Estados Unidos. ¿Será capaz Donald Trump de librar una guerra contra el narcotráfico en México?
Por Ariel Noyola Rodriguez, ActualidadRT, Resumen Latinoamericano, 23 de diciembre de 2024.
La idea de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles ronda la cabeza del republicano desde los tiempos de su primer mandato.
La sola posibilidad de que se comiencen a construir escenarios para una intervención militar de EE.UU. en México ha vuelto a sacudir el tablero político en ambos lados de la frontera, luego de que Donald Trump anunciara el pasado domingo que, tan pronto tome posesión, los cárteles mexicanos serán designados como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Y es que, más allá de rechazar cualquier “subordinación” ante Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha perfilado todavía cuál sería la respuesta de su Gobierno ante un plan que ha esbozado el magnate de Nueva York desde que llegó por primera vez a la Casa Blanca.
El fentanilo como pretexto
Desde los tiempos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diversas voces del Gobierno estadounidense insisten que en México no se ha hecho lo suficiente para combatir a las agrupaciones de la delincuencia organizada.
Legisladores y gobernadores del Partido Republicano, así como altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, han manifestado en varias ocasiones su inconformidad ante una estrategia de seguridad en la que, coinciden, no produjo los resultados esperados.
Uno de los puntos de mayor tensión tuvo lugar en marzo de 2023, cuando el entonces presidente López Obrador negó que en territorio mexicano se produjera fentanilo, la sustancia ilícita que ha provocado decenas de miles de muertos a lo largo y ancho de la Unión Americana.
En aquel momento el mandatario refirió que el opioide sintético no se producía ni se consumía en México, sino que llegaba del continente asiático.
Sin embargo, un año después, López Obrador finalmente aceptó que en la nación latinoamericana se había decomisado fentanilo, así como precursores químicos para llevar a cabo su elaboración, aunque aclaró que el nivel de producción era mínimo.
Ya con Claudia Sheinbaum en el Gobierno, no solamente se reconoce la producción de esta sustancia ilícita en territorio nacional, sino que incluso se han intensificado los operativos para su decomiso.
La tercera semana de diciembre, el Gobierno de México anunció montos récord de confiscaciones. Así, en menos de tres meses de gestión la Administración de Claudia Sheinbaum ha decomisado 1.168 kilogramos, equivalente a un 12,5 % del total asegurado durante el sexenio de AMLO.
Sin embargo, con todo y los decomisos, una facción importante del Partido Republicano se ha mantenido abogando por una participación de más largo alcance en la lucha en contra de los cárteles.
La propuesta es establecer un nuevo marco legal en donde se les defina como “organizaciones terroristas extranjeras”, una categoría que finalmente despejaría el camino para que las Fuerzas Armadas de EE.UU. los combatan en territorio mexicano.
La guerra contra el narco más allá de las fronteras
Legisladores republicanos han planteado que a los cárteles de la droga se los debe catalogar como “organizaciones terroristas” para que, con base en la extraterritorialidad de la ley estadounidense, desde Washington se tenga la facultad para intervenir militarmente en México.
Uno de los proyectos legislativos es el de Dan Crenshaw, representante republicano por Texas, quien en enero del año pasado presentó una propuesta que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas de EE.UU. para combatir a los cárteles involucrados en el tráfico de fentanilo. La iniciativa fue respaldada por 20 republicanos más.
Republicanos han planteado que a los cárteles de la droga se los debe catalogar como “organizaciones terroristas” para que Washington tenga la facultad para intervenir militarmente en México.
En México, por otro lado, legisladores de la oposición han terminado respaldando a quienes desde EE.UU. proponen una intervención militar para combatir a la delincuencia y el crimen organizado, aunque consideran que no debe realizarse de forma unilateral.
A principios de noviembre pasado, Marko Cortés, expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó desde la Cámara de Diputados estrechar la cooperación con EE.UU. con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales que operan en México.
“Decía en su campaña Donald Trump, cosa que yo no comparto, que él directamente combatiría los grupos delictivos del crimen, eso no está bien si se hace de manera aislada, pero sí está bien si se hace de manera coordinada”.
Por su parte, Lilly Téllez, integrante de la bancada blanquiazul en el Senado, afirma que autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en México bajo determinadas condiciones es una forma de estrechar la cooperación bilateral para enfrentar un problema que, a todas luces, ha rebasado al Gobierno.
Para Téllez, quien asegura que desde la Administración de López Obrador se ha “pactado con criminales”, el Poder Legislativo, en lugar de rechazar la participación de EE.UU. en asuntos de seguridad, debería abrirse a la posibilidad de definir los términos de la misma.
A quienes desde México han solicitado la intervención de EE.UU., la presidenta Claudia Sheinbaum los ha calificado de “traidores a la patria”, mientras que, en contraste, a las declaraciones de legisladores y gobernadores republicanos, el Gobierno no les ha prestado mayor importancia, bajo el argumento de que carecen de sustento y se lanzaron en clave electoral.
El pasado fin de semana, sin embargo, Donald Trump aseguró que, tan pronto tome posesión como presidente constitucional, los cárteles mexicanos pasarán a ser definidos como “organizaciones terroristas extranjeras”, una declaración que encendió las alertas en el Palacio Nacional.
