Nuevas evidencias confirman la participación de la CIA y de las dictaduras latinoamericanas

Nuevas evidencias confirman la participación de la CIA y de las dictaduras latinoamericanas

Nuevas evidencias confirman la participación de la CIA y de las dictaduras latinoamericanas en el tráfico de drogas para financiar operaciones encubiertas. Que mejor manera de efectuar un genocidio encubierto si se vende droga de mala calidad y toxica a los ghettos que se quiere eliminar. Ademas se hace un buen negocio. Desde las Guerras de Opio que se usa la tecnica de eliminacion de Sociedades por medio de la Droga . Nunca se habia efectuado en Estados Unidos mismo

La militarización de la "guerra contra las drogas" está bajo sospecha.


Casi sin saberlo, un joven pandillero del "área de la bahía", un suburbio pobre del norte de Los Angeles, inauguró a fines de 1979 el boom del crack -la mortífera alteración de la cocaína que está arrasando literalmente a la población negra de las principales ciudades estadounidenses- cuando comenzó a recibir, de un exiliado nicaragüense, ingentes cantidades de cocaína pura.


Rick Ross revolucionó el mercado de las drogas: por más que su abastecedor, Danilo Blandón, le entregaba la mercadería a precios tentadores, la cocaína era por entonces muy cara, y por tanto reservada a los consumidores de clase media y los intelectuales. Ross experimentó con el método del blow up, cocinando la cocaína mezclada con un anestésico llamado procaína, y logró transformar el polvo en rocas, que podían ser fumadas en pipas. Creyó haber reproducido la "base", un estado primario de la cocaína que se suele fumar en los países productores de América Latina. Por cada quilo de cocaína, Ross lograba tres quilos de rocas. El furor inicial del crack mató a los atletas Len Blas y Don Rogers y casi liquidó al actor Richard Pryor; después se convirtió en "la cocaína de los pobres", y hoy provoca una virtual devastación de la comunidad negra de Estados El 18 de agosto pasado, después de un año de una meticulosa investigación, un diario de Los Angeles, el San José Mercury News, comprobó que el boom del crack en California -y su irradiación al resto del país- es directa responsabilidad de la central de inteligencia (CIA) y de una organización antisandinista, que organizaron el tráfico de cocaína a Los Angeles para financiar a los contras nicaragüenses a comienzos de 1980.


La explosiva revelación provocó indignación entre las organizaciones de la minoría negra estadounidense, que llegaron a denunciar la participación de organismos estatales en la "fundación" del comercio del crack como una agresión planificada contra los negros. En el Congreso de Estados Unidos, en cambio, la sólida información del San José Mercury reactualizó el costado más oscuro del escándalo Irán-Contras, ventilado en noviembre de 1986: a pesar de los numerosos testimonios, el gobierno de Ronald Reagan logró en aquel entonces enterrar la investigación sobre la forma en que se financió la asistencia secreta de Estados Unidos a los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

Ahora, las evidencias confirman que el Consejo Nacional de Seguridad y la CIA traficaron cocaína a fin de obtener los recursos para la compra de armas, que el Congreso había embargado.


Las consecuencias de la revelación son impredecibles: no sólo cientos de miles de ciudadanos estadounidenses resultaron víctimas de esas operaciones encubiertas; también surge con claridad que durante diez años diversos
organismos gubernamentales (el Pentágono, la CIA, la DEA, el Departamento de Justicia) ocultaron pruebas, destruyeron archivos y manipularon la información para impedir que pudiera conocerse la participación estatal en el tráfico de drogas. No es menor el hecho de que muchos de los traficantes involucrados en esas operaciones encubiertas son hoy agentes secretos estadounidenses afectados a la lucha contra la droga.


