Un equipo especial de funcionarios realiza informes diarios sobre cualquier cambio de comportamiento en presos musulmanes condenados por delitos comunes para aletar de una posible radicalización
Se fijan en cambios de comportamiento, vestimenta y controlan sus comunicaciones
Atar en corto cualquier atisbo de radicalización del yihadismo o su iniciación en él se ha convertido casi en una prioridad en las cárceles españolas. Los internos musulmanes que cumplen condena por delitos ajenos a este tipo de terrorismo se vigilan muy de cerca. El objetivo es detectar a presos por delitos comunes que adopten posiciones extremistas dentro de la cárcel atraídos por la actividad del grupo. Pero, ¿quiénes se encargan de este trabajo? ¿Cómo se realiza?
El Grupo de Seguimiento y Control de los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana (y del resto del país) lo integran varios funcionados dirigidos por un jefe de servicio que se encargan básicamente de dos tareas: controlar las comunicaciones de los reos y realizar los correspondientes informes recogiendo todos sus movimientos. Lo hacen a diario y en estos documentos se recoge cualquier cambio de comportamiento o vestimenta, por mínimo o nimio que sea.
«Las primeras alarmas se encienden cuando se observa que el preso comienza a apartarse del resto, cambia de forma de vestir de la noche a la mañana, por ejemplo se pone una chilaba cuando antes llevaba ropa occidental, o no reza a las horas en las que solía hacerlo», explican fuentes penitenciarias.
La correspondencia que se intercambian y las llamadas de teléfono son una prioridad para el grupo que les vigila porque ahí puede producirse la semilla hacia la radicalización. Los internos musulmanes no están apartados del resto de la población reclusa -no como sucede con los que están condenados por yihadismo- y conviven «mezclados» sin mayores problemas.
Las mismas fuentes reconocen que el momento más complicado en las prisiones fue el posterior a los atentados de Atocha en marzo de 2004. Sin embargo, en este momento en la Comunidad Valenciana el escenario es «tranquilo» lo que no significa que haya que bajar la guardia.
De hecho, la operación desarrollada por la Guardia Civil a principios del pasado mes de octubre contra una trama yihadista desde 17 prisiones españolas situó las de Alicante II (Villena) y la de Picassent como uno de los focos más activos. Uno de los señalados fue Jamal Zougam, preso desde el 13 de marzo de 2004 y condenado a 42.922 años de cárcel por ser el autor material de los atentados del 11-M. Estaba en la prisión de Villena.
En esa ocasión, los agentes detectaron, gracias al aviso del grupo especial de seguimiento que trabaja desde la prisión, la actividad de proselitismo de un reo y sus contactos con otros presos a los que intentaba atraer a las posiciones radicales del Estado Islámico. El seguimiento de este interno permitió identificar a todos los integrantes de esa red, formada por un grupo de 25 presos musulmanes que mantenían una fluida comunicación entre ellos mediante correo postal -dentro de prisión están prohibidos los móviles e internet. La vigilancia continúa activa ante los presos considerados de «riesgo» ajenos al yihadismo.
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