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miércoles, 6 de mayo de 2026

El Narco Gobierno de Sinaloa Investigado por la DEA

 

El líder del priismo Alejandro Moreno Cárdenas desde hace muchos meses advierte, que estamos  en iun grave problema por que el narcogobierno ha desarrollado y permitido un sistema electoral, entregado a los narcos, quienes ponen directores de polícía, secretario general de gobierno en los Estados y todo aquello que deja dinero malo.

Sobre el caso Rubén Rocha Moya, este es un asunto en el que el también senador del tricolor había venido insistiendo sin “quitar el dedo del renglón”, porque hace ya casi un año, él mismo denunció al gobernador de Sinaloa por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En aquella ocasión López Obrtador salió con una bravuicona, al decir que este mandatario acusado de narco, los retaba y se burlaba porque era muy hombre

Fue en julio del año pasado cuando además del gobernador, el campechano denunció a Andrés Manuel López Obrador quien “inició el pacto con el crimen organizado”. En esas visitas que Alito Moreno realizó a Estados Unidos, también denunció, así como en la Organización de Estados Americanos, (OEA), hoy están las imputaciones.

Al referirse a la distinguida cúpula morenista : “van a caer y no vamos a dejar de luchar todos los días… este no es un tema político, se trata de que México no siga convirtiéndose en un baño de sangre con un clima de impunidad y violencia… más del 70 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo el control del crimen organizado”, sentenció.

Varias son las acciones y el camino que tiene frente a sí el político campechano, pero sin duda la más importante es que presentará de manera formal el registro al partido Morena, “que no merecen participar en las elecciones porque tienen al crimen organizado de su lado; no son un partido, son un cártel”, subrayó.

Además, en los próximos días, el exgobernador de Campeche regresará a Estados Unidos, a donde, a diferencia de varios distinguidos políticos morenistas, él si puede ingresar para seguir trabajando sobre el tema de la cúpula del partido guinda y hasta qué grado están, de plano embarrados con el crimen organizado.

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Y señala denunció la existencia de un presunto pacto entre integrantes del gobierno de Morena y el crimen organizado, lo que ha derivado en un clima de impunidad y violencia en distintas regiones del país.

Autoridades de Estados Unidos han presentado imputaciones formales contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por posibles vínculos con organizaciones criminales, lo que, dijo, confirma señalamientos previos de su partido.

la situación de seguridad es crítica y advirtió que más del 70 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo control del crimen organizado. Añadió que en Sinaloa se registran más de 3 mil personas asesinadas y más de 3 mil desaparecidas, cifras que reflejan la gravedad del problema.

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Mientras en los altos niveles de la llamada Cuarta Transformación se rasgan las vestiduras por la supuesta violación a la soberanía nacional atribuida al gobierno de Chihuahua por presunta intervención de agentes extranjeros en acciones para destruir narco laboratorios, entre sus filas se esconden a prominentes políticos implicados en acciones de contrabando, lo mismo drogas hacia los Estados Unidos que armas para grupos criminales que operan en México.

Esta irregular (por decir lo menos) situación quedó en evidencia por denuncias de autoridades de los Estados Unidos, que pidieron la extradición de ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a organizaciones criminales que, en el vecino país están clasificadas como terroristas.

La relación de inculpados, que varía entre 9 y más de 20, la encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien está bajo sospecha desde antes de llegar a su elevado cargo. Las denuncias en su contra se cimentaron desde su nominación como candidato a gobernador por Morena. Ese proceso tuvo como delegado del partido oficial al ahora también gobernador, pero de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a su vez ligado también a organizaciones criminales, sobre todo dedicadas al huachicol.

Sinaloa, una larga historia de infiltración del narco en la política

 

Sinaloa, una larga historia de infiltración del narco en la política

Todos los gobiernos en Sinaloa desde 1963 a la fecha, de alguna u otra forma, han sido infiltrados el crimen organizado, se trata de un proceso de captura de las instituciones por redes macrocriminales que va más allá de partidos e ideologías, en donde se financian campañas y se dan sobornos para garantizar la cooperación de gobernadores, secretarios, alcaldes y mandos policiales.

Durante décadas el crimen organizado ha penetrado las instituciones públicas de Sinaloa, han impulsado políticos, generado violencia política, financiado campañas y puesto a las instituciones públicas a su servicio, dentro de esa dinámica la organización más beneficiada ha sido el Cártel de Sinaloa, aunque también hay evidencia de protección al Cártel de Guadalajara, Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva.

