ONG palestinas denuncian una "campaña de criminalización" de Israel
Ramala (Cisjordania), 12 nov (EFE).- ONG palestinas, declaradas ahora "terroristas" por Israel, defienden su trabajo y afirman que esta nueva norma es solo un paso más en el hostigamiento que afronta la sociedad civil palestina que denuncia la colonización israelí.
"Parte de la institucionalización de una larga campaña para manchar a la sociedad civil palestina, intentar retraer nuestros recursos, cerrar nuestras oficinas básicamente, muchos intentos ha habido", resume a Efe la joven Assel al Bayeh, investigadora legal de Al Haq, una de las ONG más conocidas local e internacionalmente.
Expone entre ellos la prohibición de viajar que ha tenido durante años su director, Shawan Yabarin, que le impide salir de Cisjordania ocupada, cuyos accesos controla Israel, además de las redadas en oficinas o las apelaciones a donantes para que recortaran la financiación.
Pero la designación de ahora "es una escalada", dice.
"Podría ser fácilmente arrestada y procesada por ser la directora de un grupo terrorista", asume Sahar Francis, al frente de Addameer, otra de las organizaciones afectadas.
Todas tienen en común que nacieron hace más de tres décadas, participan activamente en foros internacionales -algunas documentan para la investigación abierta de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en territorio ocupado- y hoy la mayoría recibe subvenciones europeas.
Son: Al-Haq (1979); la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (1980) y las organizaciones Unión de Comités de Mujeres Palestinas, establecida en 1986; el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan (1989) Addameer, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (1991), y Defensa Internacional de la Infancia (1991).
Israel alega que son "brazo civil" del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por Estados Unidos y la Unión Europa, y les acusa de desviar fondos.
Las Agencias de la ONU y la Unión Europea no ha encontrado "fundamento" hasta ahora en estas acusaciones y piden más pruebas.
EL CASO DE JUANA RUIZ
Las alegaciones por terrorismo comenzaron con los testimonios obtenidos tras las detenciones de empleados de los Comités de Trabajo para la Salud -otra organización previamente legalizada- entre ellos, la española Juana Ruiz, arrestada en abril.
Estas fueron presentadas en mayo a los gobiernos, muchos de ellos donantes a través de programas de cooperación, y a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.
La ONU y la Unión Europea consideró que no "eran suficientes" y solicitó "pruebas" sobre estas denuncias, hasta ahora no presentadas.
El 22 de octubre, el Ministerio de Defensa israelí aplicó la ley antiterrorista de 2016 -solo vigente en su territorio- pero el pasado domingo la convirtió en orden militar, aplicable en zona ocupada.
Las acciones se precipitaban como el proceso judicial de Juana, que terminó el miércoles, a falta de sentencia que se presentará el 17 de noviembre, con un "acuerdo de culpabilidad" para reducir su pena. Para Israel, una prueba de que las alegaciones son verdad.
El abogado defensor, Avigdor Fledman, aclaró a Efe que Juana solo admitió los dos cargos relativos a ella, "nada más" que "brindar servicio a una entidad ilegal" y "recibir dinero y traerlo ilegalmente a Cisjordania", como parte de su trabajo como recaudadora de fondos para la ONG.
En ningún caso "admitió" los antecedentes que, aunque Fledman intentó impugnar en la vista del miércoles a la que asistió Efe, aparecen como contexto en el escrito final del acuerdo en el que mencionan a todas las ONG y se vinculan con el FPLP.
Estos hechos, hasta ahora, no han sido juzgados o probados judicialmente, ni el caso de Juana ni en el del resto de implicados.
DISUADIR APOYO INTERNACIONAL
Francis regresaba de España el mismo día que su organización pasó a ser "terrorista". Allí había hablado del caso de Juana, y de que consideraba su detención como un aviso a navegantes, sobre todo, para los donantes.
"Pensé que no irían tan lejos", asegura, por las "débiles" alegaciones presentadas hasta ahora.
"Como fallaron en silenciar a la sociedad palestina por la vía diplomática y atacando a las ONG, el último paso legal que tenían en sus manos era activar esa ley antiterrorista que es israelí y no deberían ser aplicada en territorio ocupado", añade.
