México. Condenan al Estado mexicano a suspensión inmediata del Tren Maya
Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2023.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza condenó en su veredicto al Estado mexicano a la suspensión definitiva del Tren Maya con todos sus componentes, así como a la desmilitarización de los territorios indígenas, por las violaciones a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya provocadas por el megaproyecto.
En su veredicto sobre la audiencia llevada a cabo en marzo de 2023, el Tribunal responsabilizó al Estado mexicano por los atropellos a los derechos de las comunidades mayas y de la naturaleza, a través de los «crímenes de ecocidio y etnocidio» que implica la construcción y operación del Tren Maya.
«Este proyecto no es sólo un Tren ni es propiamente Maya, sino que se trata de un Megaproyecto que se extiende hacia toda la frontera sur del país, que responde a procesos migratorios, políticos, económicos, comerciales y turísticos que emergen de imperativos de naturaleza geopolítica a través del Corredor Interoceánico que pretende interconectar el Océano Pacífico con el Atlántico en el Istmo de Tehuantepec», explicó el Tribunal.
Señaló que el complejo al que pertenece el Tren Maya integrará proyectos económicos, megafactorías porcinas, proyectos de energías renovables y agroindustriales, entre otros, que instalarán «un modelo basado en “Polos de Desarrollo” que habrán de exacerbar los impactos sociales, culturales, ambientales y de género, que ya de por sí se viven en la Península— y cuyo Plan Maestro nunca ha sido presentado por las autoridades para ser discutido con los pueblos y comunidades afectados».
Por ello, el Tribunal determinó que el Tren Maya «atenta contra los Derechos de la Madre Tierra», establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en especial el derecho a la vida y a existir; a ser respetada; a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; al agua como fuente de vida; derecho a la salud integral; derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos
Además de condenar a las autoridades a la suspensión definitiva del megaproyecto, los seis jueces éticos que encabezaron el Tribunal durante cuatro días de sesión en Valladolid, Mérida, exigieron al Estado, «particularmente al gobierno central y al ejecutivo, a que cese del despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza», al igual que implementar medidas de reparación en los territorios y comunidades afectadas.
En el Tribunal, que sesionó del 9 al 12 de marzo de este año, participaron defensores del territorio maya, expertos, pobladores afectados y los seis jueces que escucharon los testimonios de los impactos ambientales y sociales del Tren, el cual ha provocado la deforestación de la selva, despojado a las comunidades, dividido a sus habitantes y amenazado a la flora y la fauna de la región.
A continuación el veredicto completo:
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llevó a cabo su octava audiencia local en la ciudad de Valladolid, Yucatán, México, del 9 al 12 de marzo de 2023, por la implementación del llamado “Tren Maya”. Se trata del Megaproyecto de transporte ferroviario en torno al cual se gesta un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, México, que pone en grave riesgo de destrucción y degradación ecológica a los ecosistemas, así como a los pueblos maya, afectando la sustentabilidad de sus culturas y de sus territorios ancestrales. Como se ha demostrado a través de las diversas pruebas recabadas por este Tribunal –entre las que resaltan varios testimonios recibidos en la audiencia efectuada en Valladolid—, este proyecto no es sólo un Tren ni es propiamente Maya, sino que se trata de un Megaproyecto que se extiende hacia toda la frontera sur del país, que responde a procesos migratorios, políticos, económicos, comerciales y turísticos que emergen de imperativos de naturaleza geopolítica a través del Corredor Interoceánico que pretende interconectar el Océano Pacífico con el Atlántico en el Istmo de Tehuantepec, integrando diversos proyectos económicos, mega factorías porcinas, proyectos de energías renovables y agroindustriales, entre otros, instalando un modelo basado en “Polos de Desarrollo” que habrán de exacerbar los impactos sociales, culturales, ambientales y de género, que ya de por sí se viven en la Península— y cuyo Plan Maestro nunca ha sido presentado por las autoridades para ser discutido con los pueblos y comunidades afectados.
El llamado Tren Maya constituye uno de los proyectos infraestructurales que se suma y articula al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, al programa Sembrando Vida, al Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (antes llamado Plan Puebla Panamá). Todos estos proyectos han despertado oposición debido a sus impactos sociales y ambientales.
El Tribunal visitó in situ a las comunidades mayas de Pisté, El Señor-Xmaben y Tihosuco, afectadas de manera directa por el proyecto, donde se pudieron escuchar los testimonios de integrantes de varias comunidades mayas afectadas. Asimismo, junto con organizaciones ambientales aglutinadas en el colectivo “Sálvame del Tren” (integrada por organizaciones como SOS Cenotes y Cenotes Urbanos, así como por científicos, académicos y ciudadanos en defensa del agua, las cuevas y la selva), el Tribunal realizó una visita a cenotes y cavernas situados en Playa del Carmen, que ya están siendo afectados por la construcción del Tren Maya. Además, durante la audiencia efectuada el sábado 11 de marzo, en la Escuela de Agricultura Ecológica de Valladolid, Yucatán, el Tribunal escuchó 23 testimonios de representantes de comunidades indígenas de Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo y de organizaciones ciudadanas y ambientalistas, y recibió los informes periciales de académicos e investigadores en materia forestal y agrícola, sobre ecosistemas acuáticos y terrestres, biodiversidad y sustentabilidad ecológica, derechos culturales, colectivos, agrarios y de la Naturaleza, ecología política e ingeniería ambiental, con relación a los daños a la Naturaleza, los riesgos ecológicos y la afectación a la cultura y los derechos inalienables – culturales y territoriales– de los Pueblos Indígenas. Dichos testimonios han aportado evidencias contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación formulada por el Fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades. Conforme a las actas levantadas se verifica que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador –sede del Tribunal-, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo, invitando tanto al Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las Declaraciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y la jurisprudencia emitida tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por el Sistema Universal de Derechos Humanos y por la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad y de las generaciones venideras resuelve lo siguiente:
Reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblos Maya, que ancestralmente han sido y continúan siendo, protector y guardián de su territorio. De sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya.
