En los últimos años, la presunta infiltración del crimen organizado en la política mexicana se ha convertido en uno de los temas más delicados y controvertidos del país. Diversos procesos electorales han estado marcados por denuncias de intervención de grupos criminales, que van desde amenazas, imposición de candidaturas y asesinatos de aspirantes a cargos públicos, hasta señalamientos sobre posibles nexos entre funcionarios y organizaciones delictivas. La preocupación ha escalado al grado de que autoridades estadounidenses han investigado, acusado e incluso procesado a políticos mexicanos de distintos niveles de gobierno por presuntos vínculos con el narcotráfico, alimentando el debate sobre el alcance de la influencia criminal en las estructuras de poder.
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En medio de este escenario de creciente preocupación por la relación entre delincuencia organizada y poder político, la percepción ciudadana también ha comenzado a reflejarse en las encuestas.
Un reciente ejercicio demoscópico reveló cuáles son, a juicio de los mexicanos, los partidos políticos que enfrentan mayores señalamientos o sospechas de nexos con el crimen organizado, mostrando el nivel de desconfianza que existe hacia las distintas fuerzas políticas del país.
Morena, PAN y PRI, los más señalados
De acuerdo con diferentes encuestas los tres partidos a quienes más relacionan con presuntos nexos con el narcotráfico son: Morena, PAN y PRI,.
Morena es la que mayor porcentaje obtuvo, de acuerdo con la encuesta de Massive Caller, ya que el 44.5% de los encuestados lo relacionó con el término “narcopartido”, un 23.3% considera que es el PAN y un 18.8% que el PRI.
Por su parte la encuesta CE Research señaló que el 36% de los encuestados considera que Morena es el partido que mayor relación tiene con el narcotráfico.
El ejercicio estadístico también menciona al PRI y PAN en los primeros lugares, pues el 28% considera que es el tricolor, y el 19% de los encuestados creyeron que el blanquiazul tiene mayor relación con el narco.
Foto: CE RESEARCH
“Narcogobernadores” de Morena
Quizá uno de los casos que ha permeado en Morena es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y sus nueve de sus colaboradores, quienes fueron acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.
Desde la formulación de la acusación, el pasado 29 de abril la fecha, el caso ha pasado por diferentes fases: desde la defensa de Rocha Moya, el anuncio de que mantendría su militancia, hasta la citación en la FGR, sin que hasta la fecha haya sido entregado a EUA.
Foto: Redes Sociales
Asimismo, en un reportaje de Los Ángeles Times fueron señalados los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. El reportaje advirtió que serían investigados por nexos con el narcotráfico por autoridades de Estados Unidos, por lo que les habrían revocado la visa estadounidense y entrarían con un permiso especial a la Unión Americana, lo cual ambos gobernadores rechazaron y calificaron como falsas las acusaciones.
Foto: Facebook Américo Villarreal / Facebook Alfonso Durazo
García Luna y Cabeza de Vaca
El PAN también ha tenido sus casos “espinosos”, el más representativo sería el “zar contra las drogas” del Calderonismo entre 2006 y 2012, Genaro García Luna, acusado, procesado y sentenciado en Estados Unidos por nexos con el narco.
Genaro García Luna fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, por agentes de la DEA acusado por conspiración para traficar cocaína, delincuencia organizada y falsedad en trámites migratorios. En junio de 2023 se realizó el juicio en su contra en una corte en Nueva York.
Foto: Cuartoscuro
El juicio se caracterizó por tener como testigos principales a capos del narcotráfico como a Sergio Villarreal “El Grande”, miembro del Cártel de los Beltrán Leyva y Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, quienes acusaron a García Luna de recibir sobornos. El exsecretario de Seguridad fue encontrado culpable y condenado a 38 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Otro panista que ha sido vinculado con el crimen organizado fue Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quién en 2020 fue investigado por la FGR por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, por supuestamente triangular dinero relacionado con el Cartel de Sinaloa.
En 2021, la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero federal, pero se generó una disputa jurídica debido a que el Congreso de Tamaulipas sostuvo que mantenía su inmunidad como gobernador.
Tras concluir su mandato en septiembre de 2022, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, diversos tribunales federales han concedido amparos y suspendido algunas de las acciones judiciales promovidas por la fiscalía. A lo largo de estos años, varios de los expedientes han enfrentado reveses procesales y resoluciones favorables para el exmandatario.
Actualmente, Cabeza de Vaca reside principalmente en Estados Unidos y ha sostenido públicamente que es víctima de una persecución política. Por su parte, la FGR mantiene investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares y otros delitos, por lo que su situación jurídica no puede considerarse totalmente cerrada.
Foto: Cuartoscuro
Exgobernadores del PRI
Mientras que el PRI tiene una larga lista de gobernadores encarcelados o señalados por su colusión con el crimen organizado. Entre ellos Tomás Yarrington, exgobernador de de Tamaulipas, se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
Foto: Cuartoscuro
Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999, quien se convirtió en el primer exgobernador en ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar su cargos ante una corte del vecino del norte. Villanueva estaba acusado de narcotráfico y lavado de dinero, con vinculaciones con el Cártel de Juárez. Actualmente cumple prisión domiciliaria por motivos de salud.
Foto: Cuartoscuro
Eugenio Hernández. Fue requerido por autoridades estadounidenses por presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con organizaciones criminales. Aunque los procesos han tenido distintas etapas judiciales, su nombre ha aparecido reiteradamente en investigaciones sobre presuntos nexos con grupos del narcotráfico.
El vínculo entre narcotráfico y la política partidista ha estado presente en el país ¿Qué tendría qué pasar para que este enlace finalice? Mientras se responde a la pregunta, la ciudadanía no quitará el dedo del renglón en seguir señalando estos vínculos.
