De aeropuertos y consultas
En cada decisión política hay una o varias racionalidades que la explican. En muchas ocasiones saltan a luz y resulta sencillo entender las motivaciones de los protagonistas, coincidan o no con sus dichos públicos; pero en otras las razones están ocultas y se exige un análisis más profundo para tratar de develarlas. No siempre es fácil distinguir éstas porque en ocasiones los motivos explícitos resultan convincentes y se requiere una aproximación escéptica para entrever lo escondido. Distinto a cuandonos encontramos con decisiones que a primera vista parecen absurdas y se hace obligado hurgar para comprender el porqué se actúa de manera aparentemente irracional, tal y como sucede con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Andrés Manuel López Obrador propone convocar a una consulta popular vinculante para que los ciudadanos definan dónde debe construirse el aeropuerto, no obstante que el tema es estrictamente técnico y, peor aún, una de las dos opciones es inviable. Puede ser que lo que los estudios indican sea ratificado por el pueblo; pero puede ser lo contrario. En cualquier caso, es necesario preguntarse qué sentido tiene gastar en llevarla a cabo y prolongar la incertidumbre sobre una obra estratégica para el país en la que ya se le han invertido cuantiosos recursos. No se le encuentra lógica a simple vista, pero ésta debe estar en algún lado.
Durante la campaña, AMLO aseguró que se cancelaría la construcción del NAIM y que, en su lugar, se construirían dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, el cual aseguraba podría operar de manera simultánea con los que actualmente lo hacen en la Ciudad de México y que, por lo mismo, no cerrarían.
Las reacciones ante los dichos del entonces puntero en las encuestas llevaron a éste a modificar con frecuencia su posición, proponiendo un día una mesa técnica para analizar la viabilidad del proyecto, otro día para revisar los contratos ya otorgados, para luego proponer darla en concesión para no comprometer recursos públicos. En algún momento habló de llevar a cabo una consulta pública, pero después sostuvo que solo sería con ingenieros y especialistas, regresando de tanto en tanto a su propuesta original de cancelarlo en definitiva. Sorpresivamente, después de escuchar en su calidad de presidente electo dictámenes técnicos que parecían zanjar la cuestión, dejó la decisión final al criterio de los ciudadanos en una consulta a realizarse en el mes octubre.
Fue el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dio a conocer en conferencia de prensa, junto con el presidente electo, datos que debieran resolver la discusión.MITRE, una fundación dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT), confirmó lo que expertos en aeronáutica habían sostenido desde que se hizo pública la propuesta de reacondicionar el aeropuerto militar: Santa Lucía y CDMX no pueden operar simultáneamente. Además, informó que la cancelación del NAIM costaría $100 mil millones de pesos, más de lo que presupuestaron para gastar en la alternativa que hoy sabemos no es tal.
Pero como AMLO no se quiere rendir ante la evidencia, insiste en llamar a consultar a los ciudadanos sobre un tema técnico y especializado. Como necesita mantener la otra opción frente al NAIM, anunció que va a contratar a investigadores chilenos para que hagan otro estudio aeronáutico de compatibilidad entre los dos aeropuertos. Lo más tragicómico del asunto es que sus resultados los entregarán meses después de la consulta por lo que los ciudadanos no podrán tomarla en cuenta al momento de decidir. $200 millones de pesos tirados a la basura en tiempos de austeridad.
Se habla de que hubo corrupción en la asignación de contratos, lo cual es muy probable porque eso es un sello de identidad de la administración de Peña Nieto. Pero eso se resuelve con una revisión y fincando responsabilidades a los corruptos, no tirando al niño con el agua sucia. Ojalá Andrés Manuel reconsidere su oferta de “amnistía anticipada” a EPN y su grupo y que, en lugar de “borrón y cuenta nueva”, se investiguen, se esclarezcan delitos y haya justicia para éste y otros casos.
Toda obra tiene implicaciones sobre su entorno; la acción humana nunca es inocua para el medio ambiente. En su Fausto, Goethe expresa magistralmente ese terrible drama de la civilización. Pero las afectaciones deben ser manejables. Para comenzar los trabajos del NAIM tuvieron que presentarse los estudios de impacto ambiental y demostrar su viabilidad y sustentabilidad. Si tales documentos fueran en realidad un fraude, se debería proceder penalmente contra sus autores. En cambio, si no hubiera elementos para ello, entonces que se reconozca su valor y vigencia.
La verdad es que Andrés Manuel tuvo los elementos en la mesa para rectificar y aceptar la conclusión del NAIM. Pero prefirió no hacerlo, a pesar de los costos. Mantiene la incertidumbre sobre una obra importante y estratégica, al tiempo que rehuye asumir la responsabilidad y se muestra obcecado e indolente ante los hechos. También es grave que empobrezca las consultas ciudadanas, siendo que la democracia directa y participativa es parte central de su narrativa. No saben todavía cómo y qué van a preguntar a los ciudadanos. El INE no va a participar y la consulta no será de las que reconoce la Constitución como legales y vinculantes. Es decir, van a estrenar la figura con un ejercicio patito.
Si de por sí es polémico preguntar a la población sobre temas técnicos, propios de especialistas, en estos tiempos de posverdad será particularmente difícil prevenir con éxito a los electores de la desinformación y las fake news. Y por supuesto surge la duda de porqué se consulta el NAIM y no el Tren Maya, el Tren Transísmico, la Refinería, etc. El capricho exhibido como criterio.
De los que dieron la conferencia de prensa para anunciar la consulta solo uno no ha sido nombrado como parte del próximo gobierno. Se trata de José María Rioboó, quien no llamó la atención solo por eso. El ingeniero que le ayudó con los segundos pisos a AMLO concursó en las licitaciones del NAIM y perdió. Desde entonces se opuso a su construcción y se casó con el proyecto de Santa Lucía. Su presencia vuelve a confirmar lo poco que le entiende el presidente electo a los conflictos de interés, pero quizá sirva para dar alguna pista del porqué la decisión del aeropuerto sigue en el aire y López Obrador rehuye asumir la responsabilidad de decidir, aunque nadie le vaya a creer que no va a orientar la definición final de “El Pueblo”.
¿O será que prefiere asumir todos los costos antes de aceptar públicamente que no es infalible, que se equivocó en campaña y que debe rectificar? El culto a la personalidad como política de Estado de máxima prioridad. Puede o no ser, pero en algún lado debe estar el quantum de razón que arroje luz sobre la consulta absurda de un tema que la ingeniería ya resolvió.
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