El Salvador. Solidaridad con las familias de los 43 y denuncia de una justicia postergada
(de nuestra corresponsalía), Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2023.
A 9 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, México, la solidaridad salvadoreña manda un abrazo fraterno y toda su admiración a los valientes y tenaces familiares de las víctimas de este crimen del Estado.
En septiembre del 2014, estudiantes se reunieron en la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” para organizar la movilización hacia la Ciudad de México a fin de participar en las marchas conmemorativas del 2 de octubre de 2014 En esa ocasión conmemorarían la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. Vale mencionar que aquel sangriente 2 de octubre, el movimiento estudiantil mexicana fue brutalmente reprimida cuando protestaban en la víspera de las olimpiadas mundiales que se desarrollarían en esa ciudad capital. El saldo fue de más de 300 muertos en una protesta que exigía la libertad de presos políticos y el desmonte del cuerpo de seguridad.
La noche del 26 de septiembre, la policía municipal atacó a vehículos requisados por los estudiantes para emprender el largo viaje hacia la capital. 2 alumnos murieron esa noche y un tercero apareció sin vida y con signos de tortura al día siguiente. Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados después, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes.
Frente a la presentación de una versión oficial tergiversada por el entonces presidente Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica”, y construido en base a confesiones sacadas bajo tortura y otros mecanismos perversos, los familiares de los estudiantes emprendieron una lucha por la verdad, justicia y reparación que aún no termina.
Producto de lo mismo, en diciembre del 2018, se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. A lo largo de más de 4 años, la GIEI avanzó en producir evidencia y judicializar algunos responsables del proceso de “verdad histórica” y de complicidad en el delito. Lograron mapear el papel de distintos actores estatales, desde el nivel municipal, hasta el ejército, la fiscalía y políticos de alto rango que participaron en este crimen de lesa humanidad y su encubrimiento. Esto fue posible porque el GIEI, a pesar de presiones para no publicar sus hallazgos, lo han hecho reiterativamente, en cumplimiento con los familiares.
Sin embargo, a finales de julio de este año, el GIEI, anunció su retiro del caso, ya que, a pesar de las ordenes presidenciales para que los militares entreguen toda la información requerida, esto no ha sucedido. Concluyen además, que “no hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida.” Aunque solo han aparecido los restos de tres estudiantes, este dictamen del GIEI es contundente. A pesar de todo esto, declaran tajantemente que “El caso no se cierra … El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”.
La solidaridad salvadoreña se une a esta exigencia, y estará acompañando desde nuestro país los siguientes pasos de los familiares para convertir este caso en una victoria sobre la impunidad, una esperanza para miles de familias mexicanas que buscan sus familiares desaparecidos.
¡POR LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN…JUICIO Y CASTIGO!!!
¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!
San Salvador, 26 de septiembre del 2023
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