El gobierno de Rusia incluyó al “movimiento internacional LGBT” en su lista de organizaciones “extremistas y terroristas”, lo que podría implicar penas como la congelación de cuentas bancarias vinculadas al colectivo y hasta diez años de prisión.
La decisión fue anunciada después de que en noviembre pasado la Corte Suprema declara a este movimiento como “extremista”, lo que en la práctica supuso la ilegalización
del activismo LGTB en el país, una medida que los representantes de los
homosexuales y transexuales dijeron temer que condujera a detenciones y
procesamientos.
Sin embargo, las autoridades rusas han defendido que esta decisión “no viola el derecho de los ciudadanos a su intimidad y no acarrea consecuencias legales negativas”.
En este sentido, han afirmado que se trata de un trámite
para completar el proceso de prohibición completa del movimiento, si
bien la legislación rusa establece que aquellos que financien
organizaciones terroristas o extremistas pueden ser condenados a penas
de hasta 10 años de prisión.
La lista la mantiene el Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring) que tiene poderes para congelar las cuentas bancarias de las más de 14 mil personas y entidades designadas como extremistas y terroristas.
Entre ellos figuran desde Al Qaeda hasta el gigante tecnológico estadounidense Meta y los socios del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny.
Rusia inició su actual escalada represiva contra el colectivo LGTBI en 2013, con una primera ley contra la “propaganda gay” que, bajo la premisa de proteger a los menores, limitaba los mensajes y actividades.
Por su parte, el presidente Vladimir Putin, recién reelecto para un nuevo mandato de seis años,
viene diciendo desde hace tiempo que defiende “la familia” y la
religión frente a un Occidente “decadente” e incluso “satánico”.
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