La novena ola magisterial (libro completo)
Luis Hernández Navarro
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El despertar
Nos tardamos 16 años en despertar, pero al fin lo hicimos, dice un maestro de Campeche. Y vaya que lo hicieron. La protesta magisterial contra la reforma educativa en la entidad prendió como cerillazo en campo seco. En unos cuantos días más de 6 mil maestros incendiaron el estado.
Pero que los mentores campechanos dejaran de estar adormilados le supo a pesadilla al gobernador Fernando Ortega Bernés. El 11 de septiembre de 2013 mandó a la policía preventiva y a la policía general judicial a dispersar con golpes y gases una concentración de profesores que clamaban: ¡Diálogo/diálogo! y ¡Somos docentes/no delincuentes!
Lo sucedido en Campeche no fue la excepción. Desde que la reforma educativa fue aprobada en 2013, prácticamente en todo el país se han sucedido protestas. Apenas el pasado 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocó a una jornada de lucha para abrogar la reforma punitiva. Es su llamado a la novena ola.
Según la teoría de la novena ola, ésta suele ser la que culmina la tormenta, la más fuerte, la más alta, la más intensa de todas. La novena ola es el nombre del más celebre cuadro del pintor ruso Iván Aivazovsky, en el que representa el mar al culminar la tormenta de noche y a unos náufragos tratando de salvarse. Es, también, una novela de Ilyá Ehrenburg que trata sobre la lucha por la paz en plena guerra fría.
Para tratar de impedir la llegada de la novena ola magisterial, el gobierno federal lo ha intentado todo. Campañas de estigmatización contra el magisterio, despidos, encarcelamientos y uso de la fuerza pública. Como resulado de la represión gubernamental han sido asesinados siete profesores.
El movimiento magisterial emergente contra la reforma educativa es de largo aliento. Su estrategia de resistencia y desobediencia civil se extenderá por un periodo extenso. La novena ola ya está aquí.
El poder de la imagen, la imagen del poder
El maestro pregunta por el altavoz: ¿capital de Veracruz? Sus compañeros le responden voz en cuello: ¡Boca del Río! Vuelve a interrogarlos: ¿capital de Guerrero? Jocosos, le contestan: ¡Acapulco! Nuevamente los inquiere: ¿capital de Oaxaca? Los mentores exclaman: ¡Huatulco! Enérgicos, corean: ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!
La consigna magisterial echa limón en la herida de los continuos yerros de Enrique Peña Nieto. El 3 de abril de 2013, durante el Foro Nacional de Educación, el jefe del Ejecutivo afirmó que Boca del Río es la capital del estado de Veracruz. Un par de meses más tarde, volvió a equivocarse, y afirmó que Tijuana es un estado.
El eslogan, repetido una y mil veces en calles y plazas, resume, por mucho, el sentir de los maestros: son víctimas de una doble moral. Mientras los recurrentes gazapos del presidente de República son tratados con indulgencia, a ellos se les humilla públicamente, se les responsabiliza de la situación educativa del país, se les despoja de conquistas laborales básicas y se les quiere sujetar a una evaluación punitiva.
Ese sentir ante una reforma educativa lesiva a ellos, pero también a la enseñanza pública, se extiende por todo México como epidemia. En todos los estados han brotado protestas magisteriales. Aunque en unos casos son masivas y en otros no son aún mayoría, no hay una sola entidad federativa en la que no hayan realizado marchas y plantones, suspendido labores, y ocupado edificios públicos, puentes fronterizos y vialidades. La cartografía de este malestar desborda, por mucho, lo que los medios de comunicación quieren o alcanzan a registrar.
Los maestros saben por qué luchan. Afirmar que desconocen los alcances de la reforma que rechazan o que están en las calles porque fueron engañados es una canallada y una bajeza. Como dice un profesor de Los Mochis, Sinaloa: ¿Cómo no vamos a darnos cuenta de lo que quieren con esas leyes, si estamos viendo el cazo con el aceite hirviendo en el que nos van a cocinar?
