Se remata la Selva Maya

Territorios Indómitos por Raúl Benet

(Fotos: Consuelo Morales Pagaza, Robin Canul y Raúl Benet)

Julio 28, 2017 10:20 am

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Por Raúl Benet

Últimamente pienso mucho, pienso todo el tiempo.
Paso las noches pensando, sólo pensando.
Las colmenas están muriendo, las selvas se están acabando.
¿Qué va a pasar con nuestras familias, con las comunidades mayas?
José Gaspar / Xcalot Akal

Hace unos días el procurador de medio ambiente, Guillermo Haro Belchez, anunció que se aplicaría la pena máxima a los criminales que arrasaron mil quinientas hectáreas de selva en Bacalar, Quintana Roo. La Profepa prepara una multa de tres millones de pesos contra un pequeño grupo de productores agroindustriales que en la región se conocen como ‘menonas’ o ‘mecanizados’.

Más que una ‘pena máxima’, esta multa opera en los hechos como una tarifa muy accesible y generosa para quienes violan cotidianamente las leyes ambientales y forestales. Les sale barato a los productores agroindustriales mecanizados: si solamente consideramos las tres mil hectáreas por las que los multaron, toca a un poco más de mil pesos por hectárea, equivalente a lo que valdría en el mercado un par de árboles de jabín, tzalam, granadillo, pucté, caoba o palo de rosa, de los cientos que habitaban en cada hectárea de esas selvas hoy derribadas e incendiadas. Mil pesos por hectárea, el precio de un litro de miel de la abeja melipona, o de un par de cubetas de miel orgánica, un saco de pimienta de la selva, o una carga de carbón, medios de los que viven, o solían vivir las comunidades mayas de la región antes de que la misma Profepa las persiguiera, a ellas sí, por aprovechar de manera sustentable sus propios recursos.

La multa impuesta por la Profepa a los agroindustriales, en el dudoso caso que se logre cobrar, no sólo es exigua en cuanto al monto e inútil en cuanto al efecto disuasivo. Llega además demasiado tarde, cuando cientos de miles de hectáreas de selva han sido derribadas en los estados de Quintana Roo y sobre todo de Campeche, para dar paso a la agricultura mecanizada en detrimento de la vida de las comunidades mayas. Hoy mismo hay varios parajes en lo profundo de la selva maya, en los que inmensos tractores Caterpillar formados en parejas continúan arrastrando cadenas que tienen la fuerza para derribar en pocos minutos cientos, miles de árboles de hasta treinta metros de altura, para proceder a apilarlos en camellones y prenderles fuego. Tomando en cuenta toda esta devastación, los tres millones de pesos distribuidos entre casi un millón de hectáreas que se han perdido en los últimos años en la península, la multa acaba significando unos tres pesos por hectárea.

Según datos de la plataforma mundial GLOBAL FOREST WATCH, Campeche y Quintana Roo son los estados con mayor deforestación en nuestro país. Cada semana se pierden mil cuatrocientas hectáreas de selva en esos dos estados. La pérdida de cobertura forestal del año 2015 fue de 78,600 hectáreas. Es la mitad de toda la deforestación del país, cercana a las 140 mil hectáreas por año. Desde que despegó el proceso de agricultura mecanizada en la región, en el 2001, hasta la fecha, se ha perdido cerca de un millón de hectáreas de selva tan sólo en esos dos estados.

Los inspectores de Profepa parecen estar demasiado ocupados midiendo centímetros cúbicos de más o puntos porcentuales de menos en los índices de aserrío de las empresas forestales de las comunidades, clausurando, criminalizando e imponiendo multas que suelen llevar a la quiebra a los emprendimientos comunitarios que tienen planes de manejo y se preocupan por la conservación y aprovechamiento sustentable de sus selvas y bosques. La comparación es extrema: Al mismo tiempo que se le imponen tan sólo un poco más de mil pesos de multa a los empresarios mecanizados por cada hectárea de selva derribada, se sanciona con cientos de miles de pesos a ejidos, comunidades y uniones de ejidos, por no registrar con la debida precisión las salidas de madera de las empresas forestales comunitarias o por producir carbón sin lograr cumplir con los enredados y costosos trámites que se les exigen.

