Apenas se
ven; claro, México no hace sino ignorarlos
Gonzalo
Ortuño
dom, 28 de
agosto de 2022, 7:00 a. m.
Desplazados
por el cambio climático
Desplazados
por el cambio climático
En
noviembre de 2021, México cerró su participación en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) solicitando a la comunidad
internacional que en las negociaciones sobre cambio climático se incluyera un
enfoque de derechos humanos y de reivindicación a los pueblos indígenas, pero,
a casi un año de ese posicionamiento, sigue sin atender a las víctimas de
desplazamiento forzado por cambio climático.
De hecho,
no ha podido generar información sobre este fenómeno que ya afecta a varias
regiones del mundo, principalmente en Centroamérica, donde el Banco Mundial
proyecta que, para 2050, 4 millones de personas serán desplazadas por efectos
de la crisis climática en esta región, incluyendo a México.
¿Cuántos
desplazados hay en México, cuántas personas están en riesgo?
Si bien en
México no hay una estimación oficial de personas desplazadas por efectos de
cambio climático, ni tampoco algún instrumento legal para atender a esta
población, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC por sus
siglas en inglés) afirma que, solo en 2020, hubo 101 mil desplazamientos
forzados en México ocasionados por desastres naturales, esto es 10 veces más
migraciones que las causadas por la violencia ese año.
Los
fenómenos de mayor riesgo para quienes viven en México son las inundaciones,
las sequías y los huracanes; habitantes de las regiones más pobres son quienes
están más vulnerables.
Inundaciones,
deslaves y daños a la salud
En México,
hay 24 millones de personas vulnerables a las inundaciones, de acuerdo con el
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC); estos fenómenos
son la causa principal en daños cuando se trata de desastres naturales.
Datos del
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) muestran que, del total
de pérdidas reportadas por eventos extremos, el 62% correspondió a lluvias e
inundaciones, un equivalente a 10 mil 678 millones de pesos.
Las
inundaciones no solo implican agua en todas partes, sino también problemas
asociados como los deslaves en zonas de riesgo o afectaciones a la salud, como
la propagación del dengue.
Los
deslaves no son una consecuencia menor. En México, han cobrado cientos de vidas
humanas, especialmente en los estados de Baja California, Chiapas, Colima,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
La propia
Estrategia Nacional de Cambio Climático estima que actualmente hay 4 millones
de personas en riesgo por deslaves en 283 municipios del país.
En cuanto
al dengue, en cerca del 60% del país hay condiciones climáticas que ayudan a su
proliferación, por lo que existe un riesgo de salud pública ante la transmisión
de enfermedades en estas zonas del país.
Durante los
últimos 10 años, el dengue se ha propagado más en regiones rurales,
especialmente en poblaciones indígenas, de acuerdo con el propio atlas de
riesgo.
Lluvias
Lluvias
Actualmente,
cerca de 27 millones de habitantes en municipios menos desarrollados están en
riesgo de desplazarse internamente por la crisis climática en nuestro país,
dentro de los próximos 20 y 30 años, de acuerdo con la investigadora Alethia
Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
UNAM.
Es una
escala de riesgo que involucra a 480 municipios altamente vulnerables y 880
moderadamente vulnerables.
Desde el
2000, autoridades federales han emitido 2 mil 417 declaratorias de todo tipo:
de desastre, de emergencia y de contingencia climatológica.
El 92% ha
sido por fenómenos hidrometeorológicos, lo que incluye, entre otros, ciclones,
huracanes, granizadas, heladas, inundaciones, lluvias, tormentas, sequías y
temperaturas extremas; el 1.53% ha sido por incendios y apenas 40 casos por
deslaves y hundimientos.
Para lograr
sus metas de reducción de emisiones rumbo a 2030, México contempló por primera
vez el fenómeno de desplazamiento forzado en 2020, actualizando su compromiso
hecho en el Acuerdo de París, con el objetivo de identificar y atender el
desplazamiento forzado de personas por los impactos negativos del cambio
climático.
Sin
embargo, especialistas como la investigadora en derecho ambiental Armelle
Gouritin señalan que, aunque se dio un paso en reconocer el problema, no es
suficiente, pues no contempla otros factores como la degradación del medio
ambiente o el aumento del nivel del mar en México, un fenómeno que ya está
impactando a pobladores de franjas costeras.
Animal
Político documentó incluso cómo este fenómeno ya está impactando a 10 de 17
municipios del estado de Tabasco, donde vive el 70% de la población del estado.
Apostando
por el combustible fósil
Lejos del
planteamiento hecho por México en Glasgow, Escocia, donde el gobierno mexicano
llamó a una “acción climática inclusiva y justa”, aplicando una perspectiva de
derechos humanos, igualdad de género e inclusión a los pueblos indígenas, ha
emprendido megaproyectos sin permisos ambientales, con afectaciones a los
ecosistemas y que han ignorado las protestas de comunidades involucradas.
Además de
reafirmar los mismos compromisos planteados desde 2015, el gobierno de México
ha hecho poco por reducir el uso de combustóleo en la generación de
electricidad, incluso lo ha fortalecido con la creación de una nueva refinería,
el subsidio a los combustibles fósiles y el intento de reformas que benefician
este modelo energético.
El gobierno
mexicano impulsó cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, que dan prioridad
a las plantas de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y utilizando solo plantas hidroeléctricas como alternativa de “energía
limpia”.
También
construye la refinería en Dos Bocas, una de las megaobras prioritarias del
gobierno, bajo el argumento de reforzar la “seguridad energética”, con el
objetivo de incrementar la producción de gasolina y diésel y reducir su
importación.
En cuanto a
la construcción del Tren Maya, otra de las megaobras prioritarias en el sureste
del país, el gobierno entró en una compleja batalla legal con habitantes,
académicos y ambientalistas, por el avance de obras sin contar con los permisos
ambientales requeridos por la ley.
Tramo 5 del
Tren Maya
Tramo 5 del
Tren Maya
El gobierno
ha señalado que la mayoría de las poblaciones indígenas implicadas en el
proyecto está de acuerdo con la obra, sin haber realizado el proceso de
consulta indígena con todas las comunidades. Además, se expropió una superficie
de 1 millón 093 mil 118 metros cuadrados para la construcción del Tramo 5 del
tren.
De hecho,
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho pública su intención de
desaparecer al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), al
señalar que sus funciones puede adoptarlas la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y que se trata de un tema donde “hay mucha
hipocresía”.
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