La consulta del Presidente
Contra la pared quiere poner la 4T a dos de los pilares fundamentales de las instituciones mexicanas: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional Electoral.
El instrumento para hacerlo es la pretendida consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
La iniciativa surgió del presidente López Obrador; sin embargo, él quiere que sean esos órganos los que resuelvan un tema que, por donde se vea, le redituará mucho políticamente.
Pero la ruta jurídica y legal no es tan simple como parece. Incluso, el ministro en retiro José Ramón Cossío plantea que determinar si una persona es sometida o no a proceso mediante el voto popular es contrario a todo el sistema de derechos humanos que está previsto en la Constitución.
Existe el riego de que el debido proceso se viole de origen sin una denuncia de por medio, y dejar que la ciudadanía se asuma como juez de los ex presidentes pone en entredicho al Estado de Derecho.
Nuestro marco legal es claro y el propio Jefe del Ejecutivo puede ordenar una investigación contra cualquier ex mandatario, sin echarle la bolita a otras instancias. Pero parece que no es así.
Por lo menos esa es la interpretación del senador Gustavo Madero: “Deje de estar manoseando a las instituciones y a la justicia para polarizar a los mexicanos. Si usted tiene algo contra cualquier ex presidente que haya cometido un delito, métalo al bote, denúncielo. No le saque, no sea Pilatos que se lava las manos en falsas consultas”.
También pidió a AMLO que denuncie si tiene las pruebas y que, si hizo un pacto de impunidad, que lo rompa, pero que no utilice a la democracia, que no la eche a perder como lo está haciendo con el país.
Pero por lo que ha dicho López Obrador, todo hace parecer que va por una ruta diferente. Quiere que el “pueblo bueno” juzgue a los ex mandatarios mediante la consulta, que el INE la organice y que la Corte la califique. Y si todo sale mal será culpa de los otros, no del gobierno, cosa que no está muy alejada de la realidad.
El INE no tiene los más de 5 mil millones de pesos que se requieren para organizar un ejercicio como ese. U organiza las elecciones intermedias del próximo año, las más grandes de la historia, o cumple un capricho que por ley tendría que hacerse el 1 de agosto.
Se necesita echar a andar toda la maquinaria como si se tratase de una elección constitucional, cosa que a estas alturas se antoja muy complicada.
Por esa y otras razones, podríamos anticipar que, otra vez, el único ganador con esta maniobra será el Presidente. El tema ya lo puso sobre la mesa, sus simpatizantes están dispuestos a participar, pero el INE y la Corte, están atadas de manos para seguirle el paso a la agenda de la 4T.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La única diferencia que hay entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho… dura más tiempo”.
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