Documento a leer en todas las plazas públicas este 5 de febrero de 2017, como propuesta de la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas:

Propuesta de Bases Constituyentes para la Refundación de México

Unidas y unidos hoy en el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, miles de mexicanas y mexicanos nos congregamos en las plazas públicas de todo el País para dar el siguiente paso de este proyecto común: refundar a México.

Hoy somos el nuevo Sujeto Constituyente que pugna por una nueva Constitución que expresa el Proyecto de Nación de las mayorías nacionales: las mujeres, las y los indígenas, las y los indo-mestizos, las y los trabajadores, las clases medias, los pequeños y medianos productores y empresarios que están dispuestos a contribuir a la superación de nuestra condición neocolonial y los modos de vida basados en la explotación, la humillación nacional, el racismo, el patriarcado, la corrupción y la destrucción de la Madre Tierra.

México es un país devastado, la Constitución de 1917 resultado contradictorio de una de las revoluciones más trascendentes del Siglo XX no existe más, sus pilares fundamentales que garantizaban el control nacional de sus bienes humanos y naturales fueron desmontados, así como los derechos de la población. Sin vivir en una situación de guerra declarada no existe en el mundo un país que haya sido tan destruido como México. Vivimos bajo un Estado de excepción, una dictadura civil-militar que mantiene militarizado el territorio nacional en aras de perpetuar el despojo masivo de bienes, servicios y personas.

El caos, la pobreza, la marginación, el terror de estado, los cientos de miles de víctimas mortales, los feminicidios, los crímenes de odio, las decenas de miles de desaparecidos son el resultado de una guerra de neocolonización instrumentada a través del supuesto combate a la delincuencia, las reformas estructurales y tratados comerciales lesivos. Producto de un pacto criminal celebrado entre algunas potencias encabezadas por los Estados Unidos, las empresas trasnacionales y la clase política, la alta burocracia y los grandes empresarios locales, el viejo pacto social devino no sólo en letra muerta, sino en un documento al servicio de sus intereses.

El Estado “Mexicano” devino en un protectorado, en un Estado al servicio de los Estados Unidos y otras potencias, es un estado criminal, sus cimientos dan pie a una economía delictiva que es irreformable; la crisis del Estado-Nación solo será superada si es refundado sobre nuevas bases éticas, políticas y económicas. No basta con promover campañas anticorrupción, arreglar o maquillar los rostros del Estado “Mexicano”, de enjuiciar a ciertos funcionarios y hacer planes para generar ahorros en el manejo de la administración pública. La putrefacción de la clase política, su cinismo e impunidad, no son hechos aislados, son la condición propia de quienes viven al amparo del Estado neocolonial y de sus economías criminales.

Hoy quienes usurpan el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo nacional son ilegítimos e ilegales. Por ello, debemos dejar de mirar hacia los de arriba y abandonar toda confianza en ellos; necesitamos voltear hacia nosotras y nosotros, convencidos de que contamos con las suficientes reservas morales, la lucidez y las posibilidades organizativas para Refundar el Estado y la Nación desde las Comunidades y el Pueblo.

Nuestro constituyente es un proceso descolonizador para la recuperar las fuerzas productivas del pueblo-nación mexicano, la reconstitución de la Madre Tierra, la reconstrucción de nuestra memoria y el desarrollo de la personalidad histórica de las naciones y comunidades que a lo largo de 500 años hemos sido víctimas del colonialismo y neocolonialismo practicado por el Estado Español, los Estados Unidos, otras potencias imperialistas y el capital corporativo transnacional.

Por ello, manifestamos que:  

Primero.- Tenemos la certeza de que el desmantelamiento de las bases económicas, sociales, culturales y naturales del Estado y la Nación Mexicana y el quebranto de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, civiles y políticos de las y los mexicanos, son el resultado de un proceso de ocupación y despojo neocolonial de nuestros territorios, de explotación y destrucción de nuestras poblaciones.

Segundo.- Reconocemos que México no es una abstracción. Es un País que es región, territorio, patria. Que la Nación mexicana es organización política que tiene un lugar en el mundo, siendo sus componentes fundamentales: el territorio, los pueblos originarios, la cultura, la educación, el lenguaje y los idiomas indígenas, el gobierno, los bienes naturales que le sostienen, la infraestructura nacional y las personas que le habitamos. Que la misma debe levantarse sobre principios propios que expresen su vida propia, sus fines, sus condiciones, sus formas de organización social y sus modos de relación con las demás.

Tercero.- Que el proyecto de refundación no sólo es un ejercicio democrático, es un proceso de praxis constitutiva, esto es, generadora de nuevos modos de vida humana, nuevas condiciones reales de conciencia y de convivencia entre las partes que componen la humanidad. Su sustento son los principios universales, expresión de los intereses y la autodeterminación de todos sus componentes que constituyen la fuerza que les da sostenimiento permanente.

