Por Augusto Rodríguez Tapia y Juan Martín Enríquez
En la próxima administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se creará la figura de los coordinadores estatales, quienes se encargarán de supervisar el uso de los recursos destinados a los programas sociales del próximo gobierno. Sin embargo, está es un arma de doble filo, ya que pueden ser utilizados como un mecanismo de control por parte del futuro gobierno federal.
Estas formas de control político no son nuevas, ya que desde antes de la década de los setenta, el Presidente de la República, configuró ciertas estrategias para “alinear” a los gobiernos estatales con las políticas del gobierno central.
De acuerdo con el libro ¡Cayeron! escrito por el autor Carlos Guzmán Moncada, 67 gobernadores fueron destituidos entre 1929 y 1979, 21 fueron destituidos en el sexenio de Plutarco Elías Calles, y 17 durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari.
En los años sesenta, el régimen priista utilizó al Senado de la República como la principal forma de control a los estados, pues el presidente solía amagar con desaparecer al gobernador e incluso a los poderes legislativos estatales. Sin embargo, desde el año 2000, se ha impedido el uso de este mecanismo, ya que es necesaria una mayoría absoluta para poder utilizarlo.
En la década de los setenta, el presidente Luis Echeverría utilizó a la Secretaría de Haciendapara “cerrar la llave del dinero” a los gobernadores rebeldes, lo que ocasionó que seis mandatarios se separaran de su cargo.
Fue hasta el sexenio de Miguel de la Madrid en el que se inició la descentralización de los servicios educativos y de salud hacia los gobiernos estatales, Sin embargo, eso no impidió que los gobernadores Óscar Ornelas y Mario Ramón Beteta fueran destituidos por no estar alineados con la forma de gobierno del gobierno central.
Estas políticas quedaron sepultadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues 17 gobernadores fueron separados de su cargo por cuestiones políticas.
En los años 90, Ernesto Zedillo aprobó una reforma fiscal que dotó de mayor autonomía fiscal a los gobiernos estatales, además de que permitió que los nombramientos de los delegados estatales fueran consensuados con los gobernadores, y cedió el control de los procesos de selección de candidatos a la gubernatura.
Con la caída del priismo en el año 2000, las cosas cambiaron en favor de los mandatarios estatales; la creación de la Comisión Nacional de Gobernadores en 2003, les permitió ganar mayor protagonismo y contrapeso al poder político. Fue así como lograron “sentar a negociar” a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, destruyendo así el centralismo que durante muchos años marcó el antiguo régimen priista.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, académicos y organizaciones civiles denunciaron que el gobierno federal utilizó la bolsa de recursos públicos conocida como Ramo 23 –”fondo de moches”–, como una forma de castigar y premiar a gobernadores que no se alineaban a las políticas de su gobierno.
El uso de los “Súper Delegados”, es un forma diferente de hacer o ejercer presión sobre los gobernadores; algo con lo que no están de acuerdo 13 mandatarios —12 emanados del PAN, más el mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano)—, quienes aseguran que esta nueva figura “viola la soberanía de los estados”.
Estos 13 gobernadores, se ven vulnerables con la llegada de los delegados, sobre todo, en temas de seguridad, porque, tanto ellos como sus fiscales, quedan en “segundo plano” y “creen” que no se les consultará directamente en los planes de seguridad que el gobierno federal implementará en sus estados.  
Fue un largo camino para lograr que los gobiernos estatales gozaran de cierta autonomía e independencia por parte del gobierno central. La imposición de estos nuevos coordinadores y la amenaza de algunos senadores de Morena de desaparecer a los congresos que no “cooperen” podría dinamitar un esfuerzo que tomó décadas construir.