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lunes, 19 de octubre de 2026

Urge renuncia del gobernador de Jalisco por represor

 

El agua puerca y la represión amargan a Jalisco: piden a Lemus que se vaya ¬ CRÓNICA

La gente volvió a marchar en Guadalajara por el agua contaminada. Por horas no pudieron avanzar, ante el temor de las agresiones de “provocadores” y de las detenciones arbitrarias del Gobernador.

Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre (SinEmbargo).– El agua sucia se convirtió en una enorme ola que arrastró una demanda contundente: la revocación del mandato de Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco. La indignación ya era demasiada; por eso marcharon la semana pasada. Luego creció ante la represión policial. Pero se desbordó este domingo, cuando la presencia de grupos violentos alimentó las sospechas de un intento del mandatario de desmovilizar a la ciudadanía.

El descontento comenzó en las llaves de miles de hogares de Guadalajara, de las que desde hace varios meses empezó a salir agua oscura, con olor a drenaje y residuos que la volvieron inservible incluso para las necesidades más elementales.

Después se trasladó a las calles, donde miles de jaliscienses exigieron una solución a la crisis. Pero la respuesta que recibieron del Gobierno de Pablo Lemus Navarro, con policías antimotines, gases lacrimógenos, golpes y decenas de detenciones, agravó la indignación. Y ahora, en la segunda manifestación de este domingo, a la inconformidad se sumaron las denuncias sobre la presencia de grupos de choque y sujetos embozados señalados como infiltrados, cuya identidad y vinculación con las autoridades aún deben esclarecerse.

Este domingo, 18 de octubre, miles de personas volvieron a reunirse en el Parque Rojo de Guadalajara para marchar hacia el Palacio de Gobierno. A los reclamos por la calidad del agua, el deterioro de la infraestructura hidráulica y el rechazo a una eventual privatización del servicio se ha sumado abiertamente la exigencia de revocar el mandato de Pablo Lemus.

La exigencia de sacar a Pablo Lemus del Gobierno de Jalisco enfrenta un largo camino legal. De acuerdo con la legislación estatal, la revocación de mandato sólo puede solicitarse durante los primeros 120 días de la segunda mitad del sexenio, es decir, entre diciembre de 2027 y abril de 2028.

Para iniciar el procedimiento, los ciudadanos tendrían que reunir las firmas de al menos el 3 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, equivalentes a poco más de 200 mil apoyos, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales del estado. Pero para que la consulta tenga validez, tendrían que participar al menos 3 millones 762 mil ciudadanos, una cantidad equivalente a quienes acudieron a las urnas en 2024; además, los votos a favor de retirar al Gobernador tendrían que superar el millón 631 mil sufragios con los que llegó al poder.

Es decir, el descontento que hoy se manifiesta en las calles tendría que convertirse en una movilización electoral de millones de jaliscienses para conseguir la salida anticipada del mandatario de Movimiento Ciudadano.

Miles de personas volvieron a salir a las calles de Guadalajara este domingo 18 de octubre para exigir una solución a la crisis del agua contaminada, denunciar la represión policial y reclamar la salida del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Foto: Dulce Olvera, SinEmbargo.

Los primeros indicios de la violencia

El llamado era a una marcha pacífica y la mayor parte del tiempo así se sostuvo. Pasadas las 10 de la mañana, un grupo de jóvenes del colectivo Comisión de Primeros Auxilios de Movimientos Populares de la Zona Metropolitana llegó al Parque Rojo para organizar los cuidados médicos que pudieran requerirse. Se preparaban ante la posibilidad de que la violencia volviera a irrumpir –como en la marcha del 11 de octubre–, ya fuera por acción del Gobierno estatal o de posibles infiltrados.

La gente se iba congregando, incluidas familias con personas de la tercera edad y niños. Iban afinando el tono, ensayando consignas. “¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!”.

Puntuales, a las 11 de la mañana, se acercaron dos grupos distintos de personas, cuya presencia despertó la desconfianza de buena parte de los manifestantes. Uno se ubicó detrás de la vanguardia. Sus integrantes vestían camisetas rojas y playeras de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“El uso de estas prendas no implica representación, participación ni respaldo institucional de nuestra casa de estudio”, se deslindaría horas más tarde la UdeG a través de un comunicado, cuando circularon imágenes de estos hombres dañando negocios.