Las ONG por el momento siguen operando. Bayeh confía en el trabajo, que auditan desde que reciben los fondos", y en sus donantes: "Saben que son esfuerzos políticos para criminalizar a la sociedad civil después de los intentos fallidos de retraer nuestros recursos", valora.
Francis coincide pero intuye que "afectará a todo el sector de derechos humanos y desarrollo a nivel internacional".
"¿En serio Europa va a permitir que esto ocurra, que se crea que todos sus programas y dinero que invirtió al final hayan apoyado el terrorismo?", se pregunta.
Laura Fernández Palomo
(c) Agencia EFE
Israel condena a la cooperante española Juana Ruiz tras acuerdo de culpabilidad
Jerusalén, 10 nov (EFE).- Un tribunal militar israelí declaró hoy culpable a la cooperante española Juana Ruiz, encarcelada desde abril, por trabajar y recaudar fondos para una organización ilegal, en base a un "acuerdo de culpabilidad" alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.
El acuerdo -que no implica una admisión expresa de culpabilidad sino una aceptación de los cargos- propone una pena de prisión de 13 meses y una multa de 50.000 shékels (14.000 euros), aunque la corte militar emitirá el próximo 17 de noviembre la sentencia final con la pena definitiva, que puede variar.
Según este acuerdo, los cargos imputados a Juana Ruiz se redujeron a dos aunque inicialmente se le imputaron cinco delitos relacionados con su trabajo en los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina a la que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.
La defensa y la Fiscalía alcanzaron el acuerdo en una sesión de mediación celebrada el lunes, que se presentó hoy ante la corte militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, a donde Ruiz llegó esposada de pies y manos.
"Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño", declaró hoy Ruiz, que podrá descontarse los siete meses que ya lleva en la cárcel de la pena definitiva.
La trabajadora humanitaria, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años ochenta, e Israel le aplica la ley militar, como sucede con el resto de palestinos de Cisjordania.
El Ejército de Israel señaló en un comunicado que Ruiz admitió haber recaudado fondos europeos para la ONG que luego se transfirieron para financiar las actividades del FPLP y que ella continuó con esas actividades a pesar de sus sospechas de que actuaba en nombre de esa organización considerada terrorista.
"Muchos documentos fueron falsificados por funcionarios de la organización y los donantes fueron defraudados y engañados con respecto al uso de estos fondos de donación", indica el Ejército, aunque su abogado, Avigdor Feldman, asegura que en el acuerdo queda especificado "muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó fue entregado al FPLP".
Los ministerios israelíes de Exteriores y Defensa afirmaron hoy en un comunicado conjunto que con el acuerdo Ruiz admite que ejerció "como recaudadora de fondos para la organización terrorista FPLP y que los Comités de Trabajo de Salud, donde trabajaba, es uno de sus brazos civiles", junto con las 6 ONGs declaradas terroristas recientemente por Israel.
Sin embargo, Feldman aseguró a Efe que esta vinculación es "engañosa" y "no es correcta", ya que Ruiz siempre sostuvo que no tenía conocimiento del destino final de los fondos. Durante la vista celebrada hoy Feldman se opuso a que constaran en el acuerdo las seis organizaciones palestinas designadas como terroristas, ya que no tenían que ver con el caso de Ruiz.
"Toda la comunidad internacional debe trabajar junto con Israel para evitar que las organizaciones terroristas utilicen el barniz de la cobertura civil y para evitar que los fondos asistenciales lleguen a las organizaciones terroristas", declaró el ministro de Exteriores, Yair Lapid.
Las ONG designadas como terroristas, que también reciben fondos internacionales, son la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia.
Según Israel el acuerdo de culpabilidad firmado hoy "prueba que el FPLP operaba estas red de organizaciones para recaudar fondos, aunque los países donantes y las agencias de la ONU aseguran que Israel no ha presentado pruebas que basen estas acusaciones.
(c) Agencia EFE
No hay comentarios:
Publicar un comentario