No se trata de algo reciente, al contrario, existe evidencia desde la década de los 60 de interacción entre el narco y la cúpula política de Sinaloa, tampoco se trata de una situación atribuible a un partido político o grupo en el poder, ya que Sinaloa ha sido gobernada por el PRI, por la coalición PAN-PRD-Convergencia y ahora por Morena y en cada uno de esos periodos se pueden encontrar acusaciones de colusión de los gobernadores y de otros políticos y funcionarios relevantes.

$!Sinaloa, una larga historia de infiltración del narco en la política

La primera conexión directa entre un Gobernador y el crimen organizado en Sinaloa se remonta a 1963, cuando el Mandatario Leopoldo Sánchez Celis contrató como uno de sus choferes y escoltas a un ex policía, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien más tarde se convertiría en el narcotraficante más poderoso de México, al encabezar el Cártel de Guadalajara, que comenzó a gestarse en 1978, cabe destacar que Miguel Ángel era apodado el Jefe de Jefes, mote que describe su jerarquía debido a que en la década de los 80 fue sin lugar a dudas fue el narco más influyente y que mandaba sobre los demás capos regionales.

Félix Gallardo aprovechó su posición cercana al Gobernador Sánchez Celis para operar en favor de Pedro Avilés Pérez, pionero del tráfico de drogas en Sinaloa y primer narco en el País en establecer rutas regulares de tráfico a los Estados Unidos, de quien aprendió el negocio y que además en su momento reclutó a operadores de Avilés para conformar lo que después se conocería como el Cártel de Guadalajara.

Los dos gobernadores que siguieron, Alfredo Valdez Montoya (1969-1974) y Alfonso Genaro Calderón Velarde (1975-1980), compartieron al mismo Director de la Policía en Sinaloa, Alfredo Reyes Curiel, sobre el que han pesado importantes acusaciones de corrupción, en concreto se le acusa de haber protegido en primera instancia a Avilés Pérez y después a Félix Gallardo.

El siguiente Gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro (1981-1986), fue señalado por su pasividad en el combate al crimen organizado, así como de haberse reunido con Félix Gallardo y de recibir sobornos de su parte, para dejarlo operar con libertad en la entidad.

Luego vino Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), a quien le tocó el ocaso del Cártel de Guadalajara y el surgimiento de tres nuevas organizaciones, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, todas ellas encabezadas por personas nacidas en Sinaloa y que pertenecieron al Cártel de Guadalajara. En 1989, derivado del arresto de Félix Gallardo, el entonces Procurador de la República ordenó la aprehensión de varios funcionarios que formaban parte de la red de protección del capo, dentro de los cuales se encontraban tres funcionarios de Labastida: Arturo Moreno, Enrique Corza y Robespierre Lizárraga.

Luego, al final del periodo de Juan Sigfrido Millán Lizárraga (1999-2004), se registró en Culiacán el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004, hermano de Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, antiguo líder del Cártel de Juárez. Lo relevante del asunto fue que Rodolfo iba escoltado por agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa, lo cual generó un escándalo por la infiltración, sin embargo, muchos de los responsables no recibieron castigo alguno.

En 2010, el Gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) también fue investigado por nexos con el Cártel de Sinaloa por el Gobierno de los Estados Unidos, así como también el empresario y en ese entonces Alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, candidato del PRI en las elecciones de 2010.

Mario López Valdez (2011-2016), quien llegó a la Gubernatura de Sinaloa en 2011 bajo las siglas del PAN y que fue el primer Gobernador de un partido diferente al PRI, resultó acusado en un video por uno de sus escoltas, Frank Armenta Espinoza, de que él y varios de sus funcionarios protegían al Cártel de Sinaloa, que permitían el control de dicha organización sobre la cárcel de Aguaruto en Culiacán y que hicieron posible la fuga del jefe de seguridad de “El Chapo” Guzmán, Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”. Cabe mencionar que dicho escolta había sido privado de la libertad varios días antes de que el video saliera a la luz, supuestamente por un grupo armado y apareció muerto días después, por lo que López Valdez siempre negó las acusaciones, bajo el argumento de que las mismas habían sido obtenidas con amenazas y que por tanto no se podía confiar de lo dicho en el video.