Cuarto.- No sólo se trata de salir de una crisis que es evento transitorio en la vida histórica de México, sino de fundar una nueva formación nacional que dé respuesta permanente a los problemas históricos de la nación y que establezca las condiciones nuevas para sostener un nuevo Estado comunitario que permita la vida digna,  justa,  libre y cargada con los grandes valores humanos, que permitan resolver las necesidades básicas,  intelectuales, axiológicas y que proporcione a cada persona y a cada comunidad, de manera justa y equitativa, los medios para trazar sus propio destino y contribuir a elevar el destino de México.

Quinto.- La vida política del nuevo organismo nacional debe basarse en intereses y necesidades colectivas reconocidas jurídicamente y garantizados por el Estado pluricultural democrático; la acción constitucional se levanta sobre el derecho histórico de un pueblo que, por la base trabajadora que construye y sostiene toda la obra útil, cultural y civilizatoria, tiene en todo momento la legitimidad para cambiar su forma de organización, como lo establece el actual artículo 39 constitucional.

Sexto.- El nuevo sujeto constituyente, por la interconexión, interrelación e intersubjetividad operantes en el mundo actual, es el sujeto colectivo, pues nadie puede reclamar ser el productor exclusivo de algo, sino que el mundo es resultado de la totalidad de acciones que “teje” la vida sobre la cual las personas y las comunidades construyen sus existencias.

Séptimo.- Sólo a través de la deliberación amplia, basada en los principios que se exponen, se podrá fundar una nueva conciencia y socialidad con compromiso político, que lleve a la práctica el nuevo texto constitucional. La propuesta de una constitución que tenga visos de ser cumplida, supone una fuerza social, liberada ideológica, orgánica y políticamente de las ataduras neocoloniales y del modelo corporativo imperante.

A la luz de lo anterior, damos a conocer la propuesta de nuevas bases constituyentes para México, en los siguientes términos:

      1.- De la Nación pluricultural mexicana.

México es una nación indivisible y libre que forma parte de la comunidad latinoamericana de naciones. Se levanta sobre principios que expresan el ser histórico de su vida propia, sus fines, sus condiciones, sus formas de organización social y sus modos de relación con las demás naciones.

La nueva constitución debe sustentarse en principios y valores universales, basados en las necesidades de las personas y la vida comunitaria. Asumimos que el eje rector y articulador de los mismos se basa en el principio del “Buen Vivir” o el del “Bien Común” de la Humanidad, es decir, la necesidad de alcanzar la dignidad humana, la vida plena en armonía con la comunidad y la Madre Tierra.

Los bienes naturales no son recursos económicos ni bienes capitalizables para el servicio de las corporaciones. El nuevo texto constitucional debe reconocer a la madre tierra como el hogar de todos los seres vivos, bióticos y abióticos. Debe reconocer la interdependencia de los ecosistemas para lograr el equilibrio natural que permita el buen vivir en armonía con la naturaleza.

       2. De la soberanía nacional.

El fundamento necesario que legitima a México ante la historia y el mundo es la soberanía, poder resultante de: la soberanía nacional, la soberanía popular y la soberanía social, que abarcan el derecho inalienable de la autodeterminación de los pueblos.

Ajena a toda autosuficiencia económica, tecnológica y de pensamiento, la soberanía es la autonomía que traza sus propias normas para constituir su régimen interior y regular sus relaciones con el exterior.

La soberanía es: inajenable, no sujeta a compra-venta alguna; imprescriptible, se da por sí misma su propia existencia y no cesa en el tiempo; inalienable, no puede transferir su ejercicio a ningún otro sujeto, que no sea la nación mexicana  organizada.

       3. Del régimen político y base social de México.

El nuevo régimen político se sustenta en la base social de los trabajadores, que incluye trabajadoras y trabajadores industriales, campesinas y campesinos, estudiantes, técnicas y técnicos, profesionistas y pensionados; en una república democrática y en la convivencia común sustentada en ella.

Su condición general es el trabajo liberado de la opresión de la propiedad privada sobre los medios de producción, de su afiliación corporativa a los organismos sindicales y del sometimiento a las empresas del capital nacional, supranacional y extranjero.

La justicia jurídica debe garantizar el ejercicio de los derechos sociales, culturales, ambientales, económicos, civiles y políticos, en los que corresponden a la posición particular que cada individuo y colectividad tengan en la estructura y funciones sociales; la justicia distributiva debe garantizar el reparto justo y equitativo del valor económico y del saber producido por el trabajo nacional.

