antropología Social o Historia, “menos de la Arqueología”. Mientras que, “por obvias razones para la comunidad de arqueólogos del INAH y en general del país, el Tren Maya es una gran oportunidad”.
Más allá de las opiniones sobre “este gran proyecto prioritario del gobierno” de movilidad o desarrollo regional, subraya que ha sido “una inmensa oportunidad de acercarnos a miles y miles de evidencias arqueológicas que no hubiéramos podido recuperar, registrar, clasificar”. Según él, más de medio millón de fragmentos de cerámica, cientos de bienes inmuebles “relativamente completos”, entierros humanos con o sin ofrenda.
Comenta que hay académicos que han pedido acompañar el trabajo de salvamento arqueológico para hacer sus críticas y cuestionamientos y se les ha permitido, por lo cual desea dejar en claro que el problema ahora no es la opinión “del señor Cortés”.
–¿Cuál es entonces, por qué llegaron al punto de levantarle un acta administrativa?
–Porque como nadie en el instituto había hecho nunca, acusa a personas sin fundamento. ¡Hay arqueólogos agraviados por sus afirmaciones, muy molestos! Y por supuesto estarán presentes cuando se levante el acta de hechos, que no es una sanción. Es la disposición del instituto a darle al señor Cortés su derecho de réplica, de audiencia, de que fundamente lo que dice.
Desvela las difíciles condiciones en las que laboran algunos arqueólogos:
“Hay compañeros que están trabajando de sol a sol, en riesgo por situaciones de golpe de calor, con dificultades a veces para la hidratación, porque están distantes de las zonas de hidratación, con el problema de estar en el contexto de selva. Y el compañero –sin que haya estado dispuesto, a pesar de estar adscrito al Centro INAH en Quintana Roo, a participar del trabajo– juzga a compañeros, los descalifica y se atreve a decir que hay destrucción de monumentos arqueológicos”.
Prieto indica que la destrucción de monumentos es muy grave, es un delito, y si alguien tiene conocimiento de hechos así, “no es para ponerlo en un chat, sino para denunciarlo ante el Ministerio Público Federal, porque el delito se persigue de oficio”.
Agrega que considerar a los arqueólogos que trabajan en el Tren Maya como responsables, viola las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) porque ahí se tipifica como “conducta grave injuriar a compañeros”, asimismo utilizar “información reservada a la institución, sin autorización de sus superiores”. Y, además, “confiesa que se metió en excavaciones sin permiso del Consejo de Arqueología… él directamente dice que va en la noche, día no hábil y cuando no había gente se metió, ni siquiera eso es problema si pide permiso, ni siquiera informó”.
Se le pregunta si entonces habrá una denuncia por parte del INAH. Responde que no; se levantará un acta administrativa como un procedimiento interno tipificado en las CGT y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuando hay una conducta violenta y “presumimos que la hay”. Pero no desea “adelantar”, primero citaron al arqueólogo para que “exprese lo que a su derecho convenga”, aunque menciona que de haber sanciones pueden ir desde la amonestación por escrito, amonestación severa, suspensión y “como última instancia el cese”.
Para responder cuando se le cuestiona si llegarán al cese, indica que se invitó al secretario general del Sindicato para que esté presente, y dice que éste terminó reconociendo errores, particularmente la imputación a compañeros, a los cuales menciona por su nombre, entre ellos al propio Prieto, quien acusa: “dice mentiras, que voy con un séquito a buscar al presidente”.
Criterios
Debido a las diversas críticas al Tren Maya –algunas recogidas en Proceso desde el origen del proyecto– por investigadores del INAH y otras instancias, se le pregunta al antropólogo por qué antes no se emitió un citatorio contra ellos. Repite que expresar opiniones no es causal de sanciones, y pone como ejemplo al antropólogo Gilberto López y Rivas (articulista de La Jornada), “no lo voy a citar jamás, es una persona correcta, respetuosa, con la que hablo frecuentemente, tiene una idea distinta de las cosas”.
Prieto recibió el texto de Cortés de varios arqueólogos adscritos al chat donde el investigador participa, y lo envió a Margarito Molina. Niega que haya espionaje de su parte, pues “si alguien sube a un chat un texto, ya no es una cosa personal”, porque además cualquier participante lo puede reenviar a un numero indeterminado de personas y así se multiplica.
La pregunta es por qué si dicho texto menciona sólo por su nombre al director de Salvamento Arqueológico, Manuel E. Pérez Rivas, el resto de los arqueólogos “están muy molestos”, como Prieto asegura. Éste apunta:
“Porque el resto de los arqueólogos constituyen los equipos de Salvamento, constituyen el Consejo de Arqueología, la fuerza de trabajo que está allí en un proyecto que el señor Cortés dice está dañando masivamente monumentos históricos, eso sí los altera, por supuesto... Sobre todo se está hablando de cosas que forman parte de proyectos y actividades colectivas de la comunidad de arqueólogos del INAH, por eso”.