En varias comunidades tanto los señores mayores, como los jóvenes y las mujeres buscan la manera de desarrollar opciones de vida basadas en el manejo cuidadoso de sus selvas, organizándose en cooperativas para la producción, envasado y comercialización de miel, de pimienta, de carbón, para ofrecer visitas guiadas a la selva en proyectos de turismo responsable, o para aprovechar la madera y otros productos de los bosques con base en programas de manejo sustentable. Estas son opciones reales que están permitiendo que los jóvenes no migren a las ciudades turísticas como Mérida, Cancún o Playa del Carmen, a servir en hoteles o restaurantes. Pero al tratar de llevar a cabo estas actividades, las comunidades enfrentan múltiples trabas, obstáculos y regulaciones absurdas, impuestas por leyes ajenas a la realidad y a los derechos de las comunidades, aplicadas de manera contraproducente por la Profepa y otras dependencias, y que con frecuencia conducen al fracaso de las opciones comunitarias de desarrollo, lo que deja a las familias en la pobreza y abre espacios para el abandono y cambio de uso del suelo, todo lo cual acaba provocando la transformación de las selvas en potreros o parcelas agro industriales a un ritmo vertiginoso.

Paralelamente, las políticas públicas impulsadas por dependencias como Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural de Campeche, eliminan en los hechos cualquier restricción a la agricultura mecanizada y establecen mecanismos para apoyar con fondos públicos a grandes empresarios que basan su negocio en el desmonte para actividades agro industriales.

Para la abogada Na’ayeli Ramírez, asesora de grupos de productores indígenas de miel en la región de Hopelchen, Campeche, es inútil y frustrante interponer denuncias ante la Profepa por los continuos y bastos desmontes hechos por los agricultores mecanizados. Ella misma ha interpuesto varias denuncias y en ningún caso ha habido respuesta efectiva por parte de las autoridades. En algunos casos llega el inspector, pero según relatan muchos pobladores de la zona, cualquier ‘moche’ es suficiente para disuadirlo de emprender acción, y en los raros casos en los que la Profepa ha llegado a tender las famosas cintas amarillas de clausura, a los pocos días éstas aparecen enredadas en las orugas de los caterpillars que han reemprendido, impunes, la tarea de acabar con la selva.

Para el Sr. David Schmidt, productor mecanizado y miembro de la Colonia menonita Santa Fe, en Hopelchen, el derribo de la selva no es algo malo, porque la naturaleza que se derriba se sustituye por otra forma de naturaleza, que se convierte en comida. Se refiera a la soya que siembra, preferentemente transgénica por resultar mejor negocio, y cuyo grano vende por cientos de toneladas a una planta hidrogenadora de Mérida para ser procesado industrialmente en la producción de aceite vegetal. También le pregunté si no le preocupa que el derribo de la selva contribuya al cambio climático, a lo que comentó: ‘en este caso no estoy de acuerdo, porque desde que llegué a Campeche ha habido varias épocas de sequía, no creo que haya un cambio climático, sólo variaciones normales en el clima’.

Cuando pregunté al Sr. Schmidt si contaban con aprobación del gobierno para desmontar selvas, comentó que escuchó al Secretario de Desarrollo Rural del estado de Campeche, el Sr. Armando Toledo Hamit, afirmar que actualmente sólo se aprovecha para la siembra un 25 % del total del territorio del estado que tiene potencial agrícola, y que hay otro 75 %  aún ocioso. Presumiblemente el 75 % de tierra disponible al que se refiere el Secretario Toledo es lo que aún queda de selva. El mismo secretario ha sido acusado del derribo de cerca de tres mil hectáreas de selva para la siembra de palma de aceite, un negocio privado en el que él participa y por lo que se le ha señalado un grave conflicto de interés al recibir millonarios apoyos del gobierno como empresario, siendo a la vez funcionario. Fue él quien a principios de este mes declaró ante los medios que ‘los ambientalistas son enemigos del estado’ y que existe una ‘conspiración’ contra los agro industriales, entre los que se incluye.

Pregunté al Sr. David Schmidt si no le parece justa la demanda y enojo de los indígenas mayas por la muerte de sus abejas, que es la principal fuente de sustento de miles de familias, y me dijo amablemente, con el característico acento alemán de los menonitas, que en ese caso sí está de acuerdo, que los mayas tienen derecho a mantener a sus familias, pero que las abejas que se mueren envenenadas por glifosato y otros venenos, son aquellas que entran en los campos agrícolas mecanizados, no las que se quedan en las selvas aledañas. Si las avionetas no cierran los aspersores cuando dan vueltas sobre la selva donde están las abejas de los mayas, eso es culpa del piloto, no del agricultor, me dijo, y puso en duda que los venenos asperjados puedan llegar a la selva. En cuanto a la muerte de las abejas como resultado directo del desmonte masivo, no tuvo ninguna respuesta.