El de Cuccinelli, un viejo plan sobre la mesa
En 2020, año en que Joe Biden derrotó a Trump en las elecciones, se hicieron públicas una serie de revelaciones que dieron cuenta de que este último había sugerido a su secretario de Defensa lanzar misiles a México.
Así lo publicó Mark T. Esper, quien estuvo a cargo del Departamento de Defensa durante el primer mandato de Donald Trump, en sus memorias ‘Un juramento sagrado’ (‘A Sacred Oarth’, en inglés).
De acuerdo con Esper, ante la ola de violencia, las caravanas de migrantes y el tráfico de fentanilo, para Trump era cada vez más patente la necesidad de intervenir en un país en donde el Gobierno había demostrado su incapacidad para resolver problemas que afectaban a la Unión Americana.
Esper relata en la obra que, durante una reunión, Trump le planteó a bocajarro lanzar misiles ‘Patriot’ en contra de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de fentanilo en territorio mexicano.
Pero, más allá de las revelaciones de Esper, dos años más tarde, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, habría hecho llegar a Trump un documento en donde se detallaba una estrategia para emprender acciones militares contra organizaciones criminales en México.
En la publicación, difundida por el Center Renewing America, Cuccinelli, quien fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, explica que serían cuatro las fases de la denominada guerra contra los cárteles.
La fase uno, es la de declaración. En esta etapa, de acuerdo con el exfuncionario, EE.UU. anunciaría su derecho a la legítima defensa y desplegaría toda la fuerza del Gobierno.
En cuanto a la cooperación con México, en esta fase Washington se limitaría a presentar una solicitud para estrechar la relación bilateral con vistas a combatir a las organizaciones criminales.
En caso de que esta primera fase no fuera suficiente, entonces Cuccinelli propone una segunda fase, que llama de organización. En esta etapa, el Gobierno estadounidense sentaría las bases para el lanzamiento de una acción directa contra los cárteles.
En el plano de la cooperación con México, se llevarían a cabo operaciones militares conjuntas, mientras que el Congreso sopesaría la aprobación de leyes para aplicar sanciones, así como para autorizar a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a realizar una acción directa.
De no obtener resultados a partir de estas medidas, entonces se pasaría a la fase tres, la de compromiso. En esta etapa se pasaría ya a la acción directa y se escalarían las operaciones militares en conjunto con México.
El Congreso, por su parte, habría de formular, según Cuccinelli, una ley para autorizar la confiscación de activos, el cierre de puertos de entrada, así como la aplicación de aranceles.
Ya en la cuarta y última fase, en caso de que las anteriores no hayan sido efectivas, el Gobierno estadounidense pasaría a utilizar todo su poderío y sumar a elementos de la Infantería de Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera.
Las operaciones militares en conjunto con México se escalarían todavía más, mientras que el Congreso designaría partidas presupuestarias para combatir a los cárteles catalogados como “organizaciones terroristas” bajo un nuevo marco legal.
Desde octubre de 2022, cuando se publicó el artículo que da cuenta de esta estrategia, para Cuccinelli ya estaba claro que los cárteles representaban una “amenaza para la seguridad nacional” de EE.UU. que merecía ser atendida bajo un enfoque de mayor alcance.
Toda vez que, “el Gobierno mexicano no ha podido o no ha querido llevar a cabo su erradicación”, explicaba el exfuncionario del primer Gobierno de Donald Trump, “librar una guerra es la manera más rápida de restablecer el orden, la seguridad y la paz en EE.UU. y el hemisferio occidental”.
Un escenario incierto para el Gobierno de México
A unas cuantas semanas de que Donald Trump tome posesión, el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum se declara confiado para sortear cualquier tensión con el magnate de Nueva York.
Igual que su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste, en medio de las amenazas lanzadas por Trump en redes sociales y eventos públicos, que México es un país “libre, independiente y soberano”.
La relación entre EE.UU. y México, se argumenta desde el Gobierno, es “sólida” y se fundamenta en un acuerdo de libre comercio de gran envergadura como el T-MEC. Los asuntos a resolver de manera conjunta son muchos y, en este sentido, igual lo serán los acuerdos entre ambos países.
Bajo el Gobierno de AMLO, se apostó a que las propuestas de Trump como candidato serían muy distintas a las decisiones tomadas desde la Casa Blanca en caso de convertirse en presidente.
Con todo y las tensiones a partir de la amenaza de imponer aranceles en caso de no frenar la migración irregular, la Administración de López Obrador logró sacar a flote la relación con Washington.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, si bien apuesta también por mantener la relación bilateral en buenos términos, ha dejado claros los límites infranqueables de su Gobierno ante una narrativa de Trump que, hasta el momento, parece de una línea más dura comparada con la de su primer mandato.
Frente a la amenaza de imponer aranceles por parte de Trump como medida de presión en el tema de la migración irregular, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que desde México la respuesta será en el mismo tenor.
Ante el tráfico de fentanilo, la mandataria ha puesto el acento no solamente en el alto nivel de demanda que prevalece en la Unión Americana, sino también en cómo las redes de distribución no se han visto socavadas por la autoridad en el vecino del Norte.
Hasta la fecha, no obstante, hay un escenario que permanece incierto: la presidenta Claudia Sheinbaum no ha explicado cuáles serían las medidas a tomar en caso de que desde EE.UU. se emprendan acciones militares en territorio mexicano contra los cárteles.
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