En 2016, aún en el período de López Valdez, fue destituida de su cargo la Diputada local Lucero Sánchez López, del PAN, porque se descubrió que mantenía una relación sentimental con “El Chapo” Guzmán, a quien fue a visitar a prisión. Después se sabría que “El Chapo” la habría impulsado para llegar al Congreso de Sinaloa e incluso se especuló que el capo sería el padre del hijo de la Diputada, sin que esto último se haya logrado comprobar.

Si bien Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) no tuvo acusaciones directas de vinculación con el Cártel de Sinaloa, personal del equipo de su Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, fue señalado por trabajar para el Cártel de Sinaloa, como se reveló con la publicación de informes de la Sedena por Guacamaya Leaks.

Desde la campaña a Gobernador en 2021, Rubén Rocha Moya fue objeto de señalamientos de colusión con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, Mario Zamora Gastélum que fue candidato del PRI a la Gubernatura, denunció en su momento que decenas de operadores suyos fueron secuestrados días antes de la votación y otros tantos amenazados, por lo que se generó la impresión de que Los Chapitos habían destinado dinero a la campaña, pero también amedrentaron a los rivales y promovieron el voto por Rocha, incluso utilizando influencers afines a ellos.

Lo anterior coincide con las acusaciones hechas hace unos días por el Distrito Sur de Nueva York en el sentido de que Los Chapitos habrían financiado la campaña de Rocha Moya y dado sobornos a muchos funcionarios de su gobierno a cambio de protección.

Al tiempo que nos recuerda la carta redactada por Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, en donde cuenta que fue al lugar donde sería secuestrado, pensando que se iba a reunir con Rocha Moya y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, para mediar en una disputa por la Rectoría de la UAS, pero Rocha no se presentó, “El Mayo” fue secuestrado y Cuén perdió la vida.

La pregunta que se encuentra de fondo y da verosimilitud a las palabras de “El Mayo” es ¿por qué el narco acudió pensando que ahí encontraría al Gobernador? Y la respuesta es incómoda, nos lleva a pensar que ya se conocían y muy probablemente se hubieran reunido antes, por ello era factible creer que ahí estaría.

En conclusión, todos los gobiernos en Sinaloa desde 1963 a la fecha, de alguna u otra forma, han sido infiltrados el crimen organizado, se trata de un proceso de captura de las instituciones por redes macrocriminales que va más allá de partidos e ideologías, en donde se financian campañas y se dan sobornos para garantizar la cooperación de gobernadores, secretarios, alcaldes y mandos policiales.

En ese contexto, resulta absurdo no tomar en serio y dar el beneficio de la duda a la acusación realizada por el Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, incluido el Senador Enrique Inzunza Cáceres y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya que si por más de 60 años el narco ha corrompido la política en Sinaloa, suena creíble que lo hayan hecho también con el de Rocha Moya.

Y en este punto se podrá argumentar con justicia que ninguno de los gobernadores que precedió a Rocha Moya fue encarcelado o sometido a juicio y que por tanto no son culpables de delito alguno. Es cierto, pero la explicación se encuentra en gran medida en el “pacto de impunidad”, es decir, la protección que la clase política le da a los suyos para evitar que sean procesados, aún y cuando sean culpables, exactamente lo mismo que está pasando con Rocha en este momento, es por ello que, se trata de una oportunidad perfecta para que la Presidenta Claudia Sheinbaum les retire su protección y deje que enfrenten la justicia.

El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.

De la mano de Morena, el narco gobernó Sinaloa

 

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    Esa noche, 7 de junio de 2021, Mario Zamora, candidato opositor a la gubernatura de Sinaloa, reconoció que el conteo rápido no le favorecía y soltó una frase que debió desatar un escándalo:

    “Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que al parecer estaban buscando, regrésenlos por favor, son hombres y mujeres de bien, que solo estaban tratando de hacer su trabajo”.

    Se refería a los más de 200 operadores electorales que aquel fin de semana, en las horas previas a la elección, el Cártel de Sinaloa había secuestrado.


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    No hay persona en Culiacán que no tenga una anécdota sobre aquella jornada. Los operadores fueron sacados de sus casas o levantados en la calle. Se los llevaron hombres encapuchados con armas largas. Les cubrieron el rostro con cinta canela. A muchos de ellos los tablearon: les preguntaron quiénes eran sus jefes, quienes y dónde vivían los que formaban la estructura electoral, dónde estaba el dinero con el que iban a operar. “Dime nombres o no la cuentas”.

