Narcoterrorismo
El presidente electo de EU, Donald Trump, ha decidido catalogar a los carteles de la narcodelincuencia en México, como organizaciones terroristas internacionales.
Lo que significa que pretende combatirlos por todos los medios a su disposición, en el mar, la tierra, el aire, el espectro radioeléctrico, el ciberespacio y lo aeroespacial.
No habrá ley, ni gobierno, ni sociedad que lo detenga. Es una guerra declarada contra los cárteles y sus asociados o cómplices.
Este posible intervencionismo conlleva para México, más allá de supuestas ventajas, la pérdida de soberanía, la usurpación de funciones, la exposición de acciones no logradas por los responsables en los tres niveles de gobierno, posibles daños colaterales y señalar incompetencia de las autoridades responsables de la seguridad y justicia.
Es posible que estas acciones del futuro gobierno de Trump resulten atractivas para algunos, sin embargo podrían conducir a un control y dominio, en donde los delincuentes sean sustituidos por otros personajes armados del vecino del norte, por lo que ante lo inevitable, es fundamental establecer una gradualidad y un proceso de coordinación en inteligencia y operaciones, para profundizar el combate a la delincuencia organizada que ya se ha iniciado, el ataque a los narcolaboratorios de drogas sintéticas, en particular del fentanilo, la detención de objetivos delincuenciales, sus cómplices, y su deportación a EU.
El gobierno mexicano ha señalado que el injerencismo del gobierno Trump, no será aceptado por ningún motivo, menos aún como un acto de subordinación. Si bien es una defensa de la autonomía e independencia gubernamental, no debe confundirse con la defensa de los narcodelincuentes. Lo que suena por registros adversos en la aplicación del
Gobierno anterior, ya que con la idea de una política de seguridad de abrazos y no balazos, se generó una ampliación territorial del control de los carteles.
La superación de este axioma político en seguridad, junto con las acciones emprendidas a partir de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha cambiado el paradigma predominante, los ataques y homicidios contra personal del Secretario de Seguridad Harfuch, así como las mantas que lo amenazan abiertamente, son elementos que exponen las diferencias de la actual acción gubernamental en contra de los narcodelincuentes.
Es por ello que habrán de ponderarse las políticas y acciones, de ambos países y gobiernos, de EU y México, en el marco que cambia la acción contra la delincuencia organizada y llevarlo a un terreno de beneficio mutuo, que consiste en la coordinación entre ambos gobiernos, ante un enemigo común, de lo contrario, una confrontación entre ambos gobiernos a causa de los delincuentes, solo beneficia a estos últimos.
Es un tema complejo, multifactorial, que debe ser valorado en función de las acciones y los resultados logrados en los 100 días de gobierno y, desde luego, en reuniones con el nuevo gobierno de Trump, para acompasar las tareas por venir.
La colaboración y la coordinación en acciones contra la delincuencia no debe afectar el derecho nacional e internacional, ni el interés nacional de ninguna de las dos naciones. Ni mucho menos la seguridad nacional.
Este es un reto para cabildear, negociar, construir y diseñar una política común contra la delincuencia, que logre la seguridad perdida y, desde luego, disminuya el daño que ha causado el fentanilo en EU.
Este es uno de los temas álgidos en la agenda de México con EU. Que deberá ser atendido con la responsabilidad del caso, y no con bravatas, ocurrencias o egocentrismos que respondan al electorado y no a la seguridad regional entre ambos gobiernos y naciones.
Esperemos que la necesaria rapidez de las acciones requeridas, en ambos gobiernos, no cambie el valor de la deliberación, el acuerdo y la planeación estratégica de acciones comunes entre México y EU, para enfrentar la delincuencia organizada común.
Mucho se ha iniciado en estructuras, procesos y resultados, es posible lograr mucho más, para beneficio de la sociedad, el desarrollo y seguridad de la nación.
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