Muchos mentores están convencidos de que se encuentran frente una situación límite que los obliga a protestar. Una maestra de la Ciudad de México lo explica a sus compañeros, que aún temen suspender labores ante el temor de que no les paguen completas sus quincenas, diciéndoles: Es cierto, nos van a descontar porque tenemos un empleo, pero más nos vale hacerlo porque mañana no vamos a tener un empleo del que nos descuenten.
Según otro profesor de Veracruz, la reforma es inadmisible por la situación de incertidumbre en que los pone.
“No podemos estar con una amenaza permanente de perder el empleo, de ser vigilados, de ser puestos a prueba, de ser castigados —asegura—; es una ofensa que pongan en duda lo que hemos hecho. No podemos permitir perder nuestro sentido profesional. El gobierno tiene que entenderlo: no estamos dispuestos a dejarnos sojuzgar.”
Sujetos a una infamante campaña de desprestigio desde hace años, a los maestros les ofende lo que se dice de ellos en la prensa, la televisión y la radio, pero no consideran que deban cancelar sus protestas. Si algún caso les hace el gobierno, es debido a ellas. Además, están convencidos de que, si antes de que se movilizaran ya eran denigrados, la mayoría de los medios no va a dejar de calumniarlos porque dejen de hacerlo. Como afirma un docente de Sinaloa: Ni modo. No hay de otra. Al sordo siempre hay que gritarle.
Las protestas han hecho evidente la enorme incapacidad de políticos y comunicadores para comprender la naturaleza, la composición y el comportamiento del magisterial nacional. Cada día se anuncia el inminente fin del problema.
A pesar de ello, se alternan e incrementan sus protestas en otros lugares del país.
Como estrategia de solución del conflicto, el gobierno federal optó por administrarlo y desgastarlo. Fracasó. En lugar de apagar el descontento, lo extendió y radicalizó. Finalmente, optó por la represión. Aunque de inmediato cosechó los aplausos de quienes piden mano dura, hizo evidente el fracaso de su política previa, y revivió el fantasma de Atenco. Pero tampoco le resultó. Con el uso de la fuerza, en lugar de acabar con el movimiento, precipitó su crecimiento. Los maestros han sido cobijados por una espontánea, masiva y conmovedora oleada de solidaridad popular. El malestar no parece extinguirse.
Si la imagen del poder es el poder de su imagen, dos estampas resumen el costo que el conflicto magisterial ha tenido para el gobierno federal. El 15 de septiembre de 2013, en una verdadera fiesta popular, con la explanada del Monumento a la Revolución llena a tope, miles de maestros democráticos y sus aliados dieron el grito de la resistencia y desobediencia. Una y otra vez corearon la consigna de ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!. Entonaron, también, el Himno Nacional y rindieron honores a la bandera, como lo hacen cada lunes del calendario escolar en todas las escuelas del país. A poca distancia de allí, con el Zócalo vigilado, en un acto poco concurrido y con acarreados del Estado de México, entre abucheos y silbidos, Enrique Peña Nieto vitoreó a los héroes, canceló su participación en la cena en Palacio Nacional y se retiró para atender la emergencia de las lluvias.
El huracán
Algo nuevo acontece estos días entre los trabajadores de la educación. La explosión de su descontento en contra de la reforma educativa no es una repetición mecánica de sus viejas gestas. Su incontenible presencia en las plazas públicas de casi todo el país retoma la experiencia de sus luchas pasadas, pero no lo hace como una mera continuidad de sus movilizaciones tradicionales. En su actual ciclo de protestas hay una ruptura con su dinámica usual. Vivimos algo inédito y excepcional.
El agravio central que desencadena esta oleada salvaje de protestas es la modificación de su estatuto laboral que, de la noche a la mañana, cancela conquistas centrales como la estabilidad y la permanencia en el empleo. Súbitamente, sin consultarlos, burlándose de su disposición al diálogo y la negociación, el Ejecutivo, el Pacto por México y la mayoría de los legisladores decidieron sobre las vidas de profesores y los lanzaron a la incertidumbre y a la precariedad profesional.
