Israel, Un Estado Carcelario
 Hay numerosas maneras engañosas de enmarcar el conflicto en Palestina. Estas incluyen tergiversaciones de larga data, tales como: que ha estado sucediendo “desde tiempos inmemoriales”, o que todo el derramamiento de sangre en resultado directo de un histórico rechazo árabe o musulmán a los judíos, vinculado a un deseo de “tirarlos al mar”; o que es una trágica lucha entre dos movimientos nacionales con prácticamente la misma valencia, para la Francia y la Alemania de los años 1870 a 1945. Otro enfoque defectuoso, favorecido por los medios de comunicación, es considerar todo exabrupto como parte de un irracional y autogestado “ciclo de violencia”, como si fuera imposible atribuir causa y efecto a lo que está ocurriendo. Todas estas representaciones fallidas suprimen en esencia que se trata de un enfrentamiento de naturaleza colonial, a pesar de los apasionados nacionalismos y los fervientes sentimientos religiosos en juego de ambos lados. Los protagonistas son, por un lado, una población de colonos protegidos por su propio estado-nación poderoso, militarizado y con armas nucleares, y por el otro, una nación arraigada en la población autóctona originaria a la que siempre se le ha negado un estado.
Comenzando por tal premisa, hay un enfoque mucho más más fructífero para comprender lo que ocurre en Palestina. Tal enfoque es fiel a la historia y a la forma en la que hoy se manifiesta sobre el terreno en Palestina para cualquier observador que examine atentamente los asentamientos, puestos de control y muros que definen esta realidad. Este enfoque considera al movimiento sionista y al estado israelí que surgió de él como un proyecto carcelario en lo que al pueblo palestino se refiere. Es en este marco que este número del Journal of Palestine Studies [Revista de Estudios sobre Palestina] presenta un informe sobre los prisioneros palestinos.
 Vallar las tierras para impedir el acceso a sus propietarios autóctonos, o amurallar, confinar, y reducir a la población nativa de la tierra a “reservaciones” a fin de permitir a la población de colonos la libertad de movimiento y acción, y a la vez encarcelar (o matar) a quienes refutan activamente la legitimidad del proyecto colonial, son las características típicas de los intentos coloniales colonizadores. Demás está decir, que los asesinados y encarcelados durante tal proceso son despectivamente descriptos como “bandidos”, “fanáticos”, o “terroristas”.
Aparte de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que han extirpado o marginado a sus poblaciones originarias, Israel permanece como el último estado colonial colonizador en pie. En los territorios ocupados en 1967, Israel llevó los tradicionales métodos de aislamiento, confinamiento y control a nuevos niveles. Lo hizo creando bloques de asentamientos coloniales ubicados estratégicamente para separar, aislar y desintegrar las concentraciones de población palestina; una red de muros, vallas, puestos fronterizos y puestos de control, una red de rutas segregadas y un sistema altamente sofisticado para la reglamentación del movimiento; y una vasta estructura penitenciaria vigilada por un intrusivo y omnipresente servicio de inteligencia y un sumiso y servil ejército y aparato jurídico civil. En resumen, se trata de un inmenso edificio carcelario, que la periodista israelí Amira Hass memorablemente describió como una “matriz de control”.
 La proporción de palestinos que han pasado por el sistema penal israelí durante generaciones es extraordinariamente alta, estimándose en 800.000 personas, o alrededor del 40% de la población masculina de los territorios ocupados que han sufrido alguna forma de detención, desde 1967. Por supuesto, sólo una fracción del total de la población palestina está encarcelada al mismo tiempo: al 1 de mayo 2014, Israel retenía a 5.271 prisioneros políticos y “detenidos administrativos” según la Asociación Addameer, ONG palestina líder dedicada al tema de los prisioneros. Usando criterios algo diferentes, B’Tselem, contraparte israelí de Addameer, estima esa cifra en 5.053 hacia el final del mismo mes. Sin embargo, esos números son falazmente bajos. Miles de otros palestinos, muchos cientos de ellos niños, han sido detenidos para someterlos a interrogatorio o antes del juicio por corto tiempo, o retenidos por el “crimen” de tratar de entrar a Israel para conseguir trabajo (los ciudadanos israelíes van a donde quieren por todo “Eretz Israel”; los palestinos de Cisjordania o la Franja de Gaza que intentan) entrar a Israel son sometidos a severas sanciones penales). Es más, el inofensivo término “detención administrativa”, como todas las construcciones orwellianas (por ejemplo, “proceso de paz”), encubre la brutal realidad de una detención potencialmente indefinida sin acusación, juicio ni sentencia, por períodos -de tres a seis meses- renovables a veces por años, y en algunos casos por una década y más también. Se calcula que unos 100.000 palestinos han sido objeto de esta práctica en los casi 50 años transcurridos desde la ocupación de 1967.