Se le cuestiona si no cabe la posibilidad de que entre los propios participantes del chat se piense que la molestia es porque se menciona al director general del INAH, al presidente de la República y al ejército, que durante años se consideró una institución intocable:
–Bueno, si usted va a defender al Sindicato, pues entonces…
–No, le estoy preguntando porque mañana (martes 25 de mayo) se verán con el arqueólogo…
–Sí, pero no vamos a hablar, yo no voy a estar. Y por supuesto que no es bueno debilitar al instituto, en eso coincidí con Alberto Herrera, no es buena idea –remarca negando con la cabeza–. Que hablen de Diego Prieto lo que quieran, pero no es buena idea atacar de esa manera, sin fundamento, al director general ¿no? Además, otra vez, echando mano de subterfugios que no están autorizados por las CGT.
La arqueóloga López Mestas, cuando el antropólogo Prieto le cede la palabra, coincide en el sentido de que la crítica de Cortés “en muchos sentidos, no muestra fundamentos y de ahí que, evidentemente, los arqueólogos que están participando en este proyecto de Salvamento se sientan un tanto, digamos, incómodos”.
El director del INAH hace hincapié en que no se puede hablar en general de destrucción, y si alguien conoce de hechos debe denunciar. Sin detallar quién, comenta que ya se presentó una denuncia penal pero “muy genérica”, pues para esa persona cualquier excavación “implica incidir en un contexto, modificarlo, alterar el contexto”. Prieto le respondió:
“Qué bueno que Alberto Ruz Lhuillier destruyó la Tumba de las Inscripciones (donde encontró el entierro del gobernante Pakal).”
Las pruebas de destrucción deben presentarse en la Fiscalía General de la República, no en un chat o en el Facebook, reitera, “no sin pruebas, no faltando al respeto al trabajo de compañeros que, de verdad, están haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¡sobrehumano!, por ir al ritmo de una obra tan compleja, salvando el patrimonio…
“Tienen todo el derecho a decir, pero que me digan cuándo, dónde y qué. Y a partir de ahí yo sabré si hay que fincar responsabilidades o no, yo creo que ahorita más que fincar responsabilidades es reconocer el compromiso, el esfuerzo, el empeño, no sólo de los compañeros del INAH, sino de cientos de jóvenes egresados de más de diez escuelas diferentes de Arqueología en nuestro país, que están trabajando ahí, que están contentos, aprendiendo mucho, eso es lo que tenemos que reconocer”.
Lo cierto es que por ley, y siendo el director del INAH, también está obligado a denunciar cualquier destrucción del patrimonio que se presente, no sólo en el Tren Maya, sino en cualquier punto del país.
–En la diferencia de criterios que usted menciona y dice que si Ruz Lhuillier no hubiera destruido…
–Yo no digo destruido –ataja–, eso lo dice otro compañero.
–Bueno, excavado o cambiado la estructura de la Tumba… ¿puede decirse que se han afectado contextos por rescatar determinados monumentos en las excavaciones de la ruta maya?
–Eso lo puede contestar mejor Lorenza, pero con toda intervención en la ciencia, cualquier intervención sobre un objeto de estudio, implica su alteración.
–¿Pero destrucción propiamente?
–No, eso no es destrucción, llegamos al principio de incertidumbre que opera en la Física: Para poder yo ubicar la posición de un electrón, altero su trayectoria, para conocer la trayectoria del electrón tengo que desentenderme de su ubicación, eso se define como principio de incertidumbre de un fenómeno que supone una intervención.
“Por cierto, quien opinó así no es arqueólogo porque prácticamente sería demeritar la disciplina de la Arqueología, ¿o cómo lo ves Lorenza?”
La arqueóloga tercia entonces:
“No, yo lo veo exactamente de esa misma manera, o sea la única manera que los arqueólogos tenemos de conocer el pasado de estas civilizaciones, especialmente porque no tuvieron escritura, es a partir de las técnicas y metodologías que tenemos e implementamos sobre los bienes arqueológicos. Evidentemente, en cuanto nosotros estamos tocando ese bien arqueológico lo estamos transformando, pero yo creo que entre transformar y destruir sí hay un mundo de diferencia, estamos transformando el objeto a partir del accionar que tiene el arqueólogo sobre el mismo”.
Prieto redondea que aunque haya voces discordantes con el proyecto del Tren Maya, “muchos de los compañeros más críticos” han coincidido con él en que el doctor Cortés (a quien se refiere como “el compañero de sangre azul y títulos nobiliarios”) se equivocó al no acudir a los organismos colegiados a ventilar sus inquietudes.
–Supongo que lo importante en el caso del doctor sería su trayectoria académica, no de dónde proviene.
–Sí, ándele, estudie la trayectoria académica, la invito y la revisa con la coordinadora de Arqueología…
La arqueóloga no añade nada al respecto, guarda silencio. Pero en un comunicado de la Secretaría de Cultura se reconoce a Cortés de Brasdefer como descubridor de las zonas arqueológicas de Chakanbakán, Ichkabal y Bahía de Chetumal; defensor de las costumbres indígenas y autor de libros como Enciclopedia de arqueología y monumentos de Quintana Roo y Kohunlich, ciudad del sol. https://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=72028
El arqueólogo Cortés no asistió a la comparecencia por cuestiones de salud. Proceso buscó a Alberto Herrera para saber si se levantó el acta administrativa, pero hasta el cierre no respondió.
Reportaje publicado en el número 2430 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 28 de mayo de 2023.
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