La aprobación de la reforma educativa estuvo precedida de una humillante campaña, intensificada a raíz del inicio de las acciones de resistencia de los docentes, que lastimó su dignidad y abrió una profunda herida. Se les ofendió y difamó. Con un odio de clase apenas disimulado, organismos empresariales y televisoras los exhibieron ante la opinión pública como trabajadores privilegiados, ignorantes, flojos y abusivos con los niños, que tienen secuestrada la enseñanza. El resentimiento que nace de esa injuria y que demanda la reparación del daño se ha convertido en un poderoso combustible que alimenta la movilización de los mentores.
La actual oleada de lucha magisterial ha tenido tres etapas distintas. La primera, de movilización escalonada de los maestros más politizados, protagonizada por la disidencia sindical histórica, que se identifican como trabajadores de la educación y diferencian claramente lo nacionalpopular de lo estatal. La segunda, de desbordamiento, detonada por una exitosa convocatoria a la insurgencia magisterial, caracterizada por la incorporación a las protestas de profesores que se ven a sí mismos como servidores públicos protegidos por el Estado, identifican lo nacionalpopular con lo estatal, y laboran en entidades controladas hasta hace poco por líderes sindicales institucionales. Y la tercera, la “madre de todas las batallas”, la novena ola, iniciada el 15 de mayo de 2016, para tratar de descarrilar la puesta en marcha de la reforma y demostrar su inviabilidad en amplias regiones del país.
Antes aún de que se aprobara la nueva normatividad, la disidencia histórica la caracterizó como una contrareforma no educativa, sino laboral y administrativa, lesiva a los intereses del magisterio. Por turnos, en sucesivas oleadas, sus bastiones principales, en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, interrumpieron labores y tomaron la calles masivamente desde abril de este año. Simultáneamente, sus activistas en el resto del país se dedicaron a esclarecer la naturaleza de las modificaciones constitucionales y a preparar las condiciones para la acción de masas.
En cambio, el magisterio institucional aguardó primero a ver el resultado de las leyes secundarias, y, cuando constató su carácter punitivo, explotó, por lo pronto, de manera localizada en algunos estados. Su reacción es producto, entre otros factores, de la indignación y el despecho. La reforma educativa rompió, de manera unilateral y arbitraria, el pacto existente entre Estado y profesores. De la noche a la mañana, el Estado los dejó en la orfandad, sujetos a las fuerzas del mercado y al autoritarismo de los funcionarios educativos. Peor aún, les declaró la guerra. Para muchos de ellos, provenientes del normalismo, que es una profesión de Estado, esto fue traición desconcertante.
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la designación de Juan Díaz de la Torre como su relevo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fracturaron los mecanismos de control gremial y abrieron grietas, a través de las cuales emergió en muchos estados el descontento magisterial.
Absolutamente subordinado al gobierno federal, sin rumbo, rebasado por los acontecimientos, Juan Díaz perdió capacidad de operación política ante la crisis en curso. Su labor se ha limitado a expresar el apoyo sindical a la reforma y a viajar por el país para advertirles a los dirigentes seccionales que deben sumarse a ella, pues, de no hacerlo, el gobierno, que cuenta con sendos expedientes en su contra, puede encarcelarlos en cualquier momento.
El huracán magisterial azota todo el país. Dos hechos son claves para elaborar una cartografía que dé cuenta de su paso y sus orígenes. Uno es la lucha nacional contra las reformas al ISSSTE en 2007, que tuvo en Chihuahua episodios ejemplares. Otro es la movilización nacional para rechazar la Alianza para a Calidad de la Educación en 2008, relevante en estados como Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Muchas de las entidades que hoy se incorporan a la protesta contra la reforma educativa fueron protagonistas claves de la resistencia en contra de ambas iniciativas.
