ANECASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESIN@S
DEFENDIENDO LA AGRICULTURA CAMPESINA Y CONSTRUYENDO LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

COMUNICADO DE PRENSA NO. 061
MÉXICO, D.F. A 2 DE JUNIO DE 2013

NUEVA ESTRATEGIA FINANCIERA PARA EL CAMPO PROPONE ANEC
  • La propuesta de “reforma financiera” del gobierno federal y el “Pacto por México” excluye al campo y beneficia a los bancos.
  • La ANEC propone una nueva estrategia de financiamiento para la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales.
  • Acceso a crédito y servicios financieros con tasas no mayores a 5 por ciento anual para todas las unidades de producción rural como parte de la política de Estado para la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo.
  • Nueva estrategia de financiamiento al campo asociada a precios remunerativos, certidumbre en la comercialización, asistencia técnica a ras de tierra y organización económica local de productores.
  • No basta traer a Lula a actos mediáticos. Es necesario aprender las lecciones brasileñas de masificación del crédito a los campesinos con garantía de precios remunerativos, certidumbre en la comercialización y asistencia técnica a ras del suelo.
El campo mexicano ha estado abandonado en las últimas tres décadas bajo un modelo de subordinación a los intereses externos y de las grandes corporaciones agroalimentarias. La política agroalimentaria hasta ahora ha privilegiado las importaciones, el fomento productivo a una minoría de agricultores comerciales de riego, rentistas en su gran mayoría, y a las grandes corporaciones agroalimentarias. Los resultados económicos, sociales, agroalimentarios y nutricionales , entre otros, muestran un claro fracaso de este modelo y la urgencia de un cambio de  fondo. 
Como parte del abandono deliberado del campo y del desmantelamiento de la capacidad productiva agroalimentaria local y nacional, el financiamiento ha desaparecido como instrumento estratégico de fomento productivo y de desarrollo local. Prácticamente no existe crédito a la producción agroalimentaria ni servicios financieros para la mayoría de las unidades de producción y localidades rurales del país. El sector productivo agropecuario y la población rural sufren de una inaceptable exclusión financiera, además de una exclusión económica, social, cultura y política.
Esta exclusión financiera -y económica, social y política- de la población rural del país es reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) recientemente dado a conocer por Enrique Peña Nieto. Efectivamente, en el PND se reconoce que únicamente el 6 por ciento de las unidades de producción rural tiene acceso al crédito formal y que la banca de desarrollo y mucho menos la banca privada cumplen con su obligación legal e institucional de “fomentar las actividades productivas” del país.
Las propuestas recientemente anunciadas por el gobierno federal y el “Pacto por México” en materia de “reforma financiera” prácticamente no hacen referencia a la exclusión financiera del sector agropecuario, forestal y pesquero y se concentran en hacer llamados a la buena voluntad de la banca privada para que aumenten su penetración en el sector y bajen tasas de interés. A cambio, se le propone facilitar la disposición de las garantías crediticias e incluso, establecer la figura del arraigo preventivo de los acreditados morosos. Todo queda en la autorregulación y buena voluntad del sistema bancario “mexicano”. Por tanto, es de esperar que aún con más subsidios públicos que se canalicen a la banca privada y facilidades fast track para tomar garantías y presionar a los morosos, no aumentará significativamente el crédito rural ni muchos bajaran las tasas de interés y los costos de transacción.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) demanda al gobierno federal un diálogo político y democráticos con las organizaciones de productores para el establecimiento de una política de Estado para la soberanía y la autosuficiencia alimentaria con base en el fomento productivo del 85 por ciento de las pequeñas y medianas unidades de producción hasta ahora excluidas, con un modelo sustentable de producción, sin transgénicos y sin monopolios.
Como parte de esta nueva política de Estado, se requiere de una nueva estrategia de financiamiento a la producción alimentaria y al desarrollo social y productiva de las pequeñas y medianas unidades de producción y de las localidades rurales de todo el país. Debe establecer a partir de la obligación del Estado de regular el sistema financiero para que cumpla sus fines y objetivos legales de “promover el desarrollo productivo”, obligando a la banca privada y de desarrollo a canalizar al menos el 30 por ciento de los depósitos a la vista para el financiamiento productivo a tasas no mayores al 5 por ciento anual de la agricultura familiar para el logro de la autosuficiencia y la seguridad alimentarias a nivel local, regional y nacional así como la inclusión social y la ciudadanía plenas en el campo.
Se trata de establecer una política de Estado de financiamiento para la autosuficiencia alimentaria a partir de la agricultura familiar con regulación del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la participación de la banca de desarrollo y banca privada y el desarrollo de un masivo programa de formación y desarrollo de intermediarios financieros y cooperativas de ahora y préstamos propiedad de los productores y pobladores rurales.
La nueva estrategia de financiamiento para la autosuficiencia alimentaria y el fomento productivo y social de la agricultura familiar deberá estar asociado ineludiblemente de un nuevo modelo de asistencia técnica en manos de los productores organizados y programa de fortalecimiento de un nuevo asociacionismo económico de los pequeños y medianos productores así como de los ejidos y comunidades a lo largo y ancho del país.
Vinculada a la nueva estrategia de financiamiento debe impulsarse un nuevo sistema de comercialización que garantice precios remunerativos a los productores, certidumbre en la venta de cosechas, un mecanismo de administración integral de riesgos, una asistencia técnica universal a ras de tierra y controladas por las organizaciones locales de productores y un nuevo asociacionismo de pequeños y medianos productores así como de los ejidos y comunidades a los largo y ancho del país.
Sin regulación y rectoría del Estado en materia de financiamiento productivo en el marco de una política de autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores, la intención de la reforma financiera del gobierno federal y del “Pacto por México” volverá a quedarse como un llamado a misa.
 
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Enrique Pérez S.
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