El otro decidió caminar en la parte delantera del contingente. Algunos llevaban el rostro cubierto y cargaban con palos. No todos intentaban ocultarlos; al contrario, los llevaban a la vista, como si quisieran dejar claro que estaban ahí y que iban armados. Otros, en cambio, los metían en sus amplios pantalones de mezclilla y los ocultaban debajo de sus holgadas playeras negras.

“¡Fuera porros, fuera porros!”. La gente los echó de su marcha pacífica. Pero no se fueron del todo, sólo se adelantaron. Calles más adelante comenzaron a romper aparadores de negocios.

¿Se cancela la marcha?

La marcha avanzó por la avenida Juárez y cruzó la calzada Federalismo, pero se detuvo media cuadra más adelante. Integrantes de la Comisión de Seguridad informaron que, según los reportes que estaban recibiendo, “un grupo de provocadores” estaba causando destrozos.

Si avanzaban, estos hombres armados provocarían a los manifestantes y el Gobierno de Pablo Lemus tendría pretexto para realizar detenciones arbitrarias nuevamente, explicó una joven con un megáfono. Por cerca de una hora, el megacontingente siguió a la espera de avanzar, hasta que llegó un anuncio:

“La Comisión de Seguridad ha hecho un balance y no hay condiciones para seguir avanzando, porque no enviaron policías en esta ocasión”, sino a grupos de provocadores, dijo finalmente la joven. Así, comenzaron a informar a los asistentes por grupos. Esto no nos va a desmovilizar, seguiremos en la lucha, les decían.

Unas personas insistían en continuar la marcha, aunque con precauciones; otras preferían retirarse y algunas proponían quedarse en plantón. La gran mayoría continuó, porque la indignación por el agua sucia es demasiada.

Finalmente, a eso de la 1:30 de la tarde, la marcha se reanudó. La resistencia ciudadana ganaba otra pequeña victoria este domingo.

¡Sí se pudo!

Las personas mayores, los jóvenes y las familias que llegaron con sus bebés y resistieron durante horas en el plantón reanudaron la marcha. Llevaban horas de pie, pero ahora caminaban como si hubieran recuperado las fuerzas.

Los reclamos contra Pablo Lemus habían crecido a cada paso. Si al principio la exigencia era tan elemental como tener agua limpia en casa, ahora una consigna parecía reunir el sentir de buena parte del contingente: “¡Fuera Lemus!”.

Avanzaban deprisa. La espera les había robado demasiado tiempo. Pero esas horas no fueron en balde: mientras esperaban, conversaron, compartieron testimonios y reconocieron sus luchas en las de otras personas. La protesta se había ensanchado en esa pausa. Cuando emprendieron la marcha, se escuchaban con más fuerza otras consignas: “¡Palestina libre!” y “¡Fuera el sionismo de Jalisco, de México y de América Latina!”. La marcha por el agua sucia ya no se limitaba a las tuberías ni a las responsabilidades del Gobierno estatal.

Con ese ánimo llegaron a la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Entraron cerca de la 1:45 de la tarde. Ahí sus consignas tomaron más fuerza. “¡Lemus, pendejo, el agua es un derecho!”.

Poco a poco, más personas iban llegando para nutrir el mitin sin templete, sin una figura central que tomara el micrófono, pero con una organización de jóvenes que resistió el boicot de su protesta.

El contingente crecía y con él los reclamos, que ya no eran solamente por el agua contaminada. A cada tanto volvían a gritar lo mismo: “¡Fuera Lemus!”.

El cansancio había sido exorcizado por el orgullo de haber vencido a los grupos violentos y de haber llegado hasta ahí para seguir reclamando por el agua puerca, por la completa liberación de los cuatro manifestantes de la marcha del 11 de octubre, a quienes se les sigue investigando por diversos delitos.

Brincaban, bailaban, levantaban el puño y celebraban desde el corazón: “¡Sí se pudo, sí se pudo!”. De pronto, el estruendo de un cohetón interrumpió su algarabía.

