Cayó Elba Esther, pero…
¿Y LOS
DEMÁS CUÁNDO,
SEÑOR
PRESIDENTE?
Para la
sociedad entera es evidente que el encarcelamiento de la lideresa corrupta del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, por realizar operaciones con recursos
de dudosa procedencia, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito que
asciende a casi 3 mil millones de pesos, más que un acto de justicia es una
revancha de carácter político derivada de la enemistad que este personaje ha
tenido con el secretario de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, y por su rechazo a la reforma
educativa recién aprobada por el gobierno federal que, entre otras cosas, es el
inicio de una futura privatización de los servicios educativos públicos en
nuestro país.
Así las
cosas, los ciudadanos estamos siendo testigos de una pugna de intereses
creados. Por un lado, a la maestra Gordillo,
que pretendía defender sus ingresos financieros personales ante el eventual
despido de miles de profesores al aplicarse dicha reforma educativa y, por el
otro lado, al grupo en el poder, que atendiendo los parámetros del capitalismo
salvaje de la oligarquía nacional e internacional pretende obtener también ganancias
pingües con los potentados que dominarían la educación privada en México.
En esta
lucha entre bandos mafiosos, el único perdedor es el pueblo, que desde hace por
lo menos seis sexenios ha venido siendo despojado de buena parte de su
patrimonio nacional, como la Banca, Ferrocarriles, Altos Hornos de México y la industria
azucarera, por mencionar tan solo una mínima parte de la infinidad de
paraestatales que los gobiernos depredadores de derecha han vendido al mejor
postor obteniendo riquezas personales ilegales. Ahora, a todos estos daños, se suma
la amenaza inminente de la clase política mexicana (incluidos los partidos de
"izquierda") de privatizar la educación
y PEMEX, aumentar los impuestos a medicinas y alimentos, y seguir aumentando mensualmente
el precio de la gasolina, así como mantener las criminales tarifas de energía
eléctrica.
Agraviados
pero no sorprendidos, los ciudadanos comprobamos con la aprehensión de Elba Esther Gordillo que esta estuvo
descaradamente protegida durante doce años por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que forzosamente tuvieron que estar informados de
los enormes saqueos millonarios que realizaba en las arcas del SNTE, de la
misma manera en que los demás prominentes líderes sindicales del país han sido
protegidos tanto por los gobiernos federales panistas como por los gobiernos
priístas, incluyendo al actual.
En este
contexto, exigimos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que de inmediato ordene a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue
la instancia que investigó de manera tan profesional los delitos en los que
incurrió Elba Esther Gordillo, que
investigue de la misma forma a los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana; Víctor Flores
Morales, del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana, y Joel Ayala Almeida,
líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado,
toda vez que estos personajes gozan de fama pública por sus actos de corrupción
y ostentosidad, y es sumamente notorio el enriquecimiento desproporcionado que
han logrado en por lo menos los últimos tres sexenios.
Ante la
evidente comisión de delitos, es obligación del Estado mexicano realizar las
investigaciones correspondientes en contra de estos personajes. De no hacerlo,
los funcionarios arriba citados estarán siendo cómplices de los atracos que
estos líderes sindicales han cometido en perjuicio de los agremiados de sus
sindicatos y del pueblo de México, ya que las cuotas sindicales provienen del
erario. De no hacerlo, el mensaje claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto nos estará dando es que en nuestro país la
justicia es selectiva y que no está al servicio de los ciudadanos sino del
grupo que ostenta el poder para satisfacer vendettas personales y ajustes de
cuentas de carácter político.
Organización raza
Para la Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanos
Domicilio: San Fernando 108 Fracc. Aranjuez C.P. 34235 Durango,
Dgo.
Informes al teléfono: 618 146 71 33
Responsable: Fernando Miranda Servín
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