Pero la responsabilidad en la financiación mediante droga de las operaciones encubiertas no es exclusiva de los organismos estadounidenses. La información del San José Mercury permite ensamblar los trozos de una historia fragmentada donde los polifacéticos miembros de esa trasnacional terrorista conocida como Operación Cóndor (agentes de inteligencia, torturadores, extorsionadores, traficantes) aparecen con papeles muy destacados. Del esquema surge una conclusión: el narcotráfico, ahora identificado como el enemigo principal de la seguridad hemisférica, fue el recurso preferido de la Doctrina de la Seguridad Nacional para desplegar el terrorismo de Estado por todo el continente.


Reunión cumbre en Buenos Aires.


A comienzos de 1980, el general Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo del Ejército argentino, presidió el cuarto congreso de la Confederación Anticomunista atinoamericana (CAL), filial de la World Anti-Comunist League (WACL), que se realizó en Buenos Aires.

Estuvieron presentes
•
el residente de la WACL, Woo Jae Sung, miembro relevante de la Secta Moon;

•
representantes de la logia fascista Propaganda Due,

•
delegados del dictador nicaragüense Anastasio Somoza y

•
de la organización terrorista anticastrista Alpha 66;

•
el mayor Roberto D'Aubisson, creador de los escuadrones de la muerte salvadoreños,

•
el general uruguayo Luis Vicente Queirolo,

•
el neofascista guatemalteco Mario Sandoval Alarcón y

•
el terrorista italiano Stepano delle Chiaie, entre otros;

•
John Carbaugh, asistente del senador Jesse Helms, y

•
Margo Carlisle, ayudante del senador James McClure, participaron como observadores.


Suárez Mason, directamente implicado en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y protector de Aníbal Gordon (jefe de las bandas paramilitares que operaron en los centros clandestinos de detención subordinados al primer cuerpo de Ejército, y especialmente en Automotores Orletti, de donde desapareció más de un centenar de uruguayos), fundamentó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central, a partir del triunfo sandinista. El general miembro de la P-Due comprometió la creación, en el seno del Batallón 601 (la estructura de inteligencia del Ejército) de un Grupo de Tareas Exterior, GTE, para desplazar hacia América Central un contingente de "asesores", que trasmitiría a los ejércitos y a los comandos paramilitares de la región la experiencia argentina en la "guerra sucia".


Los 8 millones de dólares que la WACL aportó para los gastos iniciales del GTE son el primer y temprano indicio de la asistencia encubierta estadounidense que después instrumentó el coronel Oliver North, por encargo de Reagan y George Bush. Pero la aventura centroamericana (y el enriquecimiento personal de sus protagonistas) requeriría fondos mucho más cuantiosos. Al momento del congreso de la CAL Suárez Mason ya tenía prevista una fuente significativa de financiamiento: un suministro ilimitado de cocaína boliviana.


Ese punto fue el centro de los contactos informales que Suárez Mason mantuvo en Buenos Aires con el salvadoreño D'Aubisson -yerno del general Amaury Prandt, exjefe de la inteligencia militar uruguaya- y el italiano Delle Chiaie -líder de la organización fascista Avanguardia Nazionale, responsable del atentado contra el dirigente democristiano chileno Bernardo Leighton, perpetrado en Roma por encargo del jefe de la policía secreta de Pinochet, el general Manuel Contreras.


Ambos habían acordado con el coronel boliviano Luis Arce Gómez el suministro de droga para financiar acciones paramilitares, como parte de un plan más vasto y complejo. En realidad, a comienzos de 1980, los militares golpistas y los narcotraficantes bolivianos coincidieron en sus intereses.



De ahí surgió la "narcodictadura" del general Luis García Meza que, con el pretexto de combatir a la "izquierda comunista", controló el poder en Bolivia durante dos años. El propósito del golpe fue eliminar el monopolio de los cárteles colombianos que asignaban a los barones de la droga bolivianos un papel secundario, limitado a la producción de pasta base, con una interdicción para la instalación de fábricas de cocaína.


En marzo de 1980, el agente secreto de la DEA Michael Levine, estacionado en Buenos Aires, descubrió que un trust de narcotraficantes bolivianos impulsaba el golpe militar, financiando la operación. La CIA y la DEA ocultaron la información al gobierno de Jimmy Carter y permitieron que prosperara el plan.