La “detención administrativa” es una de muchas reliquias coloniales en el arsenal israelí de herramientas para someter a la población palestina. Es el fruto amargo del Reglamento de Excepción de Gran Bretaña de 1945, un cuerpo de legislación abusiva que ha sido la columna vertebral de las políticas jurídicas y carcelarias de Israel en las zonas de Palestina ocupadas en 1967. Y no es casualidad. Esencial para el régimen restrictivo de Israel respecto a los palestinos, la detención administrativa –y muchas otras prácticas, tales como la demolición de viviendas, el exilio y los castigos colectivos, prohibidos internacionalmente- proviene directamente del libro británico de jugadas estratégicas: Las políticas y prácticas de Israel están directamente arraigadas en la larga experiencia de Gran Bretaña en mantener a los nativos alineados en India, Irlanda, Egipto, África Subsahariana y gran parte del resto del mundo.
 La mayoría de los detenidos administrativos palestinos, que en mayo de 2014 sumaban 194 (y algunos de los cuales han sido mantenidos en esa condición por más de 10 años), realizaron entonces una huelga de hambre, exigiendo el fin de esta arbitraria práctica. La huelga consiguió la simpatía de muchos cientos de otros prisioneros políticos palestinos, que se negaron a alimentarse en solidaridad con los detenidos administrativos en huelga. También tocó una cuerda sensible en muchos sectores de la sociedad civil palestina, que respondió con protestas y manifestaciones a lo largo de los territorios ocupados. La población de la mayor parte de Cisjordania parecía pasiva antes de eso, casi paralizada, ante la combinada represión israelí y la cooperación de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) con Israel, descaradamente descripta por el presidente Mahmud Abbas como “sagrada”, en un mensaje destacando el bienestar individual y la seguridad para los sectores acomodados de la sociedad palestina. Aunque esa huelga de hambre fue suspendida en junio 2014 sin lograr su principal objetivo de poner fin a la práctica de la detención administrativa, para entonces ya había llevado a un nuevo nivel de efervescencia popular. Junto a la repulsión producida por la represión israelí de los palestinos que protestaban contra las prácticas israelíes de detención, incluyendo el asesinato a tiros de cinco jóvenes manifestantes en mayo y principios de junio 2014, este fermento contribuyó a una posterior escalada de protestas. Esta escalada de una situación ya explosiva -que conllevó los más altos niveles de descontento popular palestino, en Jerusalén y otros lugares, que se hayan visto en más de una década- comenzó con el secuestro y asesinato en junio de 2014 de tres israelíes que estudiaban en una yeshiva [seminario religioso judío] en Cisjordania ocupada. Desde entonces, Israel lanzó una campaña deteniendo a cientos de palestinos por toda Cisjordania. El “vengativo” secuestro, tortura y asesinato de Muhammad Abu Khudeir, de 16 años, fue perpetrado entonces, el chico fue quemado vivo por sus secuestradores israelíes en Jerusalén. Todo esto formó el telón de fondo del masivo ataque militar de Israel contra Gaza en julio 2014.