A cada rato, distintos funcionarios y analistas anuncian el inminente fin del conflicto. No ha sucedido así. Por el contrario, cada día que pasa el movimiento crece. El tsunami magisterial es un genuino acontecimiento político.
Una cruzada moral contra el magisterio
¡Pinches güevones, pinches indios! —gritó a los maestros democráticos un grupo de tepiteños, mientras les lanzaban piedras, tubos y palos. Los docentes marchaban por el Eje 1 Norte rumbo a la Cámara de Diputados, el 17 de octubre de 2013, exigiendo la abrogación de la reforma educativa.
Esa misma tarde, los comerciantes del barrio bravo de Tepito negaron su participación en la agresión. Más aún, acusaron a personas ajenas a su colonia de ser las responsables de esos actos.
¡Pinches indios! es un epíteto racista y clasista que con frecuencia se lanza contra los maestros que protestan en el valle de México. No es el único. Cada día, en las redes sociales, programas de radio y televisión y columnas de diversos diarios, se les insulta diciéndoles burros, nacos, prietos, borregos, acarreados, halcones, fascistas, apestosos, costeños, secuestradores, delincuentes, gatos, terroristas, ladinos y lindezas por el estilo.
Las agresiones en su contra vienen de todos lados. Haciéndose la graciosa, la actriz y cantante Mariana Seoane advirtió en el programa Sabadazo: Es una ofensa decirle maestro a alguien en este país. Y Sofía López, hija de Isidro López, alcalde panista electo de Saltillo, escribió en su Facebook: Una hora y 10 minutos de tráfico #GraciasMaestrosBuenosParaNADA. Desde entonces es conocida como
#LadySaltillo.
En algunos sectores de la población existe un malestar genuino hacia los trabajadores de la educación, porque sus protestas afectan su vida cotidiana. Sin embargo, ese descontento ha sido amplificado y manipulado, difundiendo información falsa sobre su lucha y sus propósitos.
Es así como muchos de estos improperios no son hechos aislados, sino episodios de una deliberada campaña de injurias contra los trabajadores de la educación, que recuerda los peores momentos de la guerra fría. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2013, un periódico de circulación nacional informó a ocho columnas que un informe de la PGR asociaba a la CNTE con la guerrilla del EPR. No le importó que desde mayo de ese año otro diario hubiera publicado sin pruebas lo mismo, ni que desde esa fecha la Coordinadora negara las imputaciones, al igual que lo hizo el EPR. El 4 de octubre, la PGR descartó que existan vínculos entre el movimiento magisterial y la guerrilla. No se está investigando a la CNTE, afirmó el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Pese a ello, día tras día, la calumnia se difunde una y otra vez.
La cruzada moral contra el magisterio no tiene límite. Apenas el 30 de octubre de 2013, un diario nacional presentó al maestro Germán Mendoza Nube como líder del magisterio altamente radical, con formación militar subversiva y beneficiario del gobierno de Oaxaca. Curiosamente,
Germán, egresado de la generación 1985 de la Normal Rural Luis Villarreal, de El Mexe, Hidalgo, fue salvajemente golpeado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca el 3 de mayo de ese año.
El peligroso subversivo debe utilizar una silla de ruedas. Quedó parapléjico en 1987, cuando fue brutalmente agredido por la policía por su trabajo de organización en comunidades chatinas. Estuvo 45 días incomunicado, bajo tortura y sin atención médica. Pasó dos años en la cárcel. En 2006, en plena lucha de la APPO, el gobernador Ulises Ruiz lo volvió a detener y lo envió al penal de Miahuatlán, sin los cuidados necesarios para que se atendiera de una severa diabetes.