En el esquema, el coronel Arce y su primo Roberto Suárez, principal narcotraficante, se comprometieron con D'Aubisson y Delle Chiaie a aportar dinero para América Central si, a la vez, ellos facilitaban el tráfico para financiar el golpe.


Como consecuencia, la dictadura argentina apoyó el golpe de García Meza, desplazando en julio de 1980 a unos 400 "asesores", aportando apoyo logístico (en armas y en vehículos) y destinando casi 800 millones de dólares en
asistencia económica al nuevo régimen. Hoy se sabe que buena parte de esa "ayuda" fue en realidad un pasamanos de narcodólares, aportados por los traficantes y "lavados" por los agentes argentinos en Centroamérica.


La red se despliega



El teniente coronel Hugo Miori Pereyra, integrante del contingente argentino en Bolivia, fue un enlace clave. Miori auxilió a Delle Chiaie a montar, en Bolivia, un escuadrón terrorista denominado "Novios de la Muerte". Ese escuadrón, con el que estuvo vinculado el criminal nazi Klaus Barbie y que coordinaba con el Servicio Especial de Seguridad, organizado por el ministro del Interior Luis Arce Gómez, indistintamente instruía a soldados bolivianos en las técnicas de tortura de detenidos y brindaba protección al comercio de la cocaína.


Miori se desplazó después a Centroamérica, oficiando de "correo". Se le atribuye un papel fundamental en la organización del tráfico de drogas que fluyó hacia El Salvador. La cocaína era trasbordada en las bases de la Fuerza Aérea salvadoreña y derivada hacia Estados Unidos. Parte de la droga financió los escuadrones de la muerte montados por el mayor D'Aubisson y los grupos paramilitares guatemaltecos asesorados por el teniente coronel Santiago Hoya, alias "Santiago Villegas", otro miembro clave del grupo de asesores argentinos en Centroamérica.


Miori murió en un confuso incidente en 1982, después de que se comprobó que había desviado en su propio provecho dinero destinado a la paga de los asesores argentinos.


El teniente coronel Hoya y el coronel José Osvaldo Ribeiro, alias "Balita", responsable máximo del GTE, tuvieron una decisiva participación en los orígenes de lo que después fue el escándalo Irán-Contras. Ribeiro, a quien se le atribuye una intervención protagónica en la desaparición de exiliados en el marco de la Operación Cóndor, así como en la modernización de los servicios de inteligencia en Paraguay, trasladó las experiencias de coordinación realizadas en Argentina con militares uruguayos, chilenos y paraguayos.


Desde su cuartel general en el hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, Ribeiro comenzó la coordinación con los exiliados de la Guardia Nacional Somocista, mientras Hoya, como "jefe de operaciones", dirigía la instalación del campo de entrenamiento llamado Sagitario, en las afueras de Tegucigalpa, y del campo de concentración clandestino conocido como "La Quinta". Hoya y Ribeiro estrecharon contactos con el general Gustavo Alvarez Martínez, jefe del G2 del ejército hondureño, con el ex capitán de la Guardia Nacional somocista Emilio Echaverry y con los lderes "contras" Arístides Sánchez, Enrique Bermúdez y Frank Arana. De hecho, la CIA había delegado en los asesores argentinos la organización de la "contra" nicaragüense; Ribeiro y Hoya tuvieron una actuación destacada en las negociaciones que culminaron con la creación de la segunda dirección colectiva de los "contras", tras la trans Cuando comenzaba a organizarse la "narcofinanciación" de esas operaciones encubiertas, los asesores argentinos instruyeron a los paramilitares centroamericanos en las prácticas de los secuestros extorsivos, que tantos dividendos habían dado en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.



El flujo de dinero en grandes cantidades para la compra de armamento y pago de los mercenarios se materializó recién cuando la CIA se embarcó decididamente en el ingreso de droga al territorio estadounidense. La investigación del San José Mercury confirma ahora el papel decisivo de uno de los "ahijados" preferidos de los asesores argentinos: el coronel nicaragüense Enrique Bermúdez provocó el salto cualitativo cuando autorizó a dos conciudadanos, Danilo Blandón y José Norwin Menenes, a montar el tráfico de drogas, utilizando la incipiente estructura de la FDN en Los Angeles.