Sin embargo, y a pesar de su importancia, el encarcelamiento y la detención son sólo una parte del cuadro. La estructura entera del régimen de ocupación establecido después de 1967 en Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este -que en sus características esenciales se asemeja a lo que fue hecho anteriormente en las zonas incorporadas a Israel en 1948-49- puede verse como una empresa carcelaria, diseñada para controlar, confinar y dominar a los palestinos que viven en estas zonas. El ejemplo más extremo y más perfeccionado de esta estrategia es el trato dado a la Franja de Gaza, que se ha convertido en la prisión al aire libre más grande del mundo, donde 1,8 millones de personas están acorralados dentro de 360 km2, un gueto en el cual la mayoría de ellas están confinadas por años. Pero incluso en las circunstancias más aparentemente “abiertas” de Cisjordania y Jerusalén Este, se utilizan los mismos principios de controlar, confinar y dominar, como en cualquier sistema penitenciario.
 Este método tiene una historia, con dos distintos períodos dignos de atención: antes de 1948 y desde 1948 hasta 1967. El antiguo movimiento sionista, intentó colonizar y finalmente apropiarse de la totalidad del densamente poblado territorio de Palestina árabe, utilizando una estrategia de erigir rápidamente la llamada estacada y asentamientos atalayas (homah v’migdal) para dominar sus entornos estratégicamente elegidos y al mismo tiempo excluir a la comprensiblemente hostil población palestina cuyas tierras fueron invadiendo los colonos. Al principio, cuando la población de colonos era una parte del total y la implementación del proyecto sionista era completamente dependiente del poderío de la potencia colonial británica, fue aplicado tal conjunto de medidas para excluir a “los nativos” de las zonas que habían sido apropiadas por los recién llegados. Después de la victoria militar y la limpieza étnica de 1948-49, consiguiente al establecimiento del Estado de Israel, sin embargo, fue adoptado un conjunto de criterios completamente nuevos extraídos de este modelo carcelario básico. Por lo tanto, los palestinos que permanecieron en el nuevo Estado de Israel, ahora convertidos en pequeña minoría, fueron confinados desde 1948 hasta 1966 a zonas limitadas del país por un gobierno militar que usó su altamente desarrollado servicio de inteligencia para reglamentar meticulosamente sus movimientos y por una política de robo de tierras ‘legalizado’. Esta política restringió a las poblaciones árabes de zonas como Galilea y el Triángulo [zona sobre la llanura costera entre Haifa y Ramle] a una porción de tierras que era de propiedad árabe antes de 1948. Los palestinos dentro de Israel fueron rodeados no con vallas y torres de vigilancia sino con kibutz, moshav, “zonas verdes”, áreas restringidas, zonas militares, y otras formas ‘ingeniosas’ para controlar la tierra recientemente apropiada, con sus comunidades densamente rodeadas los palestinos no podían expandirse. Al mismo tiempo, fueron erigidas barreras físicas y jurídicas para evitar que los cientos de miles de palestinos que fueron expulsados o tuvieron que huir de sus hogares en medio del terror durante los combates de 1948-49 puedan regresar a su patria o reclamar sus propiedades robadas. Por lo tanto, fue diseñado el nuevo régimen carcelario israelí después de 1948 para confinar física y jurídicamente y controlar a la pequeña parte de la población palestina que permaneció dentro de los límites del estado, y excluir a la mucho mayor cantidad de palestinos que habían sido expulsados. Después de 1967, los modelos pre-estatal y del 1948-66 que habían sido perfeccionados dentro de Israel, fueron “exportados” a los recién conquistados territorios de Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este. Los asentamientos coloniales fueron construidos para demarcar reclamos territoriales y para confinar a la población palestina a zonas cada vez más pequeñas de lo que quedaba de su patria. El apogeo de este proceso fue el trazado, a mediados de la década de 1990, del sistema de Oslo que divide Cisjordania en las áreas A, B y C y por el cual Israel mantiene el control absoluto sobre la mayor parte del territorio y su posición predominante sobre el resto. Mientras tanto, algunas de las prisiones que fueron utilizadas por los británicos para encarcelar a los palestinos durante la época del Mandato y por Israel después de 1948 para encarcelar a los recalcitrantes ciudadanos árabes del nuevo estado, están siendo utilizadas ahora para detener a los palestinos de los territorios ocupados en 1967. Son parte de un archipiélago de 25 centros de detención, prisiones y centros de interrogatorios, 21 de ellos dentro de Israel, desparramados por este pequeño país. Las instalaciones están abarrotadas de palestinos detenidos hasta el interrogatorio y juicio, mantenidos como detenidos administrativos sin acusación ni juicio ni condena, o encarcelados después de un juicio y una sentencia en tribunales militares que invariablemente encuentran al acusado culpable: una farsa de proceso judicial nefastamente detallado en el documental israelí de 2011 “The Law in These Parts” [La Ley de Aquí].
