Jurisprudencia cannábica: la prohibición que agoniza
Vía la Suprema Corte, los ciudadanos hemos comenzado a vencer a una prohibición creada sobre los prejuicios de la ignorancia y sostenida por una burocracia que se ha beneficiado de ella.
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Por: Aldo Contró (@AldoContro)
El pasado 31 de octubre culminó, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso que abre el camino definitivo a la jurisprudencia a favor del cultivo privado de cannabis en México. De esta manera llegamos al inicio del fin de una prohibición con una importante profundidad cronológica y particularidades subrayables en relación a otras, mismas que buscaré destacar a lo largo de este texto. En este sentido, considero que vale la pena poner sobre la mesa las características históricas de esta política de 98 años y la forma en la que se dio el proceso de discusión pública que llevó a su actual resquebrajamiento.
El origen de la prohibición del cannabis en México parece tener más elementos endógenos que foráneos. Si bien su fiscalización internacional fue resultado de la campaña en su contra emprendida por diferentes naciones encabezadas por EEUU, el caso mexicano fue ajeno a dicho proceso; prueba de ello es que se trata de una de las prohibiciones cannábicas modernas pioneras en el mundo. El gobierno de Álvaro Obregón fue el responsable de implementarla en 1920, con argumentos eugenésicos que se reflejan en el título de la norma: “Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneran la raza”.
En el ámbito multilateral, el cannabis aparece mencionado por primera vez en un anexo de la Convención Internacional del Opio de 1912, en el que, por presiones del gobierno italiano apoyado por el de Estados Unidos, se enuncia una preocupación por el “cáñamo índico”. Más adelante, por iniciativa de la delegación egipcia –con el apoyo, de nuevo, de los norteamericanos– el cannabis quedó sometido a control internacional por primera vez en 1925, en el marco de la Convención de Ginebra. Fue a partir de entonces que los Estados firmantes comenzaron a establecer prohibiciones nacionales. México se había adelantado cinco años.
México también es pionero buscando políticas alternativas a las punitivas. A dos décadas de haber prohibido el cannabis, en 1940 se publicó el Reglamento Federal de Toxicomanías durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Basándose en las recomendaciones del psiquiatra Leopoldo Salazar Viniegra, quien defendía políticas de drogas con enfoque de salud, esta ley otorgaba a los médicos autorizados la facultad de recetar cannabis, opio y drogas heroicas a los toxicómanos, buscando así reducir la oferta de los mercados ilegales. La implementación del reglamento duró escasos meses debido a presiones norteamericanas encabezadas por Harry Anslinger.
Además de ser una de las pioneras entre las prohibiciones modernas sobre el cannabis en el mundo, la prohibición mexicana es purista en el sentido de que va más allá de las exigencias impuestas por los tratados internacionales; por ejemplo, en la persecución del cultivo. No sólo eso; cuando se ha reformado la ley buscando flexibilizarla, los disparos han salido a puerta propia: la reforma conocida como Ley Narcomenudeo del 2009, que pretendía distinguir entre usuarios y vendedores, terminó confundiéndolos en la cotidianidad de la práctica judicial, al dejar a México como el país con los umbrales de posesión más bajos del mundo.
Lastimar como se ha hecho a una prohibición con genética de vikingo fue posible gracias a diferentes eventos acontecidos uno tras otro en la última década. Si bien las expresiones activistas han estado presentes exigiendo reformar las leyes desde varios años antes, fueron los resultados en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón los que abrieron la puerta de la agenda pública al debate sobre regular los mercados. La proposición 19 en California que buscaba regular el cannabis para uso personal en el 2010 lo intensificó. Lo mismo con las regulaciones en Uruguay y los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos.
En años recientes, diferentes iniciativas en materia de cannabis se han presentado en el Congreso de la Unión y en los locales. Sin embargo, el primer avance fue posible gracias al Poder Judicial, debido al amparo a favor de la importación de un extracto de CBD, el principal cannabinoide antiepiléptico, para Graciela Elizalde de Monterrey quien a sus nueve años se convirtió en la primera paciente legal de cannabis medicinal en México en el 2015. Meses después, el 4 de noviembre, la primera sala de la Suprema Corte otorgó el histórico amparo al grupo de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), el primero de los cinco que hacen posible la jurisprudencia que viene.
Los dos amparos del 2015 pusieron manos a la obra al Ejecutivo y al Legislativo. De manera torpe engendraron una reforma que en papel pretende beneficiar a pacientes con acceso legal a cannabis medicinal, pero en la práctica excluye a la mayoría de esta posibilidad al sólo contemplar la importación de productos no costeables para muchas familias. Además anula la posibilidad del acceso a productos concentrados de THC, cannabinoide poseedor de amplias propiedades medicinales. Todo lo anterior sin mencionar la falta de voluntad política de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a cargo de Julio Sánchez y Tépoz de publicar en tiempo y forma el reglamento pertinente.
Durante las discusiones legislativas sobre la reforma de cannabis medicinal se siguieron acumulando las solicitudes de cultivo privado de los usuarios, y se dio el efecto dominó del litigio estratégico de SMART. Los cuatro amparos faltantes para la hoy lograda jurisprudencia se dieron en un transcurso de tres años. Se ha ganado una batalla, pero aún hay bastiones de la prohibición qué vencer. El mercado es uno, uno complicado, pues los compromisos internacionales limitan esta posibilidad. Por otro lado, deben contemplarse formas regulatorias que impidan que suceda algo similar a lo que ocurre con la industria del tabaco, que en México regula la venta de productos mucho más tóxicos que la planta en su forma natural e incluso que otros productos de tabaco o nicotina no regulados, como los cigarros electrónicos y marcas de tabaco suelto.
Lo que hoy es una realidad, es que estamos frente al inicio del fin de una prohibición de 98 años; que se ha logrado el reconocimiento de que el uso de cannabis forma parte del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad; que vía Suprema Corte, los ciudadanos hemos comenzado a vencer a una prohibición creada sobre los prejuicios de la ignorancia y sostenida por una burocracia que se ha beneficiado de ella; que se resolverá la incongruencia de la ley que permite el uso pero castiga todo acto relacionado a él; y, finalmente, que estamos frente a una victoria de la lucha por el reconocimiento de la libertad individual.
* Aldo Contró es Etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Desde el 2011 ha colaborado con organizaciones civiles e instituciones académicas especializadas en política de drogas, entre ellas el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, AC (CUPIHD). Actualmente forma parte del Movimiento Cannábico Mexicano, red nacional de organizaciones a favor de la reforma cannábica; es miembro fundador del colectivo Drogas, Política y Cultura, y organizador de la conferencia internacional Plantas Sagradas en las Américas.
