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Las autodefensas llegaron ya a la gran metrópoli de México. Esta semana se hizo pública la existencia de un grupo armado que opera en Tlalnepantla de Baz, uno de los municipios conurbados más importantes del país. Era de esperarse: el gobierno federal se congratuló el año pasado del surgimiento de este tipo de grupos armados en Michoacán. A partir de entonces se han generadoautodefensas en diversos estados de la República. Los funcionarios reiteran en sus discursos que existe una nueva estrategia de seguridad, aunque millones de mexicanos seguimos preguntándonos en qué consiste esa “novedad”.
Cuando el gobierno fracasa en hacer valer el Estado de derecho aparecen grupos que quieren hacer justicia por propia mano. Parece una salida fácil, pero, en realidad se provoca un espiral de desconfianza social. Las comunidades desconfían del gobierno porque es incapaz de generar una estrategia coherente que fortalezca la institucionalidad y garantice la seguridad. No se cree más en los funcionarios que solapan a cuerpos de seguridad infiltrados por los criminales. Se sospecha del gobierno, porque no se le percibe con la suficiente autoridad moral, mucho menos cuando es el principal causante de la impunidad.
Estos factores que causan la inseguridad son el día a día en el Estado de México. A poco más de tres meses de haberse implementado una estrategia conjunta con el gobierno federal no se conocen los objetivos, los indicadores y los alcances de las acciones emprendidas. Simplemente sabemos que el Estado de México se ha convertido bajo el gobierno de Eruviel Ávila en uno de los territorios más inseguros del país con 302 personas asesinadas en lo que va del año.
El experimento de promover las autodefensas y tratarlas de convertir de un día a otro en policías rurales ha fracasado: las extorsiones, los secuestros y los asesinatos van en aumento. No se necesita ser muy listo para entender que la paz sólo es sostenible si se tiene como base el orden, la ley y la defensa de las instituciones democráticas. Optar por otro camino es simplemente una ruta que conduce al despeñadero. Hay preguntas fundamentales que debiera hacerse el presidente Peña: ¿Qué controles de confianza se implementaron para acreditar a las autodefensas como nuevos cuerpos de seguridad? ¿Quién está detrás de ellos, financiándoles armas y equipo? ¿Cuál es la formación que han recibido para desempeñar sus tareas dentro de un marco legal?
Cuando el gobierno federal es el primero en enviar un mensaje equívoco que desafía el Estado de derecho se genera una grave confusión en las instancias de seguridad. Los policías y soldados se preguntarán con toda razón: ¿Tiene sentido arriesgar la vida persiguiendo a los que están fuera de la ley y al día siguiente ver al gobierno pactando con ellos? ¿De qué lado está el orden y la justicia? ¿Cualquier medio se puede emplear para conseguir el fin?
En el intento de desprestigiar, más que de mejorar las acciones emprendidas por la anterior administración, los gobiernos priistas han carecido de claridad en lo que quieren y deben hacer para frenar la inseguridad. El problema se le salió de las manos en varios estados y llegó ya hasta Tlalnepantla; ¿hasta dónde va a llegar la aventura sin rumbo del gobierno actual? Es la hora de que los distintos niveles de gobierno definan claramente una estrategia que se enmarque en el Estado de derecho y dejen a un lado todo intento de tregua a los criminales; los gobiernos deben ser los primeros convencidos de que podemos ganar esta batalla. La estrategia de seguridad tiene que convertirse en una política de Estado, y dejar de ser una serie de ocurrencias y caprichos; debe tener como prioridad, no la lógica electoral, sino la defensa de los ciudadanos y del país frente al poder del crimen organizado.
*Politóloga. Senadora de la República.
Twitter: @Laura_Rojas_
http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2014/07/06/969290
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