100 quilos por semana Coordinado el tráfico por los argentinos, la droga boliviana era depositada en las bases aéreas salvadoreñas y desde allí trasladada en avionetas hasta aeropuertos de Texas, con la protección de la CIA. A fines de 1981, la estructura había logrado contrabandear una tonelada de droga. Blandón, quien actualmente cobra un sueldo del gobierno estadounidense como agente especial de la DEA, admitió que entre 1981 y 1988 se llegó a introducir hasta 100 quilos semanales de cocaína.


Los argentinos fueron también los pioneros de la estructura que después utilizó el gobierno de Reagan para canalizar la ayuda encubierta a los contras. Los agentes del Batallón 601:
•
Raúl Guglielminetti (alias "Mayor Guastavino"),

•
Leandro Sánchez Reisse (alias "Lenny") y

•
Jorge Franco (alias "Fiorito")


se especializaron en el lavado de dinero de los fondos provenientes del narcotráfico. Franco viajó en dos oportunidades a Centroamérica, en una de ellas con su identidad real. Calificado como experto en finanzas, Franco figura como "desaparecido" en las listas del Instituto de Obras Sociales del Ejército, pero se sospecha que por lo menos hasta 1987 permanecía en Centroamérica.Leandro Sánchez Reisse es el único de los miembros del GTE que ha confesado la vinculación de los asesores argentinos con el narcotráfico para la financiación de las operaciones encubiertas. Sánchez Reisse, de profesión contador, fue detenido en Ginebra, Suiza, en 1982, cuando intentaba cobrar el rescate del banquero uruguayo Carlos Koldobsky, secuestrado en Buenos Aires. En 1985 logró fugar del presidio de Champ Dollon. Se refugió en Estados Unidos, bajo la protección de la CIA. Para evitar la extradición, Sánchez Reisse se ofreció para testimoniar ante la subcomisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.


Sánchez Reisse reveló, en fechas tan tempranas como 1987, que el general Suárez Mason y el sector del ejército bajo su mando recibieron dinero del narcotráfico para financiar la lucha contrainsurgente en América Central. Explicó que dos empresas montadas en Miami -una llamada Argen-show, dedicada a la contratación de cantantes para giras latinoamericanas, y otra llamada Silver Dollar, en realidad una casa de empeño dirigida por Raúl Guglielminetti- fueron las pantallas para la manipulación del dinero.


Admitió que Silver Dollar y Argenshow habían canalizado 30 millones de dólares del narcotráfico que fueron girados, vía Panamá, hacia Suiza, Lichtenstein, Bahamas e Islas Cayman. El dinero, dijo, terminó en manos de los contras nicaragüenses. Reveló también que la CIA estaba al tanto de las actividades de las dos empresas de Florida desde mediados de 1980, y que dio su visto bueno para las operaciones de lavado.

La nueva doctrina en entredicho El escándalo Irán-Contras reveló, en su momento, el involucramiento de la CIA en el tráfico de drogas. La participación argentina y boliviana, y acaso la chilena y la uruguaya, han quedado sumergidas al amparo de las soluciones "políticas" que extendieron la impunidad para los violadores de los derechos humanos. Las nuevas evidencias demuestran que el narcotráfico fue -y quizás siga siéndolo- un soporte para el despliegue de operaciones encubiertas. Todos esos elementos descalifican ahora el objetivo impulsado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que presiona en América Latina por la militarización de la guerra contra el narcotráfico. Los antecedentes, que en su momento llevaron a las dictaduras a instalar una estrategia que combinó el despliegue del terrorismo de Estado y el enriquecimiento personal, cuestionan los propósitos de crear una fuerza militar multinacional para combatir lo que se presenta, como un negocio particular de los Estados Unidos de Norteamérica.
__,_._,___