Corte Penal de La Haya y futuro de la justicia Internacional en Gaza
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Según un comunicado difundido por la CPI el 21 de noviembre, ambos están señalados por delitos cometidos "al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024".
En su resolución, la CPI argumentó que existen fundamentos para creer que Netanyahu y Gallant emplearon el hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza, una grave violación del derecho internacional. Además, se les acusa de privar deliberadamente a la población civil de bienes esenciales para su supervivencia, como alimentos, agua, medicinas, suministros médicos, combustible y electricidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) también emitió una orden de arresto contra Muhammad Deif, jefe militar de HAMAS. Aunque Israel asegura haberlo matado en un ataque aéreo, la CPI señaló que no podía confirmar su muerte.
Israel, que al igual que Estados Unidos no es miembro de la CPI, rechazó enérgicamente las acusaciones. El fiscal de la Corte, Karim Khan, fue calificado por las autoridades israelíes como una "vergüenza" y sus señalamientos como un ataque no solo contra el ejército israelí, sino contra el país en su conjunto.
En un comunicado oficial, la oficina del primer ministro israelí describió la medida como "antisemita". "Israel rechaza enérgicamente las acusaciones infundadas y las acciones falsas en su contra por parte de la Corte Penal Internacional, un organismo político parcial y discriminatorio", afirmaba el texto.
Estados Unidos, a través de la portavoz en funciones del gobierno, Karine Jean-Pierre, anunció que el país no ejecutará las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de asuntos militares, Yoav Gallant.
Jean-Pierre calificó la medida como un “proceso defectuoso” y explicó las razones detrás del rechazo estadounidense a los esfuerzos de la CPI. “A diferencia de cómo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ha tratado a otros, incluido el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus asociados, el fiscal no brindó a Israel una oportunidad significativa para participar de manera constructiva ni para considerar adecuadamente sus procesos internos”, afirmó.
Este rechazo resalta la debilidad política de la CPI frente a las potencias globales. Sin embargo, la decisión de condenar a Netanyahu y Gallant podría tener implicaciones significativas para Israel a largo plazo. El país se enfrenta a una acusación directa de crímenes de lesa humanidad, el tipo de violaciones que se utilizaron como justificación para la fundación de Israel y que sustentan su supuesta legitimidad ética y moral.
Tal como señala Anas Mustapha, responsable de defensa Pública de CAGE International, las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional desvían peligrosamente la atención de los verdaderos responsables del genocidio en curso en Gaza. Las Altas Partes Contratantes de las Convenciones de Ginebra, especialmente Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, tienen la principal responsabilidad, no solo por permitir, sino por facilitar activamente estas atrocidades.
Los aliados de Israel han armado, protegido y participado en la erradicación sistemática del pueblo palestino, un crimen que no puede atribuirse exclusivamente a individuos, sino que debe entenderse como una empresa conjunta profundamente arraigada en el colonialismo de asentamiento y las políticas imperialistas de Occidente.
Al centrarse únicamente en los líderes políticos israelíes, la CPI elude su obligación de abordar la magnitud completa del crimen. El respaldo diplomático y militar de Occidente no solo ha dado cobertura a estas atrocidades, sino que ha garantizado su continuidad. Según informes, el Reino Unido, por ejemplo, ha liderado operaciones de inteligencia que han facilitado directamente la masacre en Gaza. Esto no es negligencia, sino complicidad activa.
En juego no está solo la credibilidad de la CPI, sino también la propia identidad de las democracias liberales occidentales. En otras palabras, estas democracias se encuentran al borde del precipicio: deben decidir entre rechazar de manera flagrante las instituciones que fundamentan su identidad o aceptar la decisión de la Corte Penal Internacional. Esto no solo implicaría acatar el veredicto sobre Netanyahu y Gallant, sino también asumir la responsabilidad respecto a los aliados de Israel que han facilitado y siguen facilitando el genocidio palestino.
Por Xavier Vaillar
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