Mientras se estaba escribiendo esta presentación, se estaban produciendo disturbios, que duraron semanas, en barrios palestinos de Jerusalén Este árabe ocupada, en parte de zonas de mayoría árabe dentro de Israel y en Cisjordania, mientras que la Franja de Gaza estaba siendo atacada por la fuerza aérea, naval y de artillería de Israel y tropas terrestres penetraban en el territorio y en tanto desde allí se disparaban cohetes dentro de Israel. Cualesquiera sean sus causas directas y cualquiera sea su imprevisible desenlace, estos acontecimientos representan la inevitable respuesta de una sociedad oprimida por un poder colonial, que ha confinado, aislado, separado y expulsado, durante generaciones, a un pueblo entero por medio de un sofisticado y vasto sistema carcelario. A pesar de su amenazante e intrusiva presencia en las vidas de todos los palestinos, ya sea los que están confinados dentro, o los que son mantenidos fuera prohibiéndoles retornar a su patria, este sistema es aún más siniestro por hacerse invisible para muchos en Occidente gracias a décadas de exitosa manipulación mediática.
 Tal vez sea una señal de que la vieja y confusa fórmula ya no puede ser fiable para engañar a toda la gente todo el tiempo, respecto al trato de Israel hacia los palestinos, que uno de los objetivos más vulnerables del creciente movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) haya sido la empresa de seguridad G4S. Diversos componentes de esta corporación mundial proveen equipamiento para prisiones, vallados y sistemas de vigilancia en Israel y en las partes de Palestina ocupadas en 1967, así como en prisiones y centros de detención en el Reino Unido, a lo largo de la frontera entre EEUU y México, y en las principales prisiones de EEUU. La Iglesia Metodista Unida, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EEUU), la Fundación Bill y Melinda Gates, y Unite -el mayor sindicato de Gran Bretaña-, han desinvertido o llamado a desinvertir en la empresa, que se destaca por prestar servicios de sistemas y equipamientos para el encarcelamiento y control de los palestinos. Son cuatro pesos pesados en el mundo occidental. Esta y otra presión similar llevaron a este peso pesado empresarial (con más de 600.000 empleados en todo el mundo), a declarar en junio de 2014 que no renovaría sus contratos con Israel. Estos contratos prevén suministrar equipamientos de seguridad y control a los puestos de control militar israelíes, a la tristemente famosa prisión de Ofer (fuera de la cual, según mostró un video, soldados israelíes asesinaron a tiros a dos adolescentes palestinos en mayo 2014), a una estación de la policía israelí en Cisjordania, y también a prisiones dentro de Israel en las que están detenidos los palestinos. Es particularmente apropiado que este tipo de empresa esté en la mira del movimiento BDS, dado que las prisiones y el confinamiento, el aislamiento y la separación han sido fundamentales para el proyecto sionista y su descendiente, el Estado de Israel. Es también un signo de los tiempos que tal presión haya tenido éxito.
Ahmad Saadat y Marwan Barghuthi son quizás los dos prisioneros políticos más conocidos. El primero, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), fue sentenciado a treinta años de prisión por un tribunal militar israelí, en 2008, que lo acusó de encabezar “una organización terrorista ilegal” y de ser responsable de todas sus acciones, incluyendo el asesinato, en octubre de 2001, del general (retirado) Rehavam Zeevi, un exministro israelí de turismo. Barghuthi fue condenado a cinco cadenas perpetuas (de por vida) por un tribunal civil israelí, por ataques en Israel en 2001-2002, durante la segunda intifada, en los cuales fueron asesinados cinco israelíes.
