Uno de los aspectos más controversiales del Tren Maya —proyecto que sometió a consulta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador— es el impacto ambiental que la megaobra podría tener en las zonas por las que pase.
La polémica llegó a tal grado que el pasado 14 de noviembre, el equipo del presidente electo reconoció en un comunicado que el Tren Maya si dañará la selva, aunque “muy poco”.
Sin embargo, en días pasados miembros de la comunidad académica e instituciones ambientales, instaron al Presidente electo mediante un manifiesto firmado por cada uno de ellos, a no realizar la consulta ciudadana hasta que se cuente con los estudios necesarios.
En este sentido,Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace, mencionó en entrevista para Contrapeso Ciudadano que el Tren Maya debe tener todo el sustento legal posible, incluyendo los estudios ecológicos establecidos por las leyes ambientales vigentes.
“Nosotros firmamos el documento de organizaciones porque creemos que se tienen que hacer los estudios pertinentes antes de la construcción… Por ahora, ante la falta de información no podemos decir qué tipos de daños ecológicos podría haber”,dijo.
Por el contrario, el equipo de transición mencionó que hasta que haya suficiente avance, es decir, en un año aproximadamente, se solicitarán las manifestaciones de Impacto Ambiental, pues por ahora se aprovecharán las vías de tren ya construidas.
Respecto a lo anterior, Ampugnani opinó que no solo tiene que considerar la afectación ecológica del tramo en construcción, sino que también se deben hacer estudios territoriales sobre cómo afectará a las comunidades aledañas al Tren Maya.
“Se tiene que medir el impacto que tendrán territorialmente para evitar que se repita lo que ocurrió con el NAIM en donde solo se hicieron los estudios ecológicos en el terreno donde sería construido pero se olvidaron de lo que ocurriría en los alrededores… hay que  hacer estudios sobre lo que ocurrirá con las localidades aledañas al Tren Maya porque una mayor afluencia de visitantes requiere mayor infraestructura… los turistas requieren vialidades, agua potable, hoteles, y basureros por toda la basura extra que se va a generar”.
Aunque el Presidente electo pareciera preocupado por el tema ecológico en los mil 500 kilómetros de vías por los que correrá el Tren Maya, se ha olvidado de verificar si la infraestructura existente es suficiente para un proyecto turístico de esa magnitud.
Pese a lo anterior y a lo dicho por López Obrador respecto a que no habrá daños ecológicos, la opinión del director ejecutivo de Greenpeace contraria lo dicho por el político tabasqueño.
“No se puede decir de ninguna manera que un proyecto de infraestructura no generará impacto ambiental. Todo tipo de construcción genera algún impacto ambiental, ya sea en mayor o menor medida”, explicó.
Aún así, la decisión respecto al cómo llevar las cosas ya estaba tomada, aún antes de conocer los resultados de la Consulta Ciudadana; la construcción comenzará el 16 de diciembre, los estudios ambientales se realizarán hasta que haya suficiente avance y hasta ese momento, se consultará a las comunidades originarias.
Cabe mencionar que la consulta con pueblos originarios, a diferencia de la consulta ciudadana, está establecida en las leyes mexicanas  en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, el presidente electo ha decidido primero consultar a la población en general que a aquellos que se verán directamente afectados o beneficiados por el proyecto.