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    Debió ser un escándalo. Pero no hubo institución que se interesara en el caso, no hubo un solo abogado que quisiera interponer la denuncia. Cuando se reunió con los candidatos que querían impugnar la elección, el gobernador Quirino Ordaz les recomendó dar vuelta a la página.

    Un mes después, López Obrador, que había declarado que el día de la elección el crimen organizado “se había portado muy bien”, nombró a Quirino embajador en España. Poco más de un mes después, Santiago Nieto, titular de la UIF declaró que no había encontrado nada irregular en el financiamiento de la campaña del gran triunfador de aquella noche: Rubén Rocha Moya.



    A través de sus propios acuerdos, Ordaz había dejado solos a los candidatos de su partido desde mucho antes de que se llevara a cabo la elección. En Sinaloa afirman que sí operó, pero que lo hizo a favor de Morena.

    El gobierno de Estados Unidos ha revelado que, como pago de favores y a cambio de sobornos, Rocha Moya entregó las principales posiciones de su gobierno al Cártel de Sinaloa. El grupo criminal tuvo el control completo del estado. La ventanilla de trámites era el secretario general de Gobierno, y hoy senador por Morena, Enrique Inzunza. Era el encargado de acordar y acudir a la mayor parte de las reuniones con “los niños malos”.

    Era, además, enemigo a muerte del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén, asesinado en la reunión en la que El Mayo Zambada afirma que iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, y en la que el capo fue sometido y entregado al gobierno de Estados Unidos.


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    Aquel día el Cártel de Sinaloa se partió, o terminó de partirse, y el pacto que Rocha Moya había hecho cuando el grupo criminal “era uno solo” reventó también.

    En los más de 600 días de violencia que han transcurrido desde aquel día, se han cometido alrededor de tres mil homicidios, casi cuatro mil personas han desaparecido, cerca de diez mil vehículos han sido robados, unos cinco mil negocios han cerrado y otros 3,500 han sido asaltados. Hay registro de más de 40 mil delitos, 92% de los cuales siguen impunes.

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    Nada de esto hizo que se le removiera. Por el contrario, se le apoyó y aplaudió una y otra vez. Sin embargo, el hoy gobernador en desgracia había perdido el control de Sinaloa desde el día en que comenzó la narcoguerra: su secretario de seguridad pública, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, cayó cuando la violencia se salió de control.


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    Omar García Harfuch impuso un nuevo secretario, Óscar Rentería Schazarino, que ignoró a Rocha Moya y hasta su salida del cargo se reportó directamente con el secretario de seguridad pública federal.

    Tras la toma de control de García Harfuch, Rocha Moya perdió paulatinamente las posiciones que sostenían los acuerdos con el crimen: la fiscalía, la secretaría de gobierno, la secretaría de finanzas, etc.

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    Los Mayos se habían convertido en sus enemigos desde que su líder histórico envió la carta en la que contó la manera en que fue traicionado. Cuando a Rocha Moya le fue imposible sostener los acuerdos, y según declaró el mismo, ya no estaba enterado de nada, también Los Chapitos terminaron rompiendo con él. Eso indican reportes de inteligencia del gobierno federal.



    Con todo, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum lo sostuvieron, pese a que lo ocurrido el día que el Cártel de Sinaloa se robó la elección, fue documentado ampliamente (véase el valiente reportaje de Ismael Bojórquez en Ríodoce, publicado horas después de la escandalosa jornada electoral). Un reporte de los hechos en al menos seis estados fue entregado a la OEA y la CIDH.

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    Pero nada bastó y tuvo que venir un terremoto, la información hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que el gobernador, involucrado hasta el cuello con el Cártel de Sinaloa, fuera finalmente apartado.

    Demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos por tapar el sol con un dedo, la historia de la primera vez que el narco operó una elección en Sinaloa, ha quedado exhaustivamente registrada. Prometieron hacer Historia, y cumplieron.


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    La Historia cuenta ahora que el narco jugó en favor de Morena. Que el narco fue el gran operador electoral de Morena y no solo eso: que de la mano de Morena, y en la administración de Rocha Moya, el narco gobernó Sinaloa.

    Héctor de Mauleón

    Héctor de Mauleón