La nueva organización social, al reconocer como válidas la dimensión personal, civil, comunitaria y política depositadas en cada persona, tendrá una estructura productiva colectiva, un orden funcional institucional, la libertad asociativa para autogestionar sus intereses, la obra de servicio público y el ejercicio libre de la acción política.

       4. Del Estado.

El nuevo Estado, bajo la forma de Comunidad-Estado, será pluricultural, basado en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que deberá articular diversas expresiones jurídicas que reflejen la diversidad de naciones y culturas que existen en nuestro país y compensen las desigualdades y las exclusiones que sufren los pueblos originarios, las mujeres, la juventud, las y los ancianos y la población migrante.

El nuevo Estado estará formado por Asambleas, de las que se proponen las siguientes:

i) la Asamblea Nacional. La nueva constitución determinará su formación, composición y funcionamiento. La misma velará por el mantenimiento de la soberanía nacional y será asistida por Concejos Nacionales.

ii) La Asamblea del Pueblo. Tendrá por base los Consejos Populares. La nueva constitución determinará su formación, composición y funcionamiento. Velará por hacer respetar la soberanía popular.

iii) La  Asamblea de la Soberanía Social será asistida por El Concejo Nacional de los Derechos Humanos y El Concejo Nacional de la Ecología Política. La nueva constitución determinará su formación, composición y funcionamiento. Velará por la garantía, protección y educación para el ejercicio efectivo de los derechos.

iv) El Concejo Público Nacional. Será designado por las Asambleas Nacional, Popular y Social, pero tendrá responsabilidad ante la sociedad entera.

v) Por acuerdo de las tres asambleas, se integrará el Concejo Nacional de Ministerios, encargado de velar por el cumplimiento ejecutivo de las funciones nacionales.

vi) El Poder Judicial velará por la vigencia estricta de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por México; se organizará del modo en que cumpla sus funciones estrictamente y sus miembros serán designados por acuerdo de las tres Asambleas.

       5. De la democracia.

El Estado “Mexicano” habrá de ser refundado para convertirse en una Comunidad-Estado a través de la democracia comunitaria y ciudadana que, en sus diversas modalidades, prioriza la realización de asambleas, la deliberación, la construcción de consensos, la inclusión, el respeto de la dignidad de las personas,  los usos y costumbres, la revocación de mandato, la consulta, el plebiscito y el referéndum, entre muchas otras formas de participación. Toda Constitución debe ser resultado de un proceso constituyente y, si toda Constitución es una forma de Estado, ésta no podrá modificarse en sus partes centrales sin que medie un proceso constituyente similar.

La función pública debe servir para promover, respetar y garantizar el pleno desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas, el pleno ejercicio de los derechos, así como para la satisfacción de las necesidades de las personas. Ninguna acción o conducta de la función pública, ni de persona alguna, debe atentar contra la especie humana y su base natural: la Madre Tierra.

       6. De la cooperación internacional.

El nuevo Estado debe basarse en la cooperación internacional solidaria con los pueblos del mundo. Por ello debe garantizar el respeto a los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, que garanticen el principio de autodeterminación de los pueblos, den protección a exiliados y perseguidos políticos y salvaguarden la paz mundial.

En el mismo sentido, sentará las bases para la abrogación de todos los tratados económicos y político militares que cancelan o debilitan el ejercicio de la soberanía nacional y para impedir la firma de pactos que vulneren los principios y derechos contenidos en la misma.

La cooperación internacional en materia educativa y de investigación es fundamental, basada en los principios de soberanía nacional y dignidad de las personas.

       7. De los derechos.

Las y los mexicanos tendrán como condición  general el derecho a intervenir en la organización, funcionamiento y representación de la vida institucional de manera jurídicamente organizada; con libertad, con los medios y garantías para pensar, manifestarse públicamente, asociarse, expresar sus opiniones por medios orales y a través de los medios de comunicación colectiva, para intercomunicarse, para crear y difundir la cultura,  para educarse, recibir los servicios de salud, estudiar y trabajar,  proteger su vida y sus bienes personales, para resistir cualquier abuso de cualquier autoridad y para exigir el respeto irrestricto a sus derechos sociales, culturales, ambientales, económicos, civiles y políticos.

El nuevo Estado basado en la comunidad será verdaderamente laico; ajeno a todo credo religioso y respetuoso de la libertad religiosa, incluido el ateísmo. Será vigilante de que las prácticas religiosas no afecten los derechos de todas las personas especialmente de las mujeres, la niñez y la juventud.

El nuevo Estado habrá de enfrentar las problemáticas de discriminación e inequidades que viven las mujeres y los hombres, incluidos los patrones estereotipados y las prácticas culturales colonialistas basadas en la promoción de las situaciones de inferioridad y subordinación; su enfoque se basará en la erradicación y el repudio de la violencia de género para que las mujeres y los hombres tengan el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo, salud, vida sexual y reproducción.

