México. “El gobierno federal se ha convertido en quien nos despoja”, denuncia Pedro Uc tras fallo que limita la defensa territorial
Por Eliana Gilet. Desinformemonos_Resumen Latinoamericano 30 de abril 2026.
Ante la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de limitar la capacidad de los pueblos indígenas para promover juicios para defender sus derechos colectivos, con la condición de que quienes lo hagan tengan una respaldo unánime de su comunidad, desde el territorio maya se denuncia que esto busca facilitar el despojo de los pueblos originarios.
“Este problema que estamos enfrentando se agudiza en el sentido de que antes la lucha era contra las empresas desarrollistas, pero ahora el gobierno federal ha incrementado y empeorado el problema, porque se ha convertido en un elemento de despojo, en el personaje que nos despoja”, dijo en entrevista con Desinformémonos Pedro Uc, poeta maya de la península de Yucatán e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´Xíimbal.
Uc analizó que este tipo de modificación legal busca facilitar el despojo de sus territorios. En particular, refirió que la decisión de la Suprema Corte de invalidar la judicialización de la defensa de un territorio por una persona individual, que necesitaría el aval de toda la comunidad y su representación legal para poder hacerlo, es una forma de evitar la defensa.
“Me parece una trampa, una injusticia por parte del Estado en contra de quienes hemos estado defendiendo nuestro territorio. El problema es que le eliminan a una persona su derecho, porque me parece que quienes estamos conformados como pueblos originarios tenemos un derecho que nadie puede quitarnos, prestarnos o rentarnos. Con esta decisión, la Suprema Corte está eliminando el derecho que tenemos de ser partícipes de un patrimonio colectivo”, analizó.
El cambio
En un voto dividido y resuelto a favor por mayoría de cinco jueces de un total de nueve, la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo directo que fue entablado por un habitante de San Sebastián Tutla, en Oaxaca, quien buscaba la cancelación de los permisos de construcción del fraccionamiento “Entre sierras”.
La sala de primera instancia falló al señalar que la persona no tenía legitimidad para actuar en nombre de toda la comunidad y, ahora, la Suprema corte refrendó esa postura, al rechazar la solicitud de reconocimiento que la persona afectada hizo en esa instancia superior, cuando buscó el respaldo para defender los derechos del común. Sin embargo, la Suprema corte le negó el respaldo.
El fallo señala la exigencia impuesta en la reforma de 2024 del artículo 2 constitucional, que implica que las comunidades indígenas de México son reconocidas como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, limitando la actuación en nombre de la comunidad sólo a quien tenga una representación legal de la misma.
“Nosotros hemos judicializado varios casos y tuvimos éxito. Hubo un megaproyecto que se llamó Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) que trataba de despojar a los campesinos y ejidatarios, a los pueblos originarios de sus tierras. Nosotros judicializamos el caso solamente como algunas comunidades de los tres estados, y ganamos”, recordó la fuente. “Imagínate que hubiéramos buscado el consenso de los tres estados para que esto pudiera ser válido. Me parece una incongruencia, no sé de dónde sacaron esa resolución”, apuntó.
Refirió un segundo caso similar de éxito contra la expropiación de una laguna Chichankanab de 14 mil hectáreas en Dziuché, realizada a espaldas de la comunidad para entregarla a un grupo empresarial con la justificación de que ellos se encargarían de su protección. Ese caso también fue judicializado y ganado por una defensa legal entablada de forma individual.
El nuevo requerimiento contrasta con lo que sucede en los territorios cuando desembarcan estos megaproyectos de despojo y desplazamiento, que suelen dividir y cooptar alguna parte de la comunidad para que trabaje con ellos. Es incluso más de lo que se le pide al sistema político y partidario, donde el consenso no es necesario para la toma de acción ni decisiones. No fue, incluso, una decisión unánime dentro de la Suprema Corte de Justicia.
El papel de Hugo Aguilar
El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es Hugo Aguilar, quien asumió el cargo tras las primeras elecciones del Poder Judicial, en junio de 2025, celebrado como el primer “indígena” en liderar el máximo órgano judicial del país. Sin embargo, Aguilar respaldó el cambio actual y fue uno de los cinco jueces que votó a favor la decisión.
“El tema con Aguilar no es nuevo, es un problema que venimos arrastrando desde la colonia”, señaló Pedro Uc. “Hay que recordar que los colonizadores tomaban indígenas vendidos y los ponían como líderes de sus comunidades para que ellos fueran el medio de dominación, explotación, y les hacían sus reconocimientos con unos hidalgos. Es una estrategia antigua, eficaz para los colonizadores. El gobierno no ha dejado de ser el colonialista y cada vez más, peor que los anteriores. El papel que juega Hugo Aguilar es justamente ese”, explicó.
Los antecedentes de Aguilar quedaron claros en tierras mayas con su papel para manipular las consultas respecto al Tren Maya, de acuerdo a la lectura de Uc: “con todo ese bagaje de trampa, de injusticias y montajes a los que se les llamó consulta y nunca lo fueron. Luego lo pusieron como presidente de la Suprema Corte. ¿Qué justicia vamos a tener nosotros si metemos un amparo contra el tren?”, disparó el defensor.
La lectura que se hace desde las comunidades mayas y que planteó la fuente es que se trata una vez más de una estrategia de contrainsurgencia para dividir, enfrentar y disolver la organización sistemáticamente, señaló el entrevistado. “Como acertadamente lo dice Magdalena Gómez, esta es una forma para disminuir la organización de las comunidades en diferentes lugares”, explicó.
Respuesta y defensa
La fuente confirmó que dentro de las comunidades mayas ya plantearon la posibilidad de llevar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para defenderse “del atropello” sufrido con la decisión de la SCJN.
“Dentro de nuestra estrategia, hemos utilizado el sistema vigente de derecho positivo, nacional e internacional, porque aunque le tenemos desconfianza a todos estos procesos, creemos que es un camino que hay que recorrer, para que luego no digan que no intentamos transitar por el camino establecido”, explicó Uc.
Añadió que desde la Península maya están dispuestos a agotar las posibilidades legales existentes para comenzar a “seguir el caminito legal”, y que planean reunirse con algunos líderes indígenas de todo el país en estos días.
“No podemos permitir que estas injusticias tan burdas, tan crueles, se sigan dando sobre nosotros con un gobierno con una alta hipocresía que le solicita a España que se disculpe frente a los atropellos que hicieron durante la conquista, pero que internamente sigue funcionando como el conquistador, el colonialista, y el que el día de hoy nos está despojando”, concluyó.
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