En un acto de enorme importancia para la lucha por los derechos humanos, por su elevado contenido de justicia y dignidad, uno de los altos tribunales del sistema universal, la Corte Penal Internacional (CPI), dictó orden de captura contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y contra un dirigente de Hamas. A los dos primeros, los considera responsables de usar el hambre como arma de su injusta y despiadada guerra contra Palestina. También señala que ha bombardeado indiscriminadamente casas habitación, escuelas, centros religiosos, hospitales y otros lugares de concentración de población civil. Y eso vulnera las normas internacionales que rigen los conflictos armados. Tiene entonces motivos suficientes para sostener que Netanyahu y Gallant han cometido crímenes de lesa humanidad. El discurso exculpatorio es, como siempre, victimista. Aseguran los acusados sionistas y sus protectores (Joe Biden principalmente), que el Estado sionista de Israel está defendiéndose de grupos “terroristas” que amenazan su existencia. Cuando es ampliamente sabido que desde la Nakba de 1948 que desplazó de su territorio a alrededor de 800 mil palestinos, hasta la fecha, se ha dado un proceso de despojo en el que siempre ha salido ganando el sionismo israelí. Y es la existencia del pueblo palestino la que está realmente en peligro. El costo en mártires y pérdidas materiales ya es incontable. Hasta los trabajadores de la ONU, que protegen derechos humanos en la zona de la guerra genocida, sufren las consecuencias de la embestida brutal dirigida por Netanyahu. Por eso, es justa y basada en la ley internacional la orden de arresto emitida por la CPI. La vigencia del derecho internacional está en juego ante el abierto desacato del gobierno de USA a las decisiones fundadas y motivadas de los tribunales competentes. Netanyahu y Gallan
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