(Washington D.C.) – El plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de crear una Guardia Nacional controlada por las Fuerzas Armadas constituye una estrategia equivocada para abordar la crisis de seguridad pública que atraviesa México, señaló hoy Human Rights Watch. El uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la violencia criminal ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, lo cual demuestra por qué no se debe utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública.
El 14 de noviembre de 2018, el presidente electo propuso crear una Guardia Nacional como “instrumento primordial” del Gobierno para promover la seguridad pública. Al menos al principio, esta nueva fuerza estará conformada en gran parte por soldados. Será entrenada por las Fuerzas Armadas y estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Desfile de fuerzas especiales del Ejército mexicano conmemorando el 198 aniversario de la independencia mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, 16 de septiembre 2008
 
© 2008 AFP/Getty Images
“López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años”. 
En los dos últimos gobiernos, el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos. Las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad.
Las Fuerzas Armadas tampoco han conseguido reducir la violencia en México y de hecho, es posible que hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años.
Hasta ahora, las autoridades han presentado la intervención de militares en tareas de seguridad pública como un rol auxiliar y temporal, de apoyo a la policía civil. Pero el plan de López Obrador abandona toda apariencia en este sentido.
“Instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa”, destacó Vivanco. “López Obrador debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia y los abusos que han proliferado en México”.