Dos manifestaciones, pero una es más poderosa

Por un par de horas más, la gente que había construido una marcha pacífica se mantuvo en la Plaza de Armas. Luego, grupos anarquistas cobraron protagonismo con una convicción distinta: que las acciones directas son la única vía para sacudir al poder y hacerse escuchar.

Pero también estaban otras personas que al inicio de la marcha las y los activistas habían señalado como “grupos de choque” o de provocadores, enviados por Pablo Lemus para justificar la represión y para que los titulares de los medios de comunicación se volcaran a informar sobre los destrozos y no sobre las causas de la marcha: el agua puerca.

“Al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov”, escribió el Gobernador en su cuenta de X.

“Un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial. Ante ello, la Policía intervino para controlar los incendios provocados”. Informó que “fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina”.

Cerca de las 6:30 de la tarde, lograron derribar ambas puertas del Palacio de Gobierno. Pero no pudieron ingresar; una barricada metálica se lo impedía.

Al caer la noche, el Palacio no tenía puertas y el Gobierno de Lemus tenía una protesta que podía intentar reducir a los destrozos. Pero la jornada dejó algo mejor: una ciudadanía que, entre el hartazgo, la organización y la solidaridad, tiene más razones para seguir en las calles.

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Blanca Juárez

Blanca Juárez

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

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Los gobernadores de Morena acusados de presuntos nexos con el narco

 

Los gobernadores de Morena acusados de presuntos nexos con el narco

Gobernadores y exgobernadores de Morena son acusados por supuestamente encubrir al crimen durante sus periodos al frente de sus estados.

Gobernadores morenistas en acusados de vínculos con el crimen organizado

Gobernadores morenistas en acusados de vínculos con el crimen organizado - Foto: Especial

Nuevos señalamientos de presuntos nexos con el narcotráfico ‘salpican’ a gobernadores de Morena.

Este miércoles, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes señalan que el gobernador habría conspirado con líderes del cártel para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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En el país, los índices de incidencia delictiva en algunas de esas entidades se ubican por encima de la media nacional, para muestra estados como Tamaulipas, Sonora o Sinaloa.

¿Quiénes son los gobernadores de Morena acusados?

Entre los señalados están al menos 6 gobernadores y exgobernadores de Morena a quienes han sido vinculados de permitir la operación del crimen organizado bajo sus administraciones.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la acusación del gobierno de Estados Undidos. Desde hace más de un año tras la ola de violencia en la entidad, el gobernador generó la polémica luego de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Rocha Semana Santa

Foto: Gobierno de Sinaloa

Tras su detención, el 25 de julio de 2024, “Mayo” Zambada entregó una carta a su abogado, en donde detalló que el día en que fue secuestrado y enviado a Estados Unidos en contra de su voluntad, había sido citado en una finca a las afueras de Culiacán en donde supuestamente sostendría una reunión con el gobernador morenista.

Rocha Moya negó la versión del narcotraficante, y añadió que aquel día él no se encontraba en Sinaloa, sino en Los Ángeles, California.

Ha rechazado rotundamente cualquier vínculo con el crimen organizado y calificó las acusaciones como una “campaña de desprestigio”.

No obstante, la Revista Proceso informó que a raíz de la carta de “El Mayo”, AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum aprobaron que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y servicios de inteligencia militar iniciaran una vigilancia a Rocha Moya y a su hijo menor, José Rocha Ruiz, por presunto vínculo con la facción “Los Chapitos”.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Alejandro Moreno incluyó en su lista de gobernadores denunciados ante la FGR al morenista Américo Villarreal, quien llegó a su mandato en medio de señalamientos de la oposición por un supuesto financiamiento ilegal del crimen organizado.

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Foto: Cuartoscuro

En 2022, circuló una fotografía en la que Américo aparecía junto a Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias “El Gerry”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. Aunque el gobernador negó la relación y dijo que se trató de un encuentro casual tras un evento político, la imagen generó presión, en contra de quien se convirtió en el gobernador.

En mayo de ese año, previo a la jornada electoral, el PAN afirmó que Villarreal habría recibido financiamiento ilícito proveniente de una red de huachicoleros encabezada por Sergio Carmona, quien es conocido como “El Rey del Huachicol”.