Declarar la vulneración de derechos de la Madre Tierra, el derecho a la vida y a existir; su derecho a ser respetada, derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; derecho al agua como fuente de vida; derecho a la salud integral; derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos, todos ellos reconocidos en el artículo 2.1 literales a) b) c) e) g) y h) de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Condenar a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. Exigimos al Estado, particularmente al Gobierno Central y al Ejecutivo, a que cese del despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza.
Declarar a los cenotes como sujeto de derechos por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región.
Como medidas de reparación integral se ordena:
Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no sólo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona.
Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios.
Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados.
Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida de las personas quehan expresado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este.
Exhortaciones
Exhortar a las empresas e inversionistas del proyecto a respetar los derechos colectivos de los pueblos previstos en el Acuerdo de Escazú y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico tendientes a garantizar los derechos de los pueblos.
Exhortar al Ejecutivo y Legislativo federales:
Revisar la Ley Agraria que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan
Realizar reformas constitucionales para incorporar el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.
Realizar las reformas constitucionales a nivel Federal para que se reconozca a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.
Al Poder Judicial de la Federación:
Aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales de protección en materia ambiental y de derechos de los Pueblos Indígenas, en todos los juicios que se han presentado en contra del Megaproyecto del Tren Maya por violaciones a los derechos de la naturaleza, agua, así como los derechos culturales.
El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza determina que la realización construcción del Proyecto denominado “TREN MAYA atenta contra los Derechos de la Madre Tierra, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en especial el derecho a la vida y a existir; a ser respetada; a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; al agua como fuente de vida; derecho a la salud integral; derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos,; reconocidos en el artículo 2.1 literales a) b) c) e) g) y h).
Lo anterior en relación con los derechos a la tierra, al territorio, los recursos naturales, la integridad cultural y libre determinación, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este tribunal asumió las informaciones recaudadas en el curso de la visita de campo y de las reuniones con las organizaciones y comunidades locales, así como en el curso de la audiencia, y los materiales y documentos recopilados y analizados en preparación de la audiencia a fin de fundamentar su resolución.
Procedimiento ante el Tribunal
La Asamblea Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se acercaron al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza el 5 junio de 2022 y expusieron el caso de las afectaciones del Tren Maya. El 28 de junio de 2022, la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza analizó el caso presentado por las comunidades y organizaciones de la provincia de Yucatán, y considerando la gravedad y urgencia del tema debido al rápido avance del Tren, convocó a una sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y una visita in situ por parte de los jueces participantes para inicios de marzo de 2023.
Audiencia y visita del Tribunal
El Tribunal visitó las comunidades de Pisté, El Señor-Xmaben, Tihosuco donde participaron delegados de varias regiones, y se escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas, colectivos sociales y grupos ecologistas, sumando un total de 233 de ellos. La audiencia se efectuó el sábado 11 de marzo en la Escuela de Agricultura Ecológica de Valladolid, Yucatán, en la que el Tribunal escuchó a representantes de comunidades indígenas y agrupaciones ciudadanas, así como los informes periciales de académicos e investigadores en materia forestal y agrícola, sobre ecosistemas acuáticos y terrestres, sobre biodiversidad y sustentabilidad ecológica, sobre derechos colectivos y de la naturaleza, ecología política e ingeniería ambiental, con relación a los daños a la naturaleza, los riesgos ecológicos y la afectación a la cultura y los derechos inalienables – culturales, territoriales y existenciales- de las comunidades. Adicionalmente los jueces realizaron una verificación in situ de los daños causados a la naturaleza en Quintana Roo.
VI. SENTENCIA
Con base en todo lo expuesto, y en atención a la evidencia presentada, este Tribunal decide:
I. Reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo, protector y guardián de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan los ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya.
II. Declarar la vulneración de derechos de la Madre Tierra, el derecho a la vida y a existir; su derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; derecho al agua como fuente de vida; el derecho a la salud integral; el derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos, todos ellos reconocidos en el artículo 2.1 literales a) b) c) e) g) y h) de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
III. Condenar a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. Exigimos al Estado, particularmente al Gobierno Central y al Ejecutivo, a que cese el despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza
IV. Declarar a los cenotes como sujeto de derechos por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región.
V. Como medidas de reparación integral se ordena:
a. Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no sólo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona.
b. Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios.
c. Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados.
d. Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este.
VI. Exhortaciones
Exhortar a las empresas e inversionistas del proyecto a respetar los derechos colectivos de los pueblos previstos en el Acuerdo de Escazú y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico tendientes a garantizar los derechos de los pueblos.
Exhortar al Ejecutivo y Legislativo federales a:
Revisar la Ley Agraria que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su
relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan.
Realizar reformas constitucionales para incorporar el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.
Realizar las reformas constitucionales a nivel Federal para que se reconozca a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.
Al Poder Judicial de la Federación:
Aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales de protección en materia ambiental y de derechos de los Pueblos Indígenas, en todos los juicios que se han presentado en contra del Megaproyecto Tren Maya por violaciones a los derechos de la naturaleza, agua, así como los derechos culturales.
Fuente: Desinformémonos
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