El profesor Germán no oculta sus convicciones políticas. Las ventila públicamente. No se esconde. Él se asume como comunista y eso no es un delito. Pero ni él ni su fuerza política conducen a los docentes oaxaqueños o a la CNTE, por más que sean parte de su lucha. La Coordinadora no está controlada por organización alguna; acuerda sus acciones consultándolas con sus bases. Nadie, en lo personal o como corriente, marca la línea del movimiento magisterial; el movimiento se dirige a sí mismo.
Estas calumnias no son acciones fortuitas. Son parte del clima de crispación mediática fabricado contra el magisterio disidente para crear entre la opinión pública una idea desfavorable hacia quienes se han opuesto a una reforma educativa mal hecha y peor ejecutada, y propiciar un ambiente favorable a una posible solución represiva del conflicto.
Son uno de los últimos eslabones de una cadena que Mexicanos Primero y el duopolio televisivo comenzaron a forjar mucho antes de la aprobación de la reforma educativa. Con la pretensión de asaltar la educación pública del país, los organismos empresariales han inventado, durante los últimos años, una caricatura de los maestros mexicanos sin relación alguna con la realidad.
Molesto porque los docentes democráticos no permiten que la reforma educativa aterrice, el gobierno federal ha hecho suya esta imagen deformada del magisterio. Convencido de que las protestas de los profesores provienen de una deficiente estrategia de comunicación, ha saturado televisión, radio y prensa escrita con mensajes publicitarios en favor de la reforma, que generan más animadversión que convencimiento.
El asunto es mucho más sencillo: antes de la reforma, la inmensa mayoría de los docentes aseguraba tener una gran estabilidad laboral y no le interesaba buscar empleo en otro lado. Pero la reforma educativa modificó drásticamente esa percepción. Hoy, su permanencia en el empleo y su inamovilidad se encuentran en entredicho y ellos están en las calles para conservarlos.
La nueva legislación educativa tiene como telón de fondo una caricatura de los docentes. Y cientos de miles de docentes, que la juzgan inadmisible, han reaccionado contra ella con energía y dignidad. Lejos de doblegarlos, la cruzada moral en su contra, la falsificación de las raíces y razones de su lucha y los agravios racistas y clasistas de los que son víctimas los convencen de la necesidad de seguir adelante en defensa de su profesión y de la educación pública.
La Coordinadora
Al frente de la novena ola magisterial se encuentra la CNTE. El 17 y 18 de diciembre de 2015 cumplió 36 años de vida. Fue fundada no en la Ciudad de México, sino en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No nació como organización de activistas o de corrientes sindicales, sino como verdadera coordinación emergente de maestros de base en lucha de varios estados.
Los contingentes que le dieron vida provenían de Chiapas, Tabasco, La Laguna y Guerrero. Más adelante se agregaron masivamente trabajadores de la educación de Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Michoacán.
A lo largo de estos 36 años, la CNTE ha tratado o visto pasar a siete presidentes de la República, 16 secretarios de Gobernación y 11 secretarios de Educación Pública, además de innumerables gobernadores. Algunos intentaron acabar con la Coordinadora, otros quisieron ningunearla pero, al final de cuentas, casi todos tuvieron que sentarse a negociar con ella.
Desde su fundación, la Coordinadora buscó democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin dar cuartel, se ha enfrentado con tres caciques: el profesor y licenciado Carlos Jonguitud Barrios, que estuvo al frente del organismo 15 años, la maestra Elba Esther Gordillo, quien lo controló durante casi 24, y a Juan Díaz de la Torre. Los tres han pretendido aniquilar a la disidencia magisterial por todos los medios posibles, incluyendo la violencia física. Les llamaban enanos celosos de la estatura de Jonguitud y lindezas por el estilo. Fracasaron.
Una parte muy importante de los líderes que dieron nacimiento a la CNTE tenían en 1979 menos de 30 años. La mayoría eran normalistas (muchos rurales), habían estudiado en los cursos de verano de la Normal Superior, y no pocos tenían licenciaturas universitarias. Varios habían desarrollado previamente militancia política de izquierda.
La CNTE nació y echó raíces en estados con importante población rural, y, en muchos casos, indígena. Los maestros que le dieron vida desarrollaron su práctica docente en regiones asoladas por la pobreza, la marginación y la discriminación étnica. Buen número de ellos provenía de esa realidad. Con mucha frecuencia se convirtieron en los intelectuales orgánicos de las comunidades.
Se entabló así una abigarrada y estrecha relación entre trabajadores de la educación, padres de familia humildes y regiones enteras del país, que, con altas y bajas, se ha mantenido hasta nuestros días. En varias entidades esos maestros han encabezado la lucha por proporcionar a los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos desayunos calientes, uniformes y útiles escolares, al tiempo que gestionan la mejoría y el equipamiento de sus escuelas.
La coordinadora acordó tres grandes ejes de acción que guían su lucha: democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país.
Desde su nacimiento, los integrantes de la CNTE han tomado las decisiones fundamentales de su movimiento y nombrado a sus representantes en asambleas representativas y de base. Su funcionamiento se caracteriza por una amplia participación de los maestros de banquillo. Esa práctica, junto con la descentralización del movimiento, ha hecho muy difícil que sus dirigentes sean cooptados por la autoridad o por el SNTE.
Por supuesto, ha habido casos en los que sus líderes se han corrompido o pasado a las filas del charrismo. Así sucedió en 1989, cuando Elba Esther Gordillo fue impuesta por Carlos Salinas como dirigente nacional del SNTE, o cuando en 2006, el gobierno de Vicente Fox sobornó a Enrique Rueda, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, en plena sublevación popular. Lo relevante de estos ejemplos es que a pesar de las traiciones, el movimiento nombró nuevos dirigentes y siguió adelante.
Todos los dirigentes nacionales de la CNTE son simultáneamente representantes de sus estados. Cuando su mandato local termina, dejan de ser líderes nacionales. Existe una rotación muy intensa de sus mandos. Incluso sus voceros duran muy poco tiempo en el cargo. En la Coordinadora no hay líderes morales, por más que se aprecie y reconozca el compromiso y la trayectoria de muchos de sus cuadros históricos.
Los militantes de la Coordinadora no disfrutan de privilegio alguno. No reciben compensación económica por su trabajo sindical. Con frecuencia deben aportar sus propios recursos para actividades gremiales y políticas. Aunque hay excepciones, desempeñan el cargo por convicción. A pesar de la presencia social que muchos de ellos tienen, es poco frecuente (aunque no inexistente) que se conviertan en diputados o que ocupen cargos de representación popular. Quienes lo han hecho, llegan a esas posiciones sólo después de terminar su encomienda sindical.
Desde hace más de 30 años, la CNTE ha elaborado propuestas de educación alternativa desde la realidad socioeconómica y cultural en que sus integrantes labora. Muchos de sus integrantes son profesores altamente calificados, con estudios de posgrado.
Esta breve historia, muestra lo profundamente equivocada de la estrategia para imponer la reforma educativa del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Pareciera que el funcionario no tiene idea de la naturaleza del movimiento al que se está enfrentando, y que da por buena la caricatura que se ha hecho de ella en medios de comunicación. La Coordinadora tiene historia, temple, tradición, arraigo en el magisterio, aliados entre los padres de familia, propuesta, cuadros y liderazgo. Por eso, sus denuncias en contra de los “privilegios que los dirigentes” buscan conservar son ridículas.
Pese al encarcelamiento de algunos de sus integrantes, del uso de la fuerza pública en su contra y del asesinato de Claudio Castillo, David Gemayel Ruiz o Antonio Vivar Díaz, la fuerza de la Coordinadora es hoy mucho mayor que hace tres años. La forma en que se trató de realizar la evaluación al desempeño docente provocó que sus simpatizantes aumentaran.
A más de 36 años de su nacimiento, con la amenaza de desprofesionalizar a los docentes y privatizar la educación pública, la insurgencia magisterial está más vigente que nunca.
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