Algunos productores indígenas que dependen de la miel, han perdido hasta el 80 % de sus colmenas desde que los agricultores mecanizados comenzaron a asperjar desde el aire sus cultivos transgénicos con cocteles de glifosato y otros venenos. Varios apicultores indígenas atribuyen directamente la muerte de sus abejas a la aspersión de veneno en los campos agrícolas mecanizados, y han logrado que la Suprema Corte de Justicia ordene la suspensión de la siembra de soya transgénica en tanto no se lleve a cabo una consulta con las propias comunidades indígenas. Por supuesto esta orden de la Corte es violada sistemática y descaradamente por los mecanizados, como ha sido demostrado en varias ocasiones mediante estudios elaborados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y como se desprende muy fácilmente de la observación de las miles y miles de hectáreas de soya que crecen en los campos sin un atisbo de hierba y sin rastros de haber sido deshierbadas mecánicamente, lo cual sólo puede lograrse mediante la aplicación del glifosato, herbicida que mata a todas las plantas que no son transgénicas… y a las abejas.

Otro menonita de nombre Abraham, en la Colonia Las Flores, me comentó que ‘sólo derribamos selva para la siembra en lugares donde no hay rocas’, aunque a menos de un kilómetro de distancia del predio de larguísimos surcos que roturaba con su tractor, en un terreno en medio de la selva, pudimos constatar el desmonte reciente de otro predio de varios cientos de hectáreas, del que se removió la roca  y todos los árboles con maquinaria muy potente para dejar el terreno listo para la roturación mecanizada. Cuando le señalé al Sr. Abraham que derribar la selva es un delito, incluso si no tiene rocas, me respondió que él se conformaría con ser dueño de sólo unas cien hectáreas para la siembra. Su suegro, al que Abraham ayuda, tiene varios cientos de hectáreas desmontadas y sembradas con soya. El huerto maya, en comparación, por lo general tiene una superficie menor a una hectárea, en la que se siembran hasta 20 especies de plantas comestibles tradicionales además del maíz, y los indígenas conviven con grandes extensiones de selva de las que obtienen alimentos, medicinas naturales, miel, madera, carbón y muchos otros productos que les son vitales.

Otro tema importante es la forma como se ha ido despojando de sus tierras a las comunidades mayas. Uno de los mecanismos favoritos para quedarse con la tierra, según me comentó el Lic. Gabriel Ramírez, quien se presentó como ‘representante legal de los menonitas’, y que anteriormente fue síndico del ayuntamiento, es mediante la falsificación de títulos en terrenos nacionales, que hacen diferentes personas, y a lo que se han prestado algunos notarios. Con esos títulos, los agro industriales compran la tierra ‘de buena fe’ a los falsificadores, y las autoridades terminan por validar dichas operaciones de ‘compra – venta’. Muchos de esos terrenos nacionales estaban en posesión ancestral por parte de comunidades indígenas, quienes tenían milpas y colmenas, o en algunos casos llevaban a cabo manejo forestal. Otro caso común es la renta de grandes extensiones ejidales o nacionales por diez o veinte años, o la venta de parcelas por parte de ejidatarios individuales y autoridades ejidales, quienes llegan a venderlas por pequeñas cantidades de dinero, frecuentemente obligados por la pérdida de opciones de subsistencia para sus familias.

El mismo representante legal de los menonitas, me comentó que ellos consideran que las multas y sanciones que les llega a imponer el gobierno por las graves violaciones a las leyes ambientales y de salud, no son sino formas de extorsionarlos y aprovecharse de su bonanza económica, y que no es justo que los ‘mexicanos y los mayas’ abusen de la buena voluntad de los menonitas.

Mientras todo esto ocurre, las autoridades ambientales parecen sentirse muy satisfechasde sus decomisos de 20 metros cúbicos de madera o treinta kilogramos de carbón contra las empresas forestales comunitarias, y de sus espectaculares (aunque bastante inútiles) exhibiciones mediáticas contra los agroindustriales mecanizados.

Para mayor información, Territorios Indómitos recomienda este video producido por el colectivo Ma OGM.