Sin embargo, desde Palacio Nacional y la cúpula morenista defendieron a Villarreal, al acusar que se trata de “guerra sucia”; mientras que el mandatario negó cualquier vínculo.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Alfonso Durazo era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando levantó la mano para buscar la candidatura de Morena por Sonora. Él se encontraba al frente de la seguridad del país cuando ocurrió el llamado “Culiacanazo”, en octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán fue liberado por autoridades federales.

Alfonso Durazo

Foto: Cuartoscuro

Aún en medio de la polémica, Durazo renunció a la SSPC para ir en busca de la gubernatura, la cual obtuvo y cuya gestión ha estado envuelta en críticas por presuntamente encubrir a miembros del crimen organizado.

Medios como Pie de Nota, revelaron que la DEA presuntamente mantendría abierta una carpeta de investigación no judicializada sobre Durazo Montaño desde hace años, por presuntos pactos informales como el “Culiacanazo”.

Culiacanazo

Foto: Cuartoscuro

El periodista Luis Chaparro reportó que el morenista tendría una orden de “detención obligatoria” por parte del Gobierno de Estados Unidos pues estaría identificado como “sospechoso terrorista”.

No obstante, semanas después Durazo ingresó a EUA, a través de Phoenix, Arizona, lo que tiró la versión de sería detenido en caso de viajar a ese país.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de BC

Moreno Cárdenas también señaló a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presunto encubrimiento y traición a la patria.

Marina del Pilar, gobernadora de BC

Foto: Autor

Marina del Pilar Ávila ha estado en medio de la polémica luego de que en mayo pasado fue informada de que Estados Unidos le revocó la visa tanto a ella como a su esposo Carlos Torres Torres para impedir su ingreso a aquel territorio.

La mandataria afirmó que se trató de un tema administrativo, pero reportes periodísticos señalan que estaría siendo investigada por su supuesta participación en una red de lavado de dinero que incluiría a otros funcionarios del estado, así como a empresarios y miembros del crimen organizado.

En junio pasado, el medio Reuters dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos supuestamente presionaba a México para investige y procese a 5 funcionarios de Morena vinculados con el narcotráfico, entre los que se encontraría la gobernadora Marina de Pilar.

Sin embargo, el medio se retractó ya que EUA indicó que no difundió una lista sobre “sanciones secretas” a cinco gobernadores y un exgobernador “por tener vínculos con cárteles de la droga”.

Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco

En medio de la polémica de Adán Augusto López tras la orden de aprehensión en contra de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, “Alito” Moreno también presentó una denuncia contra el coordinador de los senadores guinda.

Adán Augusto López

Foto: Cuartoscuro

Esto, por presuntos vínculos con el crimen organizado y supuesta participación en esquemas de huachicol durante su gestión en el gobierno de Tabasco, además de posible vinculación con el grupo criminal “La Barredora”, la cual es encabezada para Bermúdez Requena.

Tras darse a conocer la orden de captura contra el exsecretario de Tabasco, se dio a conocer que reportes de inteligencia militar mostraban que “La Barredora” planeaba suministrar más de 200 mil litros de diésel y combustible al Tren Maya.

Hasta el momento, Adán Augusto se ha deslindado de las acusaciones y afirmó que su exsecretario de Seguridad debe enfrentar a la ley y dar su declaración, esto luego de que el sujeto es considerado prófugo de la justicia.

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Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas

“Alito” Moreno también denunció a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y nuevo cónsul de México en Miami, Florida, por presuntamente “permitir la operación del crimen organizado bajo su gobierno”.

Esto ocurre a unos días en que Willy Ochoa Gallegos, exmandatario interino de Chiapas, acusó a Escandón de haber permitido la operación del grupo criminal “La Barredora” en Chiapas entre 2019 y 2021, pues acusó que dicho grupo criminal operó con impunidad bajo la omisión del gobierno estatal.

Rutilio Escandón cónsul en Miami

Foto: Cuartoscuro

Ante ello, Ochoa envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicita evaluar la credibilidad de Escandón como cónsul, alegando que su nombramiento representaba una amenaza para la seguridad de EUA, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante su sexenio, surgieron enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocaron desplazamientos en municipios como Comitán y La Concordia.

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