 Más de cuarenta líderes palestinos han sido asesinados por Israel (más de veinte de ellos entre 1972 y 1988, y otro tanto desde 1994), Mientras que el de Zeevi es el único caso similar del lado israelí. De más está decir que, ya sea por perpetrar asesinatos contra palestinos de alto nivel jerárquico o ataques contra civiles palestinos, los perpetradores israelíes no son descriptos como terroristas. Entre el año 2000 y el 2014, las fuerzas militares y/o los colonos israelíes asesinaron a más de 1.407 niños palestinos, un promedio de dos por semana, según datos de Defence for Children International. Mientras que los responsables de tales matanzas no son considerados terroristas, Barghuthi y Saadat, así como miles de otros prisioneros políticos palestinos, son clasificados como tales por Israel. Los medios occidentales generalmente siguen su ejemplo, nunca describen a los israelíes responsables de actos sanguinarios como terroristas, y frecuentemente repiten el uso que Israel hace del término para describir a los palestinos. El sistema jurídico norteamericano tiende a obedecer a Israel de manera servil. Por lo tanto, el “apoyo material” para muchos grupos palestinos está severamente proscripto en virtud de la legislación estadounidense debido a que están clasificados como organizaciones terroristas, pero no existen impedimentos legales para realizar contribuciones deducibles de impuestos para organizaciones “benéficas” que respaldan a los asentamientos coloniales israelíes en Cisjordania de donde salen los vigilantes extremistas que habitualmente asesinan y mutilan a palestinos.
Como se señaló anteriormente, etiquetar a quienes resisten la opresión como “terroristas” es una figura retórica colonial estereotipada, y valdría la pena retomar el caso de otra situación colonial, la de Sudáfrica bajo el régimen del apartheid, para examinar cómo ésta se ha desarrollado a través del tiempo. Para la Pretoria gobernada por los blancos y para la administración Reagan, que la apoyó firmemente durante la Guerra Fría, el Congreso Nacional Africano (CNA) y su líder Nelson Mandela eran simplemente terroristas. Es digno de mencionar, que el brazo armado del CNA, liderado por Nelson Mandela, realizó violentos ataques de sabotaje contra instituciones sudafricanas y que Mandela era miembro de la dirección del Partido Comunista sudafricano, así como comprometido defensor de la lucha armada. Hacia el final de su confinamiento en la isla Robben, él se negó a renunciar a la violencia, lo cual le había exigido el régimen del apartheid como condición para su liberación.
A pesar de todo esto, Nelson Mandela finalmente tomó notoriedad pública, convirtiéndose en foco de una gran campaña internacional con el lema “Liberen a Nelson Mandela”, que dio título a una exitosa canción de [la banda británica] The Specials en 1984. Él y sus compañeros del CNA, encarcelados, fueron de ese modo transformados a los ojos del mundo de “terroristas” a combatientes por la libertad y pasaron a ser considerados prisioneros políticos. El fallecido líder sudafricano ha entrado ahora en el panteón de los héroes en la lucha contra la opresión colonial y racista junto a Mahatma Gandhi y el Dr. Martin Luther King, aunque a diferencia de estos dos, Mandela nunca fue un apóstol de la no-violencia. Aunque se ha endiosado a Mandela y a muchos otros líderes de movimientos anti-coloniales que utilizaron la lucha armada antes que él, que se remonta a los arquitectos de la independencia de EEUU hace más de dos siglos, los palestinos que lo hacen son sistemáticamente manchados con la brocha del terrorismo.
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Notas: Rashid Khalidi es historiador especialista en Medio Oriente, profesor en la Universidad de Columbia y redactor en jefe del Journal of Palestine Studies.
Este artículo fue escrito como presentación de un número especial del Journal of Palestine Studies dedicado al tema de las prácticas israelíes de encarcelamiento y detención, que incluyó entrevistas a los prisioneros políticos M. Barghuthi y A. Saadat, un extenso artículo de Salman Abu Sitta y Terry Rempel sobre la poco conocida historia de la detención de más de 5000 civiles palestinos en campos de trabajos forzados israelíes desde 1948 a 1956, y un análisis jurídico de Sahar Francis –directora de la Asociación Addameer- sobre las violaciones israelíes al derecho internacional. |
Fuente: Journal of Palestine Studies, 172, Vol. 43, N°4, p. 5, Summer 2014
Traducción: Bea Esseddin |
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