       8.- Del trabajo.

El trabajo dejará de ser instrumento de opresión y explotación y para ello las condiciones laborales serán modificadas a favor de las y los trabajadores, para que puedan participar en la conducción de los procesos productivos y en la apropiación de la riqueza que producen.

La nueva Constitución restituirá las prerrogativas de la Comunidad-Estado y del Pueblo-Nación sobre los bienes que constituyen los territorios nacionales y las empresas que sean consideradas estratégicas para garantizar la seguridad social y nacional de todas y todos los mexicanos.

       9.- Del campo.

El campo agrario se constituirá de manera autónoma, reorganizando a las y los campesinos como clase que, junto con la del trabajo industrial, los servicios, las y los profesionistas, las y los técnicos y las y los estudiantes, forme la totalidad del trabajo como base de la nación mexicana. La reorganización agraria será la base principal de la ecología política.

Su principio general es la fundación de la soberanía nacional alimentaria.  Para ello se debe  reorganizar la propiedad agrícola en beneficio de México.

La Constitución dará soporte jurídico a un modelo que articule la propiedad social con emprendimientos comunitarios, que sirvan para garantizar la soberanía alimentaria nacional, así como para lograr el acceso equitativo para todas y todos de los bienes y servicios necesarios para la realización humana. Se garantizará el uso de tecnologías sustentables y adecuadas para el desarrollo agroecológico y se restituirán los territorios agrarios y de comunidades indígenas que han sido ocupados por empresas extractivas o de servicios de manera ilegal.

Sentará las bases para armonizar la producción de alimentos con la conservación y preservación de la biodiversidad y los suelos; así como para la recuperación de sistemas tradicionales de siembra. Se prohibirá el uso de transgénicos y otros productos contaminantes.

Integrará con autonomía la economía agrícola con la infraestructura para la producción nacional soberana de maquinaria, equipos, fertilizantes y demás insumos y así elevar la productividad del campo en beneficio nacional y de los campesinos.

Se erradicará el sistema de contención social y de miseria de los programas asistencialistas del gobierno, la limosna, la tutela y el engaño de que ha sido víctima el campesinado.

      

       10. De la educación

De modo particular se elaboraran nuevos lineamientos para la promoción y la defensa de la educación pública, gratuita y laica para la dignidad humana, que reivindique las culturas nacionales y el reconocimiento de los derechos de las comunidades escolares y culturales.

El desarrollo y el acceso a la ciencia y la tecnología serán actividades consideradas estratégicas con miras a lograr la descolonización plena de nuestro país. El Estado garantizará las condiciones para el desarrollo del arte y las culturas como formas fundamentales de expresión del espíritu de los pueblos y su historia.

       11. De la economía nacional democrática.

La economía deberá contribuir a sostener la soberanía nacional, popular y social, a liberar a las personas de ataduras laborales y consuntivas que impidan su libre intervención política, a afianzar la vida civil y comunitaria con la solución de las necesidades colectivas y a fomentar la autonomía de las personas para el pleno ejercicio de sus derechos, aptitudes y facultades.

Tendrá por centro un mercado social basado en el intercambio del valor real de los bienes, sin las fallas del llamado mercado “libre”, donde imperan el poder del monopolio, el acaparamiento, la codicia y el lucro. Dicho mercado será el barómetro de la eficiencia social y las posibilidades humanas que abre.

El trabajo perderá su carácter de mercancía. Será la cuota de participación en la vida común. Se ejercerá libremente, sin cortapisa sindical o empresarial; su remuneración se regulará por las necesidades sociales y los fines nacionales, sociales y humanos respetados plenamente.  

La economía nueva será base para la emergencia de necesidades humanizadas que hagan posible a México ingresar en otro estadio de la evolución histórica.

       12. La nueva conformación institucional.

El nuevo Estado estará Integrado con las instituciones y sus funciones con las que la sociedad se conserva y reproduce: educación, salud, seguridad, protección civil, organización territorial y urbanismo, seguridad personal y civil, arte y cultura, producción, mercado, consumo.

       13. De la liberación del trabajo, la producción y las necesidades sociales.

i) La liberación del trabajo y su conversión en base general de la vida social, que implica cambiar el principio de distribución monopólico por una distribución pública,  nacional y social: una parte del producto para la sociedad civil, otra para la vida pública y nacional, y otra más para las nuevas necesidades de la humanidad.

ii) La liberación nacional de la producción, que implica rescatarla del lucro, el interés antinacional, el capital imperial y el manejo burocrático estatal.

iii) La liberación de las necesidades sociales, que implica adquirir los bienes de uso para solventar las necesidades personales y familiares a salvo de todo condicionamiento o control